Unos 2.500 campesinos, liderados por Nilson Antonio Liz, le reclaman entrega de tierras al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, en la sede de la entidad en Bogotá; la procuradora Margarita Cabello señala irregularidades en la compra de algunos predios; la Asociación de Empleados Independientes defiende a contratistas despedidos o sin pago de su salario y la Justicia Especial de Paz le pide seguridad para firmantes de paz en Miravalle, Caquetá.
Estas son algunas de las peleas casadas que enfrenta Juan Felipe Harman, posesionado en ese cargo el pasado 8 de febrero por la ya exministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, sin que todavía se sepa si la nueva ministra Martha Carvajalino lo quiere dejar en ese cargo o lo cambiará.
Lo cierto es que pese a que, solo en el último mes, la Agencia Nacional de Tierras, compró 25 mil hectáreas de tierras y Harman dice que la sede de la entidad hay 200 campesinos, Nilson Antonio Liz, presidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc), asegura que son 3.500 personas las que han protestado pacíficamente ante las oficinas de la ANT y la Agencia de Desarrollo Rural con la meta de hacer efectivas las promesas de este y los anteriores Gobiernos.
No solo le tiene que responder a los campesinos
Al respecto y mientras se dirige a Miravalle, Caquetá, para atender, como se lo solicitó la JEP, el tema de seguridad de los firmantes de paz amenazados por disidencias de las Farc y le explica a la procuradora Margarita Cabello y los organismos de control, supuestas irregularidades halladas en la compra de algunos predios como Cachorros, Harman dice que está abierto al diálogo y reconoce que están lejos de satisfacer las aspiraciones de los campesinos porque la reforma agraria apenas está comenzando.
El Informe de la Procuraduria haría inviable una reforma agraria. Tenemos diferencias técnicas con su contenido.
— Harman Felipe (@harmanfelipe) June 18, 2024
Coincidimos en hacer ajustes en procedimientos de compra y hemos actuado con celeridad. pic.twitter.com/JXKyNRz6nm
Harman en su defensa trata de aclarar las diferentes metas relacionadas con entrega de tierra a los campesinos. En el marco del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, se acordó entregar 3 millones de hectáreas y formalizar otros 7 millones de hectáreas por lo que el presidente Gustavo Petro le está pidiendo más plazo a Naciones Unidas para la implementación de la paz.
Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, quedó establecida la meta de entregar 1 millón de hectáreas en el cuatrienio y por eso, el Director de la ANT dice que en julio entregarán 40 mil hectáreas con rigor, revisiones previas y evitando errores en los procesos en los cuales se tienen que ajustar los tiempos y los presupuestos a las expectativas de las organizaciones campesinas ante las décadas de atraso.
El presidente de la Junta Directiva de la Anuc, Nilson Antonio Liz, desmintió en medios de comunicación que la ANT hubiera entregado 25.000 hectáreas el mes pasado en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Meta y Boyacá, entre otros e insistió en que los acuerdos han sido incumplidos por gobiernos anteriores ante lo cual, se organizaron en 2022 en lo que llamaron Agenda Nacional de Campesinos que están implementando desde junio pasado.
En la @AgenciaTierras se vive una masacre laboral. Esto pone en riesgo la estabilidad de la entidad y por su puesto la reforma rural integral. Pedimos intervención urgente @MintrabajoCol y @PGN_COL y atención de @petrogustavo y @MCarvajalinoV pic.twitter.com/CTmjlwiCjx
— ATI - Asociación de Trabajadores Independientes. (@ATIesparaTI1) July 7, 2024
Adicionalmente y pese a que el pasado 5 de julio, la Agencia Nacional de Tierras anunció que había firmado un acuerdo sindical con sus trabajadores, representados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agrario y de Desarrollo Rural (Sintrader), la Asociación de Trabajadores Independientes (ATI) pidió la intervención urgente del Ministerio de Trabajo, que también sigue en paro y de la Procuraduría General de la Nación para defender a los contratistas de la entidad que han sido desvinculados o que no les han pagado a tiempo.
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