El estado de desespero que comenzó a invadir a millares de colombianos, horas antes que entre en vigencia la cuarentena total por el coronavirus, llevó a internos de 13 cárceles a protagonizar amotinamientos que, en el caso de Bogotá, deja un saldo de 23 muertos y 83 heridos. Una situación dramática, sin duda.
Lo ocurrido en la penitenciaría La Modelo es el estallido de la bomba de tiempo en la que se ha convertido el hacinamiento en estos centros, situación que hace más de 10 años desbordó la capacidad de alojamiento de quienes han infringido la ley, así como de los centenares que—aun cuando no hay pruebas en su contra--, no han tenido recursos para asumir los costos de un abogado defensor. Irónicamente, los delincuentes de cuello blanco, pagan sus penas en la comodidad del hogar.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, desestimó que las asonadas fueran producto de un pánico y reacción propia del miedo, pero los hechos dicen lo contrario: la presencia de este virus en cualquiera de los centros carcelarios-podría ser por el contacto mínimo con un guarda del Inpec-desencadenaría una mortandad sin precedentes históricos en el país.
Por muchas horas, familiares de los fallecidos han pedido información veraz y precisa de lo que ocurrió.
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Reacción en Cadena
La revuelta de La Modelo, en Bogotá, tuvo réplicas en otras doce cárceles. No obstante, los comunicados oficiales giraron en torno a que se frenó el propósito de fuga y no en anunciar medidas de fondo que lleven a resolver el hacinamiento y, en segundo lugar, a garantizar una adecuada atención médica a los internos.
Lo previsible es que esta situación tenga réplicas en cadena ya que la sobrepoblación en los reclusorios, no es solamente en las principales ciudades sino en los municipios.
El grave incidente del fin de semana demanda que el gobierno nacional asuma el desafío y responda con acciones concretas que permitan asegurar o, al menos garantizar, que cada persona en reclusión, tenga acceso a una atención de salud oportuna y, en caso de emergencia, tener la certeza de que recibirán el tratamiento acorde a su necesidad.
Un país en incertidumbre
El nivel de desempleo había crecido, en el primer bimestre, en un 13% con tendencia a aumentar. En términos sencillos, 3.3 millones de colombianos estaban en el asfalto.
El panorama ahora luce más ensombrecido con la cuarentena obligatoria. ¿Quién le da trabajo a alguien? Nadie. Expertos coinciden en señalar que el porcentaje se puede triplicar (rebasar el 30% de desocupación), teniendo en cuenta que los vendedores informales están obligados a asumir la cuarentena y que, sinnúmero de empresas previendo una crisis económica histórica, solicitaron despidos masivos de personal.
Los migrantes venezolanos en medio de la crisis
Hasta el mes de enero se estimaba que en territorio colombiano habían alrededor de 1.6 millones de venezolanos asentados y ciudades y municipios. En su gran mayoría sobrevivían gracias a la solidaridad de otras personas o de la mendicidad.
El interrogante apenas natural es, si los nacionales están sumidos en el desespero por la cuarentena obligatoria y ya se siente una situación crítica en la economía, ¿quién ayudará a los migrantes?
Por supuesto, el momento que atraviesa Colombia es la radiografía de lo que ocurre en otros países latinoamericanos. Y ya se está tomando conciencia de que, sin ser apocalípticos en la visión inmediata, los niveles de vida en la nación que están por debajo de los que priman en Europa, llevará a la agudización de la miseria.
Las señales de alarma están encendidas. El desafío del presidente, Iván Duque Márquez quien no ha brillado propiamente por su liderazgo, es muy grande y deberá atenderlo…
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