Aprovechando, el desespero por la falta de empleo y de recursos económicos, así como las medidas restrictivas de movilidad ocasionadas por la peste del COVID-19 y, en momentos en que el prestigio de la derecha, eterna gobernante de Colombia, va en serio declive, tal como lo muestran las encuestas contratadas para tratar de lavarle la cara al gobierno de Duque y sus amigos uribistas, Fedemunicipios, Fededepartamentos y los congresistas uribistas aprovecharon el desorden para lanzar, en bajo tono, su deliciosa propuesta de, un muy institucional golpe de Estado.
Tanto el senador Gustavo Petro, como el portal de noticias W Radio de Colombia, coincidieron en anunciar la remozada propuesta de las federaciones de municipios y departamentos, así como la de la bancada uribista del Congreso, acerca de prolongar los periodos de los mandatarios locales, departamentales y del presidente, con el pretexto de permitirles desarrollar sus planes de desarrollo, interrumpidos por la peste mundial y la inconveniencia de los controles impuestos por la famosa ley de garantías electorales.
En momentos en que el gobierno del improvisado presentador de magacines televisivos y amigo de Maluma, Iván Duque, hace hasta lo imposible por tratar de relanzar su imagen y tratar de evitar la “hecatombe” del partido de su mentor, el exsenador Álvaro Uribe Vélez; la propuesta de tratar, bien sea, de aumentar los periodos de alcaldías, gobernaciones y presidencia de Colombia, o de unificar las elecciones y periodos de los mismos, coincide con el triste espectáculo mediático de la llegada de 50.000 vacunas contra el COVID-19, presentado como el gran logro del manejo de la pandemia que ha hecho el uribismo, en un país calificado como uno de los peores, al momento de evaluar la eficiencia en el manejo de la peste.
Al parecer, el uribismo ha encontrado en las federaciones de municipios y de departamentos de Colombia un muy provechoso terreno para intentar desplegar su estrategia de eternizarse en el poder. En cabeza del, aparentemente, eterno director de Fedemunicipios, el polémico y varias veces investigado Guillermo Toro, acompañado ahora por el también cuestionado Didier Tavera, también investigado por presunta corrupción en el manejo del Plan de Alimentación Escolar cuando fungía como gobernador de Santander, estas federaciones, se han dado a la tarea desde hace rato, por cierto, de intentar, una y otra vez, la reelección de Uribe y de sus afiliados, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras y gobernadores, aprovechando el también discutido escenario de presión, que en teoría tienen estas federaciones.
Ante la incertidumbre de un próximo escenario electoral, en el que antiguos amigos y aliados del uribismo, se han dado a la tarea de buscar nuevos futuros electorales, autodenominándose de centro, centro derecha y hasta de centro izquierda, tratando de salvarse de un escenario de catástrofe electoral del uribismo; la derecha colombiana (grandes comerciantes, latifundistas, agroindustriales, banqueros y demás), ha apelado por el golpe efectista de un muy disimulado golpe de Estado institucional, propuesto por estas federaciones y respaldado por sus mayorías parlamentarias, bajo el prurito de la crisis ocasionada por la peste, buscando pescar en el río revuelto de la incertidumbre de las vacunas COVID-19, el desespero de la pobrecía y el clima de desinformación política, endémico en la sociedad colombiana.
Si bien es cierto que la propuesta de unificación de los periodos de los ejecutivos locales, departamentales y el presidencial, así como la abolición de los controles de la ley de garantías, ha sido el caballito reelectoral y electoral de quienes han dirigido, con muchas sospechas, estas federaciones, también lo es, que hoy cuentan con un importante respaldo por parte de las mayorías parlamentarias del uribismo, hecho este que de paso, les permitiría a sus actuales, y se reitera, discutidos directores, asegurarse una muy probable reelección, postergar la discusión de sus investigaciones por malos manejos de los recursos y, sobre todo, la discusión nacional, sobre la utilidad y/o conveniencia de estas entidades, dizque gremiales, de alcaldías y departamentos de Colombia.
El colombiano de a pie se pregunta, fuera de servirle bien a los intereses de los de siempre, ¿para qué diantres sirven estas federaciones?, ¿por qué sostener unos entes que dizque ofrecen asesorías y que bien podrían brindar la sala de consultas del Consejo de Estado, la oficina de defensa jurídica del Estado, el Departamento de Planeación Nacional (Dane), los ministerios e incluso la frondosa nómina de asesores que en ocasiones contratan alcaldías y gobernaciones?, ¿por qué seguir permitiendo que estos entes sigan disponiendo de los recursos del Simit y de algunos impuestos, como el del tabaco y las bebidas alcohólicas?, ¿no son acaso estos los recursos de los que deberían disponer alcaldías y gobernaciones directamente?, ¿por qué seguirle pagando viáticos a alcaldes (as) y gobernadores (as) para que le entreguen buena parte de los recursos a unos señores que, en últimas, no hacen nada?
Lo cierto es que la respuesta a estas y muchos más interrogantes acerca de estas fuentes de puestos para amigos y exalcaldes y exgobernadores caídos en desgracia o en tránsito de alcanzar puestos en el gobierno nacional, por ahora queda reducida a la espeluznante propuesta de: gestionar, vía reforma constitucional o emergencia pandémica, el golpe de estado institucional de Fedemunicipios, Fededepartamentos y congresistas uribistas, para permitirle a los actuales mandatarios, permanecer uno o dos añitos más en el poder.
