Dos días después de la llegada del general Rito Alejo del Río como comandante de la Brigada XVII en Carepa por orden de Harold Bedoya, comandante de las Fuerzas Militares, empezaron las desgracias en el Urabá antioqueño. Al mediodía del 16 de diciembre de 1995, en el sitio de La Arenera del corregimiento de Currulao en Turbo, un retén del ejército detuvo a los campesinos Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero. A los dos muchachos se lo llevaron para la brigada. El general había desembarcado con la idea clara de identificar supuestos guerrilleros entre los pobladores de la región.
Los familiares los visitaron al día siguiente, el 17 de diciembre y regresaron al 18. Un día después ya no los vieron más. La información que les entregaron sonaba tranquilizadora: estaban libres por no haberles encontrado ningún antecedente. La verdad era otra. Por la puerta de atrás de la Brigada un auto rojo se llevó a los dos campesinos, a la vista de medio pueblo. Nunca más se volvió a saber de ellos.
Dentro de la brigada había un solo oficial que no compartía las actuaciones de Del Río celebradas por la tropa: el coronel Carlos Alfonso Velásquez. Había llegado seis meses antes como segundo comandante y jefe del estado mayor de la Brigada cuando el comandante Efraín Guzmán estaba a la cabeza del Quinto y el 34 frente de las Farc y la disidencia del EPL tenía una importante presencia. Los paramilitares Fredy Rendón, alias el Alemán y los hermanos Carlos y Vicente Castaño, imponían el terror en la zona.
Hijo de un padre militar, quien había combatido a Manuel Marulanda, Velásquez venía de perseguir al Cartel de Cali con el Bloque de Búsqueda y de haber tenido que asumir un complicado incidente de infiltración por parte de Miguel Rodríguez Orejuela.
El pasado del recién llegado comandante era complicado, capaz de hacer alianzas con quien fuera necesario para lograr sus objetivos. En 1987, mientras estaba al frente del batallón Rafael Reyes en Cimitarra Santander, según revelaciones de Noche y niebla, publicación del CINEP, había actuado en concordancia con Alonso de Jesús Baquero Agudelo, un exguerrillero de las Farc mejor conocido como el Negro Vladimir para enfrentar a las Farc. El negro Vladimir pasó a formar parte de los paramilitares del Magdalena medio y está condenada por la masacre de Segovia, en la que fueron asesinadas 43 personas para buscar el avance de la UP que había puesto la alcaldesa. Este fue el primer contacto del general con los paramilitares que se convertirían en unas aliados incondicionales en la lucha contra la insurgencia en su nueva comandancia.
El coronel Velásquez no reconocía a su nuevo superior con quien nunca había trabajado. Le trasmitió su preocupación por las masacres que sacudían en Urabá: 66 personas habían muerto en entre los meses de agosto y septiembre de 1995. El nivel de violencia era tal que Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, propuso que los cascos azules de la ONU llegaran a la región.
Hoy, mientras es profesor de la Universidad de la Sabana y se prepara para ser candidato por el partido Alianza Social Independiente, Carlos Alfonso Velásquez ve con tristeza como todo su sacrificio se ha perdido en parte: El pacificador de Urabá está libre y se acogerá a la JEP
Del Río llegaba a producir resultados sin importar los medios para obtenerlos. Disminuyó el número de masacres, pero aumentaron los asesinatos selectivos. Encontró en los paramilitares de Carlos Castaño unos aliados en su propósito contrainsurgente. Estos se desplazaban libremente por la región; atravesaban retenes militares sin requisas ni requerimientos de identificación; entrenaban en el polígono de la base; se les advertía oportunamente de las acciones militares para evitar confrontaciones y estos a su vez se encargan de señalar supuestos auxiliadores de la guerrilla que se convertían inmediatamente en blancos de operaciones extrajudiciales.
En solo dos años, entre 1995 y 1997 se registran 2.950 homicidios con fines políticos y 32 mil desplazamientos en los cuatro municipios de Urabá. Sin embargo, el modelo Urabá de la Brigada XVII se convirtió en un laboratorio de lucha contra la insurgencia que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, se encargó de hacerle propaganda por el país y a la postre se convertiría en inspiración para la política de seguridad democrática.
El coronel Carlos Alfonso Velásquez no resistió guardar más silencio frente aquello que ocurría frente a sus ojos. Tomó un avión a Bogotá y el 31 de mayo de 1996 le entregó un informe al entonces comandante del ejército Harold Bedoya en la que relacionaba las irregularidades del comandante de la Brigada XVII. Bedoya no solo desestimó el informe sino que se las arregló para sancionarlo radicalmente. Un comportamiento que Velásquez creyó le otorgaba méritos frente al general se convirtió en su suicidio como militar. Bedoya esperó el fin del año y echó al traste la carrera del corone Velásquez: lo dio de baja.
Aunque en ese momento todo parecía oscuro y la impunidad reinaba, el informe de Velásquez fue definitivo para que el general Rito Alejo fuera judicializado y condenado en el 2012 años después y a su vez dado de baja en el gobierno de Andrés Pastrana.
En su proceso pobladores de Urabá testificaron sobre los horrores de Del Río: el exsoldado Giraldo Yepes habló de las “legalizaciones” que significaban “coger a los campesinos, vestirlos de bandoleros, ponerles un fusil encima pa(ra) cuando llegue la Fiscalía decirle que sí era bandolero. Eso lo vi mucho tiempo y lo viví”. Fueron los primeros casos de los llamados falsos positivos que se conocieron en el país, revolcaron las Fuerzas Militares y tienen a cientos de oficiales detenidos y superiores como el general Mario Montoya procesados.
Este informe presentado hace más de diez años significó el principio del fin del llamado Pacificador de Urabá. Vea el informe acá.
