Aunque la rectoría de la Universidad de Antioquia no opera stricto sensu como la extensión de un directorio partidista o si acaso responde a los intereses electorales de algún clan político (como sí ocurre en varias universidades públicas del país), en su proceso de designación rectoral, por regla general, sí confluyen -desde el Consejo Superior Universitario -CSU-, escenarios de consenso o disenso entre los principales poderes políticos y económicos de la región.
Las actuales circunstancias parecen indicar que el escenario que se vivió el 23 de febrero de 2021, cuando el actual rector, John Jairo Arboleda Céspedes, fue reelegido sin prácticamente competencia o contratiempos, no se repetirá; al menos, el rector (que ya manifestó su interés para buscar un tercer periodo y así ajustar casi una década en el poder), se deberá medir a “voto limpio” con candidatos de amplia trayectoria y reconocimiento.
En marzo el CSU designará al rector o rectora de la Universidad para el periodo 2024 -2027. Entre los factores que considero determinantes en esa designación se encuentran:
El pulso entre el gobierno Departamental y el Nacional
Cada vez va quedando más claro que las diferencias entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente Petro no son cuestión de “libreto”, el pulso entre los mandatarios es real y así se evidenció en la respuesta del gobernador tras el polémico episodio de la delegación minera. El pulso también se ha convertido en un duelo retórico; por un lado, en su posesión el gobernador asumió -como si se tratara de un canto de batalla- el eslogan: “si Antioquia resiste, Colombia se salva”; y por el otro, el presidente defendió su gestión ante el establishment afirmando que “un millón de antioqueños” acompañaron sus propuestas en segunda vuelta.
Pues bien, el proceso de designación rectoral en el Alma Mater se podría convertir en un nuevo capítulo del pulso entre el presidente y el gobernador, ya que, sí ambos lo asumen como un “punto de honor” en su duelo retórico, terminarán siendo decisivos en la definición. De ahí que resulte clave (cuando concluya el periodo de inscripción el 5 de febrero) precisar la alineación programática de los candidatos y candidatas en ese escenario de tensión, o si por el contrario, buscarán mantenerse al margen en perspectiva de construir consensos más amplios en el CSU.
¿Cuál será el candidato o candidata del presidente?, ¿cuál será el candidato o candidata del gobernador?
El peso de los exrectores
En el proceso de designación rectoral los exrectores no califican propiamente como “muebles viejos”, pues su peso en el CSU puede resultar clave para ambientar una aspiración o para sumar adhesiones decisivas; sin embargo, no estoy de acuerdo en caricaturizar la designación como una “pelea de exrectores”; seguramente Jaime Restrepo Cuartas, Alberto Uribe y Mauricio Alviar buscarán acomodar sus intereses en alguna candidatura -en el caso de Alberto Uribe es algo que lleva haciendo desde su histórica defenestrada en 2015-, dependerá de los candidatos y candidatas pasar la página de los exrectores y no reducir el proceso a una “pelea” muy ajena a las verdaderas preocupaciones que le asisten a la comunidad universitaria.
La legitimidad de la consultas
Al momento de escribir esta columna contabilizo diez posibles candidaturas (una cifra sin precedentes), pero solo el 5 de febrero, a las 4:00 p.m., se sabrá cuáles se mantienen firmes. Como cualquier campaña política que se precie (y la designación rectoral resulta siendo un proceso bien político), en el periodo de inscripción se suelen presentar candidatos que practican el “amague” y otros que figuran para luego “bajarse” a favor de una candidatura más sólida. No entrare a valorar en esta columna cuales candidaturas siento que van por esos caminos; lo que sí sé es que cerrado el periodo de inscripción se realizarán dos foros programáticos, el 21 de febrero y el 5 de marzo.
Y el 12 de marzo se realizará la consulta electrónica.
A pesar de que esta consulta entre profesores y estudiantes no tiene un carácter vinculante, sí genera un hecho mediático y de opinión, que, en el corto plazo y desde una perspectiva ideal, podría dotar de mayor legitimidad una candidatura ante los poderes en tensión que confluyen en el CSU. También podría ser el leitmotiv para activar el interés de la comunidad universitaria en un proceso de designación que desde algunos sectores se ve con recelo, desconfianza o desafección.
Concluyo suponiendo que en este juego de poder no todos los intereses están todavía puestos sobre la mesa.
El próximo 5 de febrero inicia la partida.
