Sin duda que el fracaso de 22 años de seguridad democrática al no derrotar a los grupos armados ni mejorar las condiciones de vida de la mayoría de población fueron los factores que explican el auge de Petro en la encuestas.
Además, políticas erradas del gobierno que agoniza, cuando perdió el primer año intentando trizar el acuerdo de paz con las Farc, al dejar sin fuerza pública y presencia del Estado vastos territorios despejados por la guerrilla e intentando en vano acabar con la JEP.
El no subsidiar a pequeñas y medianas industrias que cerraron después de la cuarentena para prevenir el coronavirus -más billonarias exenciones tributarias al gran capital, el aumento del IVA e impuestos a la clase media y sectores populares, contenidos en la fracasada reforma tributaria de Carrasquilla-, agudizó conflictos represados y despertó indignación, masivas movilizaciones y los paros de noviembre de 2019 y 28 de abril de 2021.
No pudieron derrotar con las armas a las Farc, el ELN y otros carteles del narcotráfico y al boicotear el acuerdo de paz, lograron que después de un año de tranquilidad a conflictivas regiones del país, del departamento y al norte del Cauca, entre Cali y Popayán, llegaran toda clase de grupos armados como los Caparros, el ELN, el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas, ACG, más las disidencias y sus distintos frentes, que de nuevo, con atentados, minas quiebrapatas, asesinatos de líderes, extorsiones, narcotráfico, minería ilegal, entre todos, tirando la piedra y escondiendo la mano, nos regresaran al pasado, pero aún peor.
La consigna de “Paz con legalidad” fue como fumigar un perfume en medio de la mortecina, pues algunas obras y proyectos productivos impulsados en los municipios PDET, a pesar de aliviar carencias entre comunidades pobres, no alcanzaron a solucionar el macro-problema de la violencia estructural que permea y afecta toda la sociedad y que tiene que ver con la creciente acumulación de la propiedad al archivar la Reforma Agraria Integral y la restitución de tierras despojadas por los paramilitares, la titulación de baldíos a propietarios de pequeños predios y el permitir que narco-hacendados y diversos grupos armados incendiaran selvas en la Amazonía, Orinoquia y Pacífico, para meterles ganado y palma aceitera, con la complicidad morronga del gobierno que contribuye abriendo vías.
Conflicto agravado por el predominio, entre altos mandos militares de la doctrina de la Seguridad Nacional, que considera subversiva la protesta social, más la política antidrogas basada en la represión al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y que al elevar los precios de la cocaína en el exterior, multiplica las ganancias de grandes carteles, algunos trabajando en llave con oficiales activos y retirados del Ejército, que como en el caso del misteriosamente fugado de La Picota, Matamba, en el departamento de Nariño, después de repartirse la nómina extra de $400 millones mensuales, ponían a disposición las tropas para combatir a grupos de la competencia en el negocio del narcotráfico, minería ilegal y extorsión.
Recientes confesiones ante la JEP, de un general, coroneles y otros integrantes del ejército, acerca de su participación en el asesinato de humildes jóvenes para presentarlos como guerrilleros y ganar beneficios personales, evidencian el fracaso de esa política de “Falsos Positivos”, mientras en Putumayo se repetía un caso parecido en un bazar, con el asesinato de mujeres y niños intentando dar de baja a jefes de disidencias.
Para la elección presidencial con su primera vuelta el 29 de mayo, al, ayudado por su indefinición, errores y predominio de egos, fracasar la propuesta moderada de la coalición Centro Esperanza, tomó ventaja la polarización, entre el continuismo representado por Fico y, las promesas de cambio asumidas por Petro y Francia Márquez.
El artículo publicado en El Espectador por Miguel Ángel Rodríguez, coordinador de investigaciones de Cedetrabajo, revela cifras contundentes en cuanto a la real situación socioeconómica del país con mayor inequidad y concentración de la riqueza en la región, agravada por el abandono del gobierno, durante la cuarentena, a la pequeña, mediana industria y a microempresarios, lo que incrementó el desempleo y afectó aún más a la mayoría de población:
“Producto de la pandemia, 2020 dejó la mayor contracción de la economía colombiana de las últimas décadas (7 %), 2,4 millones de personas perdieron su empleo y 3,6 millones fueron arrastradas a la pobreza, llevando al 42,5 % de la población a esta condición. A pesar del llamativo crecimiento de la economía de 10,6 % en 2021, el país aún cuenta más de 1,2 millones de empleos destruidos y 2,1 millones de nuevos pobres con respecto a lo registrado en 2019. La rampante inflación y la lenta recuperación de la economía en lo corrido de 2022 refuerzan cada vez más la necesidad de corregir la persistente pobreza.
Con base en la última información publicada por el Dane, en 2021, cerca de 35 millones de colombianos percibieron en promedio ingresos diarios inferiores a $23.000 ($690.000 mensuales), condición que los ubica por debajo de la línea de vulnerabilidad.
De estas personas, 19,6 millones estaban en situación de pobreza, pues tuvieron ingresos inferiores a $11.800 diarios en promedio, correspondientes a $354.000 mensuales. En este sentido, el 70,3 % de la población (casi dos de cada tres personas) se encuentra en estado de vulnerabilidad económica o pobreza.
En términos de clases sociales, las personas pobres en Colombia son 39,3 % de la población; las vulnerables representan el 31 %; la clase media, quienes tienen ingresos mensuales entre $690.524 y $3.718.204, ocupa el 27,8 %, y en la clase alta apenas está el 1,8 % de la población”.
Este es el país real que encontrará el próximo presidente.
