La Feria Aeronáutica Internacional celebrada en 2015, en el aeropuerto de Rionegro, poco y nada le interesó a las comunidades aledañas al José María Córdova, porque actualmente la mayoría de sus pobladores no trabajan en este lugar y son ese tipo de eventos que le competen directamente al Estado, donde las poblaciones no tienen participación. Desde esa época, simbólicamente anunciaba la imposición del “progreso”, al que se vienen oponiendo desde mayo de ese año, para hacerle frente a la resolución 00964 de 2015 que obligaba a cerca de 10 mil personas a salir de su entorno, con la declaratoria de utilidad pública de 784 hectáreas.
Vea acá la resolución 964 2015
A partir de allí surgieron organizaciones sociales como la Veeduría Vida JMC (José María Córdova) en 2016, con el objetivo de hacer control y seguimiento a la implementación de esta obra. Lograron reducir a 406 hectáreas la intervención con la resolución 02515 de 2016, sin embargo, la Aerocivil estableció controles a sus habitantes, como no poder construir o hacer reformas a sus casas congelando sus bienes, ni recibir subsidios de mejoramiento de vivienda.
Lo que califica esta Veeduría como una violación a la constitución en sus artículos 51, 65 y 79 porque no permite tener una vivienda digna, proteger la producción de alimentos y gozar de un ambiente sano a mil familias. Adicionalmente, con la afectación a su patrimonio con el avalúo de 19 mil pesos por metro cuadrado, de acuerdo con el Plan Maestro SKRG; mientras que en Zona Franca el metro cuadrado tiene un valor de 1 millón 800 mil pesos y en Llanogrande son de: 5, 10, 15 o hasta 20 millones de pesos.
Gonzalo García, integrante de la veeduría ciudadana, afirma que: “Los medios de comunicación como Canal Uno no quisieron publicar la información que se les compartió; así como la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia no quiso participar por un conflicto de intereses, ya que Avianca estaba patrocinando un proyecto de ingeniería espacial que los limitó para realizar un estudio de impacto ambiental”.
Elías Soto Galeano, habitante de la vereda Abreito, ha sido desplazado junto a toda su familia como consecuencia del conflicto armado interno, de lugares como Puerto Berrío o incluso del departamento de Chocó; reubicándose con cerca de 100 familiares en esta zona donde el Estado lo desplazaría por quinta vez.
“Llevamos cuatro veces desplazados por la violencia, compré este lote acá, con hijos, hijas y nietos. Salió este proyecto donde hablan de una segunda pista en el aeropuerto, que yo tomaría como un desplazamiento en veredas habitadas por población desplazada. La ley 1448 dice que la población víctima no debe ser desplazada nuevamente, y mucho menos por el mismo Estado. ¿Por qué no hacen la segunda pista en el lado de Llanogrande donde está la gente pudiente? ¿Por qué atacan a la gente de acá que es más pobre?”, se pregunta Don Elías, quien extrañaría el oriente antioqueño porque lo considera como el mejor vividero.
La construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova está llena de contrastes, debido a que en la operación del aeropuerto involucra a los grupos económicos, como: primero era de Los Char, el Grupo Empresarial Antioqueño con la construcción de urbanismo en la ciudad de Medellín; y tenía como eje al consuegro de Santos, Mario Pinzón Bohórquez (Por eso Luis Pérez en rueda de prensa con Germán Vargas Lleras apoyaron la obra desde la institucionalidad en sus periodos de gobierno, como Vicepresidente y gobernador de Antioquia respectivamente).
Posteriormente, los mexicanos de Airplan adquirieron el negocio y los diferentes dirigentes de las administraciones municipales y los últimos dos gobernadores de Antioquia lo facilitaron; por otro lado, miles de campesinos deberán dejar una zona contigua al aeropuerto en las veredas de Abreo, Abreito y Chachafruto en las que sobresalen 1600 cuencas, microcuencas y fuentes de agua, que abastecen aproximadamente el 40% del acueducto en Rionegro.
