Una de las propuestas más estructurales de la reforma rural integral se enmarca en la creación de una jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza. Su creación resulta compleja e implica altísimos niveles de voluntad política, pues requiere expedir un acto legislativo que cree una Corte que estará al nivel de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, así como de una serie de leyes estatuarias y ordinarias que reglamenten su funcionamiento y capacidad operativa.
Ahora bien, de la mano de la bancada del partido Comunes, los ministros del Interior y de Justicia, Alfonso Prada y Néstor Osuna respectivamente, al lado de la ministra de Agricultura, Cecilia López, radicaron en la comisión primera de la Cámara de Representante el proyecto de acto legislativo que crea la Corte Agraria y Rural como el máximo tribunal de la jurisdicción agraria. Un paso trascendental para avanzar en un proceso de adecuación institucional que le ofrezca garantías de atención oportuna a las comunidades rurales más afectada por la violencia y el conflicto armado.
Pero a la jurisdicción agraria se le viene un camino sinuoso y su mayor reto consistirá en superar el factor tiempo en un Congreso copado de reformas y con cientos de proyectos de ley haciendo fila.
De ahí que la creación de la jurisdicción deba ser prioritaria en la agenda legislativa del gobierno y de las mesas directivas tanto de la Cámara como del Senado, esto porque la reforma solo tiene un año para superar los ocho debates reglamentarios, y otro año para la expedición del proyecto de ley estatutaria que deberá reglamentar su funcionamiento; proyecto que a su vez tendrá que contar con el visto bueno de la Corte Constitucional para entrar en vigencia y que así la Corte Agraria y Rural se convierta en una realidad en los territorios.
Cálculo que todo el proceso podría tomar entre 3 a 4 años.
Además, su discusión deberá sortear con la férrea oposición del uribismo y la extrema derecha. Ya hay un antecedente. En junio de 2021, María Fernanda Cabal y Arturo Char (a la usanza presidente del Senado) hundieron un proyecto de ley estatutaria que creaba una especialidad agraria en la Rama Judicial. Al proyecto le faltaba solo un debate para convertirse en realidad (y su aprobación fue un compromiso de Duque ante la comunidad internacional); sin embargo, la presión de algunos gremios y el accionar de sus voceros en el Congreso (Cabal la tildaba de “JEP rural”) lo quemaron en la puerta del horno.
Y eso que solo era una especialidad que creaba jueces especiales y despachos itinerantes, ambiciosa más no trasformadora; ahora, se viene es una discusión para crear una jurisdicción autónoma y que estará al nivel de las altas cortes.
De entrada, resulta muy positivo que los ministros hayan asistido a la radicación del proyecto, claramente evidencia el compromiso del gobierno con la reforma rural y con los instrumentos creados por el acuerdo de paz. Aunque ya se viene lo más complejo: apoyar e impulsar los debates, no abandonarlo a media marcha o dejarlo a merced de la voracidad de la extrema derecha. Su creación requiere de una gigantesca voluntad política y no podrá descansar solamente sobre los agrietados hombros del partido Comunes.
