Allí en Maicao, quienes vienen huyendo de la crítica situación que se vive a pocos kilómetros, del otro lado de la frontera, podrán hallar orientación y albergue por 72 horas. En ese mismo municipio funciona otro albergue administrado por la Acnur, con capacidad de unas 3.500 personas, pero que redujo su capacidad dadas las drásticas condiciones sanitarias actuales y el distanciamiento social para evitar contagios.
Lo grave, sin embargo, es que en territorio venezolano, cuya gestión de la pandemia ha sido poco más que desastrosa, ha venido circulando sin control durante las últimas semanas la variante brasileña del covid, que según los análisis es más contagiosa y, por ende, más peligrosa para quienes sufren comorbilidades que los haces más vulnerables al coronavirus.
Mientras en el Amazonas las fronteras se cerraron y los vuelos desde la capital de ese departamento, Leticia, se han reducido a solamente los de carácter humanitario para evitar contagios a partir de los dos casos allí detectados, en La Guajira la frontera, si bien está cerrada por consideraciones sanitarias desde hace meses, la realidad es que es una línea limítrofe porosa por la que cientos de personas cruzan a diario, por sus más de 300 trochas.
Es altamente preocupante que la Gobernación de La Guajira lanzó una alerta por la inminente llegada de la cepa brasileña, al punto de que el gobernador Nemesio Roys ha insistido al Gobierno Nacional para extender la franja de vacunación hasta para que se pueda inocular a los mayores de 60 años, de manera inmediata.
De darse este paso, sería mucho más plausible controlar cualquier alteración sanitaria que, además, coincida con la temporada vacacional de Semana Santa que ansiosamente esperan los operadores turísticos locales para recuperarse de la época de confinamiento.
No está de más recordar, en el marco de toda esta compleja situación, que La Guajira es el segundo departamento más pobre según los índices de pobreza monetaria del Dane y que alberga la mayor población indígena de Latinoamérica, los wayuu, que no solo residen a ambos lados de la frontera que cruzan a diario dentro de su territorio ancestral, sino que además miles de ellos residen en zonas apartadas y de difícil acceso, donde las condiciones son difíciles y no es raro que falte el agua.
Desde las autoridades locales, pasando por sus pares indígenas y por la población de este territorio, se le pide al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud actuar con prontitud y con un plan diferencial, que contemple las particularidades geográficas, económicas, sociales y culturales de este departamento vulnerable.
