No hay partidos. Hay organizaciones para cazar votos y disputarse el poder y el manejo de lo público. De tal contagio no son inmunes las organizaciones autodenominadas de izquierda y/o progresistas e independientes.
Son causa fundamental de la precaria, mediocre y clientelizada estructura del poder y de la controvertida y débil institucionalidad.
La institucionalidad opera bajo directrices del poder de turno, definidas según sus conveniencias. Bajo esa condición y a través del clientelismo y la politiquería, desnaturalizan y fragilizan el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes es imprescindible para lograr un aceptable sistema democrático. Sus efectos evidentes se traducen en impunidad y corrupción, como impera en Colombia.
Es lo que ocurre hoy con la derecha y ultraderecha en el poder. La implacable saña contra los acuerdos de paz con las Farc y sus órganos de acción y desarrollo obedece al obcecado propósito de dominio del poder político y económico y a la defensa del clientelismo y la impunidad, para sus círculos de poder.
Lo corroboran inequívocamente el contenido y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Financiamiento (con gabelas inequívocas para empresarios, los gremios económicos), las objeciones a la JEP, la afinidad con gobiernos de derecha, el nombramiento de individuos controversiales, en posiciones clave en decisiones y para el desarrollo nacional (Carrasquilla, entre otros) y el apoyo incondicional de gremios económicos contra la protesta social de sectores sociales desheredados por el poder y el Estado.
El colapso ético y moral de los partidos y con ello de la cultura ciudadana, entronizó la práctica (o “principio”) de sálvese quien pueda y como pueda. De ahí el propósito de instituir el Estado de Opinión de Uribe y la pretensión de institucionalizar que el fin justifica los medios, intervenir la libertad de cátedra, sin dar un paso para mejorar la calidad y pertinencia de la educación.
Los resultados son patéticos: crece la inequidad socioeconómica, el desempleo, subempleo y la informalidad, el déficit fiscal y de balanza de pagos, el endeudamiento externo e interno públicos, la criminalidad y la inseguridad ciudadana y el abandono del estado a las regiones. Plantean más privatizaciones de lo público (como en el gobierno de Uribe) y mayores garantías al capital transnacional y nacional, en contra del interés nacional general.
Con el desarrollo nacional sesgado, los ciudadanos del común se convierten en víctimas de los objetivos perversos del poder, que día a día se agudizan hasta obligar a los ciudadanos a protestar por los incumplimientos del poder y el estado y a tomar las vías de hecho como único y último recurso, en el naufragio diabólico de la moral y la ética y la dinámica inequidad socioeconómica y abandono oficial.
Es lo que debe entender todo ciudadano responsable socialmente para evitar convertir su voto en las próximas elecciones en instrumento de condena para sí mismo y sus semejantes.
No hay duda que los gobiernos de derecha y afines siempre favorecen la concentración de la riqueza en pocas manos y gobiernan contra las mayorías de las que solo les interesa el voto en elecciones.
