Por recomendación de José Antonio Ocampo, su primer ministro de Hacienda, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de sostener en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) a una funcionaria que venía del gobierno de Iván Duque como la experimentada economista Ana María Cadena, quien ya estaba al frente de la entidad en calidad de encargada.
Sin embargo, el remezón ministerial de abril de 2023 y la llegada de Ricardo Bonilla le dieron un vuelco total no solo a la cartera, sino también a entidades encargadas de temas económicos. Tal como sucedió con el exsuperintendente Financiero Jorge Castaño, otro que sobrevivía de la anterior administración, Cadena terminó saliendo del cargo y fue reemplazada por Luciano Grisales. Seis meses después terminó convirtiéndose en la secretaria de Hacienda de Carlos Fernando Galán en Bogotá.
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Oriundo de Quimbaya, Quindío, Grisales llegó a la entidad después de haberse desempeñado durante ocho años como representante a la Cámara por el Partido Liberal, donde coincidió con el antioqueño Julián Bedoya, sancionado por la Procuraduría.
de quien es cercano y quien fue uno de los que se le rebeló a César Gaviria para apoyar la candidatura de Petro a la Presidencia. Hizo llave con el cuestionado senador conservador Carlos Andrés Trujillo y apoyaron la candidatura a la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero y a Gustavo Petro en las presidenciales.
Del quindiano se llegó a hablar como posible presidente del Fondo Nacional del Ahorro, pero su destino terminó siendo otro y a esa entidad llegó fue Laura Roa Zeidán. En la UGPP tiene la responsabilidad de asegurarse que las empresas le paguen las prestaciones sociales a sus empleados y cuenta con una muy buena motivación para ello, puesto que según el Decreto 0301 de 2024 su asignación básica mensual es de $34.482.803, una de las más altas de todo el Estado.
Su paso por la UGPP no ha estado exento de polémicas
Grisales ha recibido dos criticas fundamentales en el poco menos de un año que lleva en la entidad y las dos vinieron por cuenta de revelaciones hechas por el periódico El Tiempo. La primera de ellas se dio en mayo de 2024 cuando nombró como directivos a tres funcionarios que fueron claves en la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín; el exgerente y la exsubgerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), Edwin Muñoz y Marelbi Verbel y el exsecretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, que se interpretó como nombramientos por compensación política.
Ahora, está siendo cuestionado por un convenio que involucra a una institución que no ha tenido un día de tranquilidad durante los últimos meses, la Universidad Nacional. Se trata de un contrato firmado con Rotorr - Motor de Innovación, una de las empresas paralelas de la universidad creadas durante la rectoría de Dolly Montoya, por un monto de $25.200 millones, de los cuales $18.000 serán cubiertos con vigencias futuras. El objeto del contrato es apoyo a capacitaciones y otros procesos de la UGPP. Lo cierto es que a esta entidad clave que depende del Ministerio de hacienda y se había mantenido con un perfil técnico, llegó con fuerza la politiquería.