“Ellos necesitan esto porque ya es un asunto más comercial, por eso quieren sacar a los campesinos de aquí. Si estuviera aquí la familia de Gómez Martínez, que está en la vereda Sajonia, doña Lina Moreno (esposa de Álvaro Uribe) en Llanogrande, los hijos del difunto Elkin Echavarría, los hijos de Raúl Mejía, los Echavarría, la finca de Humberto Restrepo (los dueños de Flamingo), Víctor Hoyos, abogado de la Corte Suprema de Justicia, eso no se puede tocar. Se enamoraron de este lado porque aquí estamos los campesinos pobres, que necesitamos sobrevivir con nuestros propios cultivos, que solo nos miran para perjudicarnos. A Álvaro Uribe que vaya que tiene mucha tierra por allá, que no moleste por acá porque ya tiene plata, quieren que esto le quede pulpito a sus hijos porque ellos tienen capital; como nosotros no tenemos, necesitamos este pedazo de tierra para vivir”, asegura Luis Carlos Castrillón Grajales, quien creció toda su vida en la vereda Abreito y levantó a toda su familia en una zona natural del municipio.
La magnitud de esta obra que es presentada por la institucionalidad como el progreso de la región. Sin embargo, beneficiará de manera directa a la clase dirigente que tiene sus grandes fincas en Llanogrande, lugar donde hay tres centros comerciales y tienen sus predios la familia de Lina Moreno (esposa de Álvaro Uribe), los Gómez Martínez, la familia del senador Esteban Quintero, Augusto López Valencia o hasta Luis Pérez. Contradictoriamente en la resolución 02515 de 2016 de la Aerocivil (entidad manejada por el exsenador Juan Diego Gómez, candidato a la gobernación) afecta directamente a la población ancestral con cerca de diez mil personas.
Marta Sofía Espinosa tiene 69 años, creció en su predio con 1.400 metros cultivando la fauna y la flora junto a su familia y sus mascotas. No puede contener las lágrimas al saber que tendrá que dejar el fruto de su tierra por lo que la institucionalidad les propone como “progreso”.
“Esta tierra vale mucho porque es una tierra donde estamos asentados desde hace muchísimos años. Si estas tierras las necesitan y estamos cerca al aeropuerto, esperamos que no nos afecte económicamente para construir una segunda pista que no están necesaria. Más bien lo que hay aquí son unos intereses económicos y políticos, pero no es un servicio para nosotros, supuestamente nos va a traer beneficio y empleo; aunque la comunidad no trabaja en el aeropuerto porque es mentira lo que dice el alcalde, la mayoría son de Bogotá o extranjeros”, asegura esta campesina.
De a poco la clase dirigente del oriente antioqueño le cambiaron la vocación agrícola al territorio. Anteriormente, la zapatería era la forma de subsistir y de entender el entorno de sus habitantes, luego la convirtieron en industrial con Coltejer y Fabricato, porque ofrecían más garantías sociales por lo que la población mutó a este negocio; en la actualidad aparecen las floristerías como el grupo América Flor , donde los trabajadores ven claramente afectada su salud por la cantidad de químicos que deben utilizar.
La identidad agrícola de Rionegro la borraron reemplazándola por el gran capital. Los carros gama alta, ferraris y camionetas que ahora circulan por las veredas Carmín, Abreito y Chachafruto contrastan con las casas construidas por sus antepasados y sus fincas con cultivos naturales de hortalizas, verduras y alimentos; estas personas que se mudaron recientemente pudieron legalizar sus tierras, pero los campesinos originarios no tienen escritura porque han heredado de tradición la estadía en este lugar, lo que implica que en la gestión predial cuando el Estado vaya a negociar se escudará en la ley urbanística 388 de 1997 para que el interés particular ceda al “general”, pagando lo que ellos decidan unilateralmente, aduciendo la necesidad de ampliar el aeropuerto en el lugar que prefieran.
“Es muy duro uno ver, como hija, que los van a desplazar donde los criaron desde la infancia, con sus abuelos y sus tatarabuelos. No saber en dónde los van a reubicar, yo también nací y crecí aquí, es muy triste porque ellos se van a enfermar cuando los desplacen, ¿en dónde van a poder tener sus perros, las gallinas, sus marranos y su jardín? En un apartamento se van a sentir presionados y no van a poder estar al aire libre”, asegura María Elena García, preocupada por la suerte de su madre.
Casualmente, recientemente los pobladores de las veredas aseguran que han padecido robos y focos de inseguridad, cuando anteriormente estos hechos no sucedían. Hace un mes ocurrió el homicidio de un joven por parte del grupo Los Mesa, de Bello, manifestando que llegaban para quedarse en este territorio donde es un corredor para este grupo armado. Paradójicamente, contradictoriamente o ¿convenientemente?, los vuelos de Aeroméxico son en los que más irregularidades que hay y se hacen difícil de controlar para el personal de seguridad que, como lo cuenta bajo reserva de la fuente un jefe de seguridad del aeropuerto, han encontrado innumerables cargamentos con droga en horas de la noche.
