Hace un tiempo fue publicada una columna en el diario El Tiempo de la señora Natalia Succar titulada A veces es mejor no ser funcionario público abogando y reivindicando el papel según ella del "funcionario público" sin hacer la distinción entre el funcionario público directivo y el funcionario público ejecutor de las políticas públicas del Estado.
Los primeros son un número reducido y privilegiado; los segundos son millares de anónimos que ponen a funcionar la rueda del Estado. La señora Succar los echa en el mismo costal y generaliza el estigma de corruptos tanto a los directivos como a la mayoría de empleados públicos con el uso del término de manera general de " funcionario público".
En su artículo parece a asumir la defensa de algunos personajes que han ocupado altos cargos del Estado y que se han visto involucrados en escándalos de corrupción, y que vive en estos momentos la MinTIC, y le molesta la sanción social a la que se ven expuestos, no sin razón.
De igual forma el propósito de fondo del artículo es reivindicar el papel de los funcionarios públicos de alto nivel jerárquico y los hace parecer casi que como mártires por el cumplimiento de su deber, y los sacrificios que tienen que hacer para el cumplimiento de sus funciones, lo que, según la columnista, la sociedad desconoce injustamente.
Funge de juez en esa relación de la sociedad con los directivos y gerentes del Estado siendo ella parte de esa relación, teniendo en cuenta que ha ocupado diversos cargos de este nivel en distintas entidades públicas. Es decir, es juez y parte. Razón por la cual su escrito carece de objetividad en su análisis y que omite varios detalles a tener en cuenta.
El primero, que los empleados del nivel directivo y asesor según la normatividad de la materia son de libre nombramiento y remoción, tienen el carácter de confianza y manejo y, que por lo tanto deben de estar disponibles todo el tiempo al servicio de la entidad, además hay que tener en cuenta que son cargos muy bien remunerados.
En segundo lugar, a estos cargos no llega cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos en los manuales de funciones. Su vinculación es discrecional por parte del nominador y obedece a la necesidad que tienen los gobiernos de gerenciar y conducir las entidades públicas con personas de su confianza, pero la realidad administrativa y política es otra y evidencia un abuso legal, y democrático.
Esa discrecionalidad se ha traducido en prácticas clientelistas y excluyentes. A estos cargos ocupados por funcionarios públicos, al decir de la columnista, ingresan personas producto de acuerdos políticos y de gobernabilidad como cuotas de políticos elegidos popularmente, que llegan a dirigir el aparato del Estado, y que en la práctica significa poner a las entidades públicas al servicio de intereses particulares, como en efecto se ha visto por los múltiples casos de corrupción de las últimas décadas hasta el presente.
Son ya un hito de la corrupción pública dirigida y ejecutada por redes de altos "funcionarios públicos" directivos —de los que se duele la columnista— los casos del carrusel de la contratación en
Bogotá, Reficar, Odebrecht, Hidroituango, Bonos de agua, Sena, compra de alimentos y medicamentos por gobernadores, gerentes de empresas públicas nacionales y territoriales, etc., y el último escándalo del MinTIC, que al parecer desato el enfado de la columnista Succar.
Estos funcionarios públicos directivos, no son más que el producto del más fino clientelismo perfumado, botín de los políticos de turno, que capturan entidades públicas para hacerse a los cargos directivos, y por intermedio de estos a la contratación y el hurto de los dineros públicos.
Las vinculaciones de estos funcionarios públicos son excluyentes y elitistas y se hacen en personas recomendadas por los clanes políticos gobernantes, formadas en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras y, en otros casos obedecen a lazos familiares y sociales.
De no democratizarse la vinculación de estos funcionarios públicos, directivos, para darle la oportunidad a los funcionarios de carrera administrativa que llevan años trabajando en sus respectivas entidades públicas para que ocupen un cargo directivo, o, en su defecto para que sean vinculados por mecanismos meritocráticos, públicos, y transparentes las personas que cumplan los requisitos y condiciones, sin ningún condicionamiento político ni de ninguna naturaleza, sintonizándose de igual forma con la obligación constitucional de la meritocracia, columna vertebral de la Carta Magna, será un cáncer de la democracia imposible de erradicar. No creo que en la Ocde, de la cual Colombia ya hace parte, acepte este tipo de prácticas.
Adoptar correcciones y aplicar la meritocracia constitucional para esta categoría de funcionarios públicos, directivos, evitara el riesgo siempre latente de la corrupción y la columnista Natalia Succar dejara de sufrir por la merecida sanción social que la sociedad civil hace a los funcionarios públicos, directivos, corruptos que infringen la constitución, la ley y la ética pública.
