Hechos como 336 homicidios desde enero de 2021 hasta septiembre 30 de 2022, el homicidio de 17 líderes sociales desde el 2017 hasta el presente año, el negacionismo institucional, 2 años sin que la Defensoría del Pueblo quisiera elaborar una alerta temprana sobre el oriente antioqueño y el poco eco que hacen los medios de comunicación sobre los hechos que ocurren en esta subregión son los motivos por el cual el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente realizó una alerta temprana para mostrar lo que tiene que soportar la población civil.
“El crecimiento del dominio territorial de las AGC, el Clan Isaza, El Mesa, la denominada Oficina y otros grupos armados del Valle de Aburrá hacia los municipios del oriente de Antioquia son cada vez más notorios entre la ciudadanía, sin embargo, las respectivas autoridades siguen negando un fenómeno que se propaga sin control desde lo urbano hacia lo rural”, asegura la alerta temprana en su página 13.
Los grupos armados que tienen presencia en el oriente antioqueño son: El Clan Isaza, El Mesa, Grupos de Delincuencia Común Organizada GDCO, Clan del Golfo, Oficina Valle de Aburrá, Los Trianas, Los Pachelly, Los Pamplona, Alianza Criminal del Norte, Clan Isaza y Clan Oriente. Adicionalmente, desde esta organización aseveran que en esta subregión no hay presencia de la guerrilla como lo puede ser el ELN o las Disidencias de las Farc.
“Con la experiencia que tengo en términos de derechos humanos en el departamento, hay noticias que generan conciencia colectiva en el periodismo cuando hablamos del norte, del Bajo Cauca o de Urabá; pero esta alerta por el oriente no tuvo la misma acogida porque parte del centro de poder del departamento opera en esta zona”, asegura Óscar Yesid Zapata, defensor de DD. HH.
Aunado al conflicto por el narcotráfico, se suma la que produce la violencia estructural de proyectos minero-energéticos donde sobresalen ejemplos como: Clear Water en el río Churimo, encabezada por un familiar del senador Germán Hoyos; la microcentral licenciada en Cocorná por la empresa Pramming de Héctor Taborda Maya; o la microcentral en el río San Lorenzo planeada por Gen+ de Mauricio Tobón.
“La licencia para la construcción de otras 40 PCH están siendo otorgadas por la Corporación Autónoma Regional (Cornare) hacia zonas de las Cuencas de los ríos Negro y Nare. En gran parte, estos proyectos son concesiones para la generación de energía a partir de las fuentes hídricas, pero también se están entregando otros permisos para la explotación minera y estudios de tierras sin importar el costo ambiental”, advierte la alerta temprana en su página 12.
Asimismo, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) reposan cerca de 5.867 solicitudes, muchas de ellas no han sido resueltas como lo señala el informe Antioquia Silenciada.
“Es más, el silencio y las omisiones de las autoridades ha dejado una peligrosa puerta abierta para que el narcotráfico trasnacional y nacional, tenga en el oriente antioqueño, un territorio idóneo para fortalecer sus negocios y sus enclaves financieros. Un hecho sin precedentes recientes fue denunciado por el mismo CTI de Rionegro. El Coordinador de esta entidad, mediante un comunicado público, alertó sobre un posible plan de las AGC para cometer un atentado contra servidores y funcionarios del palacio de justicia municipal”, manifiesta la alerta temprana en su página 16.
“Cuando le preguntamos a la institucionalidad nos dicen que no es cierto y que somos los defensores de DD. HH. más mentirosos del país, pero la incursión de ejércitos en Nariño, Argelia y Sonsón nos dan la razón; hay una omisión en sus funciones para dejar reconfigurar esos poderes y extrañamente eso se mezcla con proyectos minero-energéticos que hacen parte del supuesto desarrollo institucional. Nada de lo que denuncia la ciudadanía está siendo tenido en cuenta por las autoridades”, concluye Zapata.
Aunque quisimos escuchar la versión de los hechos de Policía Antioquia, hasta el momento no pudimos contrastar la información.