“Todo lo que ellos llaman como progreso trae delincuencia, trae gente que está buscando quien produce un peso para quitárselo. Rionegro está progresando, pero detrás de eso viene la delincuencia, usted antes podía dormir con las puertas abiertas y no pasaba nada. Personalmente no necesito que se haga eso porque no pueden indisponer a las personas mayores en una tierra que nos duele, todos los campesinos tienen 200 matas de lechuga, 200 de zuquini, 200 de brócoli y todos los viernes bajan a cambiarlo por panela o las cosas que necesitan; de eso vive la gente acá”, manifiesta Luis Castrillón.
Los intereses de esta obra repercuten también en la ciudad de Medellín, porque de concretarse la segunda fase del aeropuerto José María Córdova, desaparecerá el aeropuerto Olaya Herrera, dando paso a que el sector inmobiliario construya más edificios en la planicie de la ciudad, beneficiando claramente a los sectores privados del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), en detrimento del cambio climático y la movilidad de la capital del departamento.
Detrás de estos intereses se conecta la obra SITIRIO, donde el exalcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, propuso un tren ligero, cercano al uribismo y amigo de Rubén Darío Quintero, quien fue condenado por parapolítica; su hijo, Esteban Quintero, hoy es senador del Centro Democrático, siendo primo del exalcalde Rendón, que aspira a la gobernación del departamento.
El Partido Conservador que apoyó al actual presidente de la república (Gustavo Petro), por medio del senador Carlos Trujillo (en reconciliación con Juan Diego Gómez), presionó para el nombramiento del ministro de Transporte Guillermo Reyes, y tuvo a Reyes como contratista en su alcaldía de Itagüí. Apenas este llegó, con el auspicio del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (apoyado en campaña por los conservadores), lo que primero anunció fue: “Segunda pista del José María Córdova y segundo aeropuerto van sí o sí”.
Esta Obra de “desarrollo” liderada y apoyada por el Centro Democrático en el gobierno Duque, planeada desde el periodo de Santos, y al parecer, será implementada sin pensar en los campesinos con la permisividad de Gustavo Petro; siendo un gobierno que se reconoce como progresista. Esta obra pondrá muy felices a los grupos económicos, que son quienes se digieren al país, a las oligarquías políticas familiares, que son sus mejores intérpretes, y a los contratistas que se ganen alguna golosina.
“En el Consejo de Estado interpusimos una Acción de Nulidad que todavía no ha sido admitida por la declaratoria de interés público de 2015, en la resolución de la Aerocivil. El argumento es el supuesto traslado del Enrique Olaya Herrera a Rionegro; no hay un estudio de crecimiento industrial ni de desarrollo económico para realizar esta obra. En una respuesta de Aerocivil nos dicen que no hay plan para mover el Enrique Olaya Herrera, entonces existe la figura de la falsa motivación que para esta declaratoria de este aeropuerto es falso, porque no había un documento que respaldara esta decisión. El oriente antioqueño lo están desarrollando desde afuera, y cuando no es desde afuera, son los corruptos de aquí. Siempre siendo la afectada la población, progreso no siempre significa solo hacer obras, sino también entender qué tipo de obras no se deben hacer”, asevera el veedor Carlos Osorno. (Solicitud de medidas cautelares de urgencia) .
Los medios de comunicación han desplegado en sus primeras páginas el anuncio de la obra como la infraestructura que traerá el progreso para el país entero, pero se han ausentado a la hora de exponer la situación de los miles de campesinos, que siguen esperando la solidaridad de las organizaciones y los activistas, que tampoco aparece, ante una obra que dejará afectaciones de la magnitud de Hidroituango.
Pese a que contactamos a la Aerocivil, a la Alcaldía de Rionegro, a Cornare y le envíamos un cuestionario al correo del gobernador de Antioquia y a su dependencia, no recibimos respuesta de ninguna de estas entidades, quedando varias preguntas sin respuesta: ¿Por qué se afecta decididamente la zona donde están diez mil campesinos y no la Zona Franca o Llanogrande? ¿Sostendrán el avalúo de 19 mil pesos el metro cuadrado? ¿Qué conflicto de intereses tiene el gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia, sabiendo que fueron apoyados por el Partido Conservador en temporada electoral, y el gerente de la entidad es de este partido político? ¿Cuándo comenzarían la gestión predial?
