El coronavirus COVID-19 de manera inesperada y silenciosa apareció en el mundo y vertiginosamente se convirtió en un enemigo común. Hoy se confirman miles de contagios y muertes cada día a lo largo de 186 países, de los que no se escapa Colombia, en donde las cifras son preocupantes dado el aumento diario de las mismas.
El COVID-19 está poniendo en jaque a los gobiernos, economías, instituciones y a la comunidad científica. Está demostrando que el desarrollo sostenible no es tan sostenible, que el ser humano fue desplazado por intereses económicos y geopolíticos que al final de cuentas pierden su valor una vez el ser humano es afectado en su vida e integridad personal.
El COVID-19, para el caso colombiano, visibilizó y puso de presente las fallas estructurales en el sistema de salud, en el penitenciario y carcelario, en la prestación de servicios públicos, entre otras; salieron a relucir las deficientes condiciones laborales y la economía informal que se acentúan por los niveles de pobreza y desempleo de la población colombiana. Deficiencias que repercuten directamente en la calidad de vida de los colombianos. Pero, sobre todo, el COVID-19 recalcó la vulnerable y angustiosa situación de derechos humanos en el país.
Colombia durante los últimos años ha tenido que hacer frente a las graves y continuas consecuencias en materia de derechos humanos que ha dejado la violencia del conflicto armado, la corrupción, el hacinamiento carcelario, la violencia contra activistas sociales, sindicalistas y periodistas, y a la reciente inmigración masiva de nacionales venezolanos, entre otras problemáticas.
Sin embargo, los esfuerzos del gobierno colombiano y la articulación e implementación de políticas y estrategias inclusivas, tendientes a reforzar y garantizar los derechos humanos de toda la población colombiana, no han obtenido el resultado esperado.
El gobierno nacional, desde una perspectiva interdisciplinar, holística e inclusiva, debe tomar las medidas necesarias para combatir el COVID-19.
En consecuencia, salvaguardar y garantizar el derecho a la salud es indispensable. Asegurar el saneamiento y atención de salud, velar por la continuidad en la prestación de servicios públicos, garantizar los derechos laborales, invertir en el cuidado del medio ambiente, en la educación y en ciencia e innovación, debe ser la hoja de ruta de las decisiones y políticas a implementar.
La infraestructura hospitalaria para atender el COVID-19 es precaria y atentatoria de los derechos humanos, en especial de los derechos a la salud y vida de los colombianos. La Dirección de Epidemiologia y Demografía del Ministerio de Salud, de manera optimista, estima que 3.989.853 de colombianos se contagiarían del COVID-19, de los cuales 738,123 casos serán graves y/o críticos y requerirán de estancia en UCI. En la actualidad el país cuenta tan solo con 5.300 camas de UCI, por ende 732.823 personas contagiadas no tendrán acceso a camas en UCI. Es decir, que a 732.823 personas no se les suministrará la atención médica pertinente, consistente en el soporte de ventiladores artificiales, y serán los médicos quienes entren a decidir a quien se puede salvar y a quien no. Lo anterior, sin olvidar los miles de pacientes que día a día deben usar el sistema de salud para tratar enfermedades, no tan contagiosas, pero que ponen en igual o en peor riesgo su vida.
Por lo anterior expuesto, de no ampliarse y mejorarse el sistema de salud y sanitario a lo largo del territorio nacional, con los insumos médicos requeridos, el número de muertes que deje el COVID-19, serán consecuencia directa de la incapacidad del Estado de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud y por ende a la vida digna. Obligación que desde hace años ha sido requerida por parte de la población colombiana y frente a la cual el Estado no ha tomado decisiones de fondo ni estructurales.
Por otro lado, las personas mayores de edad, los habitantes de calle, las personas cuyos ingresos proviene de la informalidad y viven en la pobreza, así como los que tiene algún tipo de discapacidad y las comunidades étnicas se convierten en objetivos fáciles para el COVID-19. Por ello, se requiere que a estos grupos poblacionales se les garanticen la seguridad alimentaria, el hospedaje y acceso a servicios públicos básicos. Lo cuales se supone ya deberían estar garantizados.
Para lo anterior expuesto, es fundamental que el gobierno nacional o local informe de forma veraz y clara a los colombianos la forma y consecuencia en cómo se satisfará las necesidades básicas. Anunciar la suspensión en el pago de servicios públicos, la entrega de mercados y/o el otorgamiento de beneficios a la población más necesitada es irresponsable si no se precisa cuáles son los parámetros para decidir a qué familia se entregarán dichas ayudas y, que suspender no implica no tener que pagar.
Respecto de las comunidades étnicas, que representan el 4.4% de la población colombiana, es imprescindible que se articulen las políticas de forma tal que la distribución de insumos y equipos médicos, alimentos, etc., se realice respetando sus principales características culturales, a partir de la cosmogonía y cosmovisión de estos, con el fin de valorar y preservar sus tradiciones y saberes propios. Así pues, la socialización de medidas y políticas para enfrentar el COVID-19 se debe realizar en su lengua nativa. Adicionalmente, se debe seguir respetando sus territorios ancestrales.
Otro grupo población al que ha tenido que sufrir por años la vulneración y trasgresión de derechos humanos es población privada de la libertad (PPL). En tres ocasiones la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosa inconstitucional y en la actualidad hay 50% de sobrepoblación carcelaria. No obstante, no se ha implementado una política eficaz y eficiente tendiente a restablecer los derechos humanos de la PPL. Un eventual contagio de COVID-19 en un centro penitenciario seria inmanejable y con consecuencias catastróficas que comprometerían la responsabilidad internacional del Estado colombiano en materia de derechos humanos.
Por ello, se deben adoptar medidas tendientes conceder medidas alternativas y no privativas de la libertad; reducir la implementación de la medida de aseguramiento preventiva. Es menester recalcar que la privación de la libertad de forma preventiva, tal y como lo establece el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, debe ser excepcional y no la generalidad.
Es momento de tomar decisiones basadas en conocimientos técnicos, en experiencias y sobre todo pensando en el Estado y su población, en como empoderarlos. Hay que dejar de lado estrategias como el populismo y la confrontación. Estas decisiones no pueden ser reactivas. Se debe planificar y pensar en el Estado colombiano a largo plazo. Las decisiones financieras y económicas deben tomarse incluyendo a los sectores productivos y a los empresarios. Solo así, se podrá combatir el COVID-19 y sus efectos negativos en los derechos humanos de los colombianos.
