El gobierno justifica la reforma tributaria como una necesidad para resolver el problema fiscal que hoy afronta las finanzas públicas nacionales y como siempre, recurre a los impuestos indirectos y regresivos, como es el IVA, todo para mantener la exoneración de tributos a los más ricos y a las multinacionales. El motivo, como ya se sabe, es el vencimiento de títulos de deuda pública que fueron colocados hace muchos años y el temor de que las calificadoras de riesgo le bajen la calificación al país.
Pero una reforma tributaria, ni en este ni en ningún momento, trae la solución definitiva al problema fiscal. Solo lo dilata, de modo que dentro de algunos pocos años nuevamente tendrá que hacer otra reforma con el mismo enfoque, lo que significa que tarde o temprano la capacidad de tributación de la sociedad se sature, porque todo tiene su límite, y explotará una crisis de consecuencias impredecibles. La razón es porque la causa del problema es de fondo cuyas raíces están en la estructura de financiamiento del Estado.
Se podría decir entonces que se cambie dicha estructura; pero los cambios son extremadamente difíciles, casi imposibles, en el momento histórico que vive Colombia, lo que significa que estamos condenados a las reformas cada cierto tiempo y a cargar con el peso de las finanzas públicas por parte de las clases del medio hacia abajo. Para comenzar, la modificación de la estructura de financiamiento del Estado implica una reforma constitucional, que las fuerzas de poder internacional no lo van a permitir por temor a que se eche para atrás lo que lograron en 1991 para facilitar el cumplimiento del Consenso de Washington. Luego modificar todas las leyes expedidas desde 1990 comenzando por la Ley 51 de ese año, para crear el piso jurídico a los nuevos procesos fiscales que permita la solución definitiva al problema de las finanzas públicas. Y hasta ahí no hemos considerado que el movimiento tiene que ser global con procesos que simultáneamente realicen muchos países.
Lo primero que se requiere es regresar el Banco de la República al seno del gobierno y fijarle como competencia la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía, lo cual implica arrebatar el organismo al Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Berna (Suiza), al cual los bancos centrales de más de sesenta países le rinden pleitesía mediante acuerdos sustentados con normas del derecho internacional. Lo siguiente sería cambiar las políticas macroeconómicas e implantar el enfoque que existía antes de 1980, donde la política fiscal se basaba en impuestos directos y progresivos, la política monetaria era expansiva y el tipo de cambio fijo regulado por la autoridad económica. Volver a proteger la economía para que los aranceles se conviertan en fuente de ingreso fiscal y se fortalezca la base tributaria nacional y por supuesto, aplicar una política de emisión debidamente calculada y cuidadosa de modo que contribuya al alivio del déficit fiscal y al fortalecimiento de la base tributaria.
Todo porque una estructura fiscal cuya columna vertebral es la deuda pública es insostenible, porque la deuda sube por el ascensor mientras que el recaudo tributario sube por la escalera, de modo que llegará el día en que el volumen de la deuda pública sea tan grande que será imposible pagarla y no habrá reforma que aguante, por lo cual es bastante limitado hoy el alcance la reforma tributaria.
