La ONU no interviene en el injusto reclamo de ayer al presidente Iván Duque por haber cumplido con su deber constitucional de objetar seis puntos de la JEP. La ONU no le está pidiendo a Duque que “respete la integralidad” del pretendido “acuerdo de paz” de Santos con las Farc (1). Quien comete esa desfachatez es, en realidad, Carlos Ruiz Massieu, nuevo jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Y lo hace sin tener el respaldo explícito de las instancias dirigentes de la ONU, como sería el Consejo de Seguridad. La parte no es el todo.
Si no reconocemos esa diferencia en cuanto al estatuto de los actores de ese incidente, si no distinguimos las peras de los limones, no podemos pensar y quedamos a la merced de los ilusionistas y demagogos.
El jefe de esa misión en Bogotá carece de legitimidad para intervenir e interferir en la histórica batalla política de los colombianos contra la aventura totalitaria de las Farc y contra la narcosubversión, cristalizada en estas semanas en la lucha contra la JEP (Justicia Especial para la Paz), desde el momento en que la ONU renunció a su independencia y neutralidad, valores sobre los cuales descansaría su acción en Colombia.
Nadie puede olvidar que el Consejo de Seguridad (con 5 representantes de países miembros permanentes y 10 no permanentes) se reunieron, como cosa excepcional, en Colombia con el gobierno de Juan Manuel Santos, en mayo de 2017, y aprobaron el “proceso de paz” firmado en noviembre anterior, a pesar de que la entrega de armas había fracasado, pues las Farc, en lugar de ceder la totalidad de su arsenal, solo había devuelto mil pistolas y viejos fusiles, como lo admitió el mismo Jean Arnault, jefe de la oficina de la ONU en Bogotá en ese momento.
Lo grave es que el tal respaldo a la maniobra Santos-Farc fue dada por razones muy extrañas: en ese mismo momento las Farc tenían en su poder a un rehén de la ONU: Herdledy López Hernández, miembro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, quien había sido secuestrado, el 31 de abril anterior, por una aparente “disidencia” de las Farc, en Barranquillita, departamento de Guaviare.
Bajo semejante presión psicológica y en esas condiciones sospechosas, la ONU validó el “proceso de paz” y desde entonces ha seguido apoyándolo, sin tener en cuenta la cantidad de anomalías jurídicas y políticas que éste genera y a pesar, sobre todo, de que los colombianos repudiaron ese pretendido acuerdo en el plebiscito nacional de octubre de 2016.
La ONU ha sido totalmente indiferente ante los numerosos escándalos que las autoridades y la sociedad civil han descubierto y que muestran que el proceso de paz no fue respetado por las Farc: la violencia Farc continúa y se expande, los narco cultivos crecen, las víctimas de la violencia subversiva siguen marginadas, la impunidad sigue prevaleciendo sobre el Estado de derecho.
¿Cómo puede pretender la ONU que en esas condiciones los colombianos vean con buenos ojos las presiones que su oficina en Bogotá lanza contra el gobierno de Colombia? ¿Cómo puede ser visto el silencio que guarda esa misión ante la amenaza formulada por el partido de las Farc cuando sus cabecillas declaran en Bogotá que la objeción parcial de ley estatutaria de la JEP “puede conducir a la guerra”?
En mi opinión, la JEP es un organismo roído por la corrupción, por los tráficos de dineros y de privilegios, y sus actuaciones muestran desde ya que su objetivo no es impartir justicia sino garantizar la libertad y la absolución a los jefes de las Farc, es decir a los responsables de cientos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por eso el clamor popular, que el señor Ruiz Massieu no quiere oír, pide la modificación a fondo de las reglas internas de la JEP o su total supresión.
Cuando el jefe de esa misión le pide a Iván Duque que “respete la independencia judicial de la JEP” muestra una cierta confusión pues la tal “independencia” no existe. Cuando declara que "respalda y reconoce el trabajo excepcional de la JEP para contribuir a la consolidación de la paz", el funcionario acude al falso lirismo de las Farc. Cuando oculta que la JEP es el teatro de escándalos de corrupción y de obstrucción a la justicia, no hace más que arruinar la poca confianza que esa misión pudo tener un día entre los colombianos.
