Miguel A. Caicedo Mena, escritor chocoano, dijo que el Chocó es mágico y folclórico, una manera describir los casos insolitos que suceden en allí. Pues bien, el lunes pasado los oyentes del programa 6 Am Hoy por Hoy de Caracol Radio fueron sorprendidos por las denuncias del gobernador encargado del Chocó, Jefferson Mena Sánchez, contra un contratista que entregó unas camas UCI usadas y remanufacturadas de hace quince años al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.
Las personas no salían del asombro al escuchar el relato dramático del mandatario chocoano sobre la corrupción, que luego fue noticia que ocupó las primeras planas de noticieros de radio y televisión y de diarios. De hecho, para RCN, aparente escudero del gobernador Mena, la información fue un festín.
Sea como sea, por la inmediatez del escándalo, los audios y los videos de la denuncia del gobernador Mena se volvieron virales en las redes sociales. En ellos señalaba que “como gobernador no podía pasar por alto semejante atraco al erario” y "que no vengan unos cuantos a meternos los dedos a la boca”. Incluso, fue enfático al decir "no me crean tan tonto, denunciaré todo acto de corrupción que encuentre en la administración", no sin antes atribuirle la responsabilidad de las irregularidades a Ariel Palacios Calderón.
Los periodistas se tragaron el cuento del melodrama organizado por Mena y sus asesores. No obstante, muchos indicios parecen denotar que fue un escándalo fríamente calculado contra el gobernador Palacios, un día antes de su citación a la audiencia de imputación de cargos en la Fiscalía. La estrategia habría sido calculada para que sentara en el banquillo judicial con otro indicio de corrupción sobre su cabeza.
No obstante, la presunta patraña del gobernador Mena tomó un giro inesperado cuando personas conocedoras de los hechos comenzaron a escribir en las redes sociales versiones diferentes sobre los acontecimientos. Ahí fue cuando me dediqué a investigar y a examinar cuidadosamente la documentación y la cronología sobre la ejecución del contrato. En efecto, descubrí que todas las irregularidades que Mena atribuye a su antecesor son responsabilidad de su administración.
El contrato inicialmente fue firmado el 1 de abril de 2020 por el gobernador Palacios para suministrar equipos biomédicos por $1.600 millones. Sin embargo, el 24 de abril fue suspendido del cargo. Así pues, el 5 de mayo se posesionó Mena, a partir del 7 de mayo el contratista comenzó a entregar los equipos médicos, incluidas las camas, y el 26 de mayo, mediante concertación entre el gobernador Mena y el contratista, se acordó modificar, adicionar y ampliar el plazo del contrato: es allí donde él se convierte en el único responsable del mismo.
Más adelante, el 29 de junio, Jesús Jhonfer Cuesta Salazar, auditor del contrato, expidió un informe de auditoría donde decía: “el contrato se ha cumplido en un 96%” y solo faltan “40 bombas de infusión para completar el 100% de la entrega total”. Así, del estudio de la documentación se colige que el gobernador Mena firmó la modificación y ampliación del contrato con los sobrecostos y estuvo enterado de todo.
Por eso este caso amerita un análisis sobre lo que pasa en el Chocó con el encargo del gobernador Mena, quien se dice que es una ficha del uribismo y que hace parte del clan político de los Sánchez Montes de Oca, cuya presunta estrategia ha sido armar escándalos para hundir al gobernador Palacios y quedarse con el poder.
Con todo esto se concluye que si bien el gobernador Palacios dejó firmado dicho contrato, fue el gobernador Mena quien lo revisó, modificó, adicionó, firmó de nuevo y ejecutó en su administración. Las fechas no mienten y no hay duda de que se recibieron los equipos comprados bajo la administración de Mena.
Lo condenable en todo esto es que el gobernador Mena arme un escándalo y pretenda engeñar a los periodistas y a la opinión pública, paradójicamente autoincriminándose con sus propios errores administrativos. A la larga parece que su apuesta es ganar réditos dentro del uribismo y el gobierno con el discurso de lucha contra la corrupción, aunque eso implique incurrir en actos condenables.
