Desde La Picota en donde paga condena, el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, en entrevista con la revista Cambio, describe a Alberto Mariño Samper, como el hombre de confianza de Luis Carlos Sarmiento Angulo en temas de infraestructura y con capacidad para llegar a acuerdos con los brasileños de Odebrecht para pagar un soborno de 3,4 millones de dólares que habrían llegado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos como aparece en los documentos tiene en su poder la justicia de Estados Unidos aceptados por el Grupo Aval.
José Elías Melo insiste en que él como presidente de Corficolombiana no tenía la información, ni estaba en la Concesionaria Ruta del Sol ni hacía parte del consorcio constructor, que son las empresas señaladas por las autoridades de pagar los sobornos, pero que personas como Alberto Mariño Samper sí estaban allá, supervisaban y eran de la máxima confianza de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Según José Elías Melo, Alberto Mariño Samper en esa época era miembro de la Junta Directiva de la Concesionaria Ruta del Sol II y el consorcio constructor Consol y estaba vinculado al Grupo Aval muchísimos años antes de que Melo empezara a trabajar para la Organización. Además, el ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, sostenía reuniones privadas con Sarmiento Angulo porque era el experto de Corficolombiana en los temas de infraestructura.
En febrero de 2019, cuando el escándalo había estallado, se había regado por toda América Latina y José Elías Melo enfrentaba a la justicia, Alberto Mariño Samper, quien en ese momento era Gerente General de Coviandes S. A., empresa miembro del Consorcio, declaró en ese juicio que: “la verdad es que el socio (Odebrecht) hizo todas las mañas para buscar que Episol y Solarte no nos enteráramos de esos pagos y se descubrieron fue por mera casualidad”.
En diciembre de 2019, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti; y a los miembros de la junta directiva, Yesid Augusto Arocha Alarcón y Alberto Mariño Samper, por presunto uso indebido y apropiación de más de $ 44.000 millones de pesos por parte de terceros.
En ese momento, el órgano de control reprochó a los investigados porque al parecer permitieron que al interior de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S se utilizaron indebidamente recursos públicos que estaban destinados al cumplimiento del Contrato No. 001 de 2010 suscrito entre el Inco, que posteriormente se convirtió en Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II.
Para la Procuraduría los particulares aparentemente actuaron de forma irregular al permitir la celebración, pago y ejecución de contratos que suman $44.674.286.964, por fuera de los fines de la concesión.
Según la Procuraduría, Mariño Samper, “al parecer, permitió y toleró que la concesionaria utilizara indebidamente los recursos que tenían destinación exclusiva para la ejecución del contrato 001 de 2010, y al tener una función de vigilancia, orientación y control como miembro de la Junta directiva, posiblemente actuó de forma omisiva al no impedir estas conductas irregulares, teniendo el deber jurídico de hacerlo”.
Actualmente, Alberto Mariño es presidente de Proindesa, el concesionario que tiene a cargo la construcción de la megavía Mulaló-Loboguerrero, han tenido pleitos con la ANI que han tratado de conciliar y María Lorena Gutiérrez, actual presidenta de Corficolombiana ha reiterado en diferentes medios que tienen todo el interés de hacer ese proyecto.
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