Desde hace años se ha orquestado una campaña contra el salario mínimo, no solo tratando de frenar su incremento, sino incluso diluyéndolo o eliminándolo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, realizó un análisis de Colombia en su informe de política Going for Growth 2021 “Apuesta al crecimiento: Dando forma a una recuperación vibrante”. En dicho informe señaló que los “altos niveles de sobrecostos laborales no salariales y un salario mínimo relativamente alto debe reducirse para fomentar la contratación formal”. Recomendó también revisar el salario mínimo para alcanzar un “nivel más amigable con el empleo”. La receta fue acompañada de recomendaciones en el sentido de bajar aranceles y reducir barreras no arancelarias a las importaciones.
La OCDE coincide con la posición sostenida insistentemente por el FMI en el sentido de que “un salario mínimo muy generoso puede inducir a los empleadores a eliminar puestos”. Las recomendaciones del Fondo sugieren la fijación del mínimo por parte de “expertos independientes”, tesis que contradice el Convenio 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos que exige la participación de los interlocutores sociales y tener en cuenta las necesidades de las familias trabajadoras.
En un informe de 2020, Hamid Faruqee, jefe de la misión para Colombia del FMI, añadió que “Colombia dentro de los países de la OCDE, tiene uno de los salarios mínimos más altos con relación al salario medio, entonces uno de los problemas que está enfrentando el país es si hay suficiente flexibilidad para poder contratar más trabajadores, para poder tener más oportunidades de empleo”. Y señaló que el país debía migrar a un sistema en el que se permita trabajar por horas y además disminuir los costos no relacionados directamente con el sistema laboral.
Estas posiciones van en consonancia con la idea de un salario mínimo diferencial por regiones, lo cual no implica subirlo en las regiones avanzadas sino bajarlo en las atrasadas. Se suman a la insistente propuesta de legalizar y reglamentar salarios y pensiones inferiores al salario mínimo.
Es la política que ha guiado a los últimos gobiernos, especialmente al de Iván Duque, que se hace eco de la tesis de que la flexibilización laboral aumenta la inversión y el empleo. La estrategia incluye no solo golpear el salario mínimo, sino además eliminar los recargos nocturnos y dominicales, y establecer el llamado Piso de Protección Social, que determina ingresos irrisorios a un gran número de trabajadores, impide que lleguen a pensionarse con el ingreso mínimo tal como lo establece la ley y los condena a acogerse a los Beneficios Económicos Periódicos, una pensión bajísima para aquellos que ganen menos del mínimo, pero que los obliga a cotizar de todas maneras, algo así como un programa de ahorro individual para los estratos 1 y 2.
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La tesis de que los recortes salariales y la flexibilización aumentan el empleo y la inversión no tiene ningún sustento fáctico
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La tesis de que los recortes salariales y la flexibilización aumentan el empleo y la inversión no tiene ningún sustento fáctico. Por el contrario, hay una extensa literatura académica que la refuta y el caso de Colombia lo demuestra. Por ejemplo, la participación de los ingresos laborales en el PIB ha caído de alrededor del 41,4 % a comienzos de los noventa al 34 % en los últimos años, sin que se hayan dinamizado ni la inversión ni el empleo.
Ciertamente, los empresarios enfrentan serias dificultades. La participación de la industria y el agro en el PIB ha caído sistemáticamente desde cuando se lanzó la apertura económica en los noventa. También son víctimas de los altos intereses y costos de intermediación del sector financiero, de una infraestructura deficiente que les encarece el transporte, de la ausencia de un desarrollo tecnológico que aumente la productividad, de los altos precios de la energía y, en fin, de la competencia desleal de mercancías importadas por millones de toneladas o del contrabando. Pero el gobierno, tan presto a deteriorar los salarios, no hace nada para superar las dificultades empresariales.
Los salarios, a diferencia de los factores enunciados atrás, tienen una virtud y es que son el principal factor que puede dinamizar la demanda interna.
La ofensiva gubernamental contra los ingresos laborales y el deterioro de las condiciones laborales, recomendados por la OCDE y el FMI, no ha contribuido al desarrollo económico y social. Si el gobierno no ha profundizado su agenda, la cual incluía en 2020 unas reformas laboral y pensional regresivas, fue porque las movilizaciones sociales se lo impidieron.
La anunciada negociación para establecer el monto del salario mínimo no es más que otro episodio en esta lucha por defender los ingresos de la población y los derechos adquiridos. El gobierno la quiere presentar como una discusión técnica en la cual los expertos tienen mucho que decir, pero en realidad es un debate político y sobre el modelo de desarrollo. Se descarta que el aumento debe estar por encima de la inflación, que bordea el 5 % y que en el futuro previsible va a aumentar, como ocurre en todo el mundo. También está claro que la productividad ha aumentado, principalmente por una mayor intensidad del trabajo más que por desarrollos tecnológicos y, en esas condiciones, si se suman la productividad creciente, la inflación y la necesidad de incrementar el consumo para reactivar la economía, el incremento ha de ser superior al 12%. Dicho así, el porcentaje parece grande, pero serían $110.000 mensuales y $3.600 diarios, lo cual no significa mucho para más de la mitad de la población que recibe menos del mínimo. Sería un acto elemental de justicia social.
