La semana pasada El País de Madrid publicó un extenso reportaje en dos entregas cuyo objetivo era denunciar la implicación de los empresarios mexicanos y del gobierno de López Obrador en las operaciones comerciales y financieras del gobierno de Venezuela destinadas a eludir el drástico bloqueo que los gobiernos de Obama y de Trump han impuesto al país hermano. El bloqueo que le impide vender libremente su petróleo en el mercado internacional y obtener las divisas que le permiten comprar en el exterior los bienes indispensables para su supervivencia. Según dicho reportaje, las operaciones se iniciaron en respuesta al sabotaje de la red eléctrica nacional en marzo de 2019 que paralizó sectores claves de la economía venezolana, incluidos los acueductos. Ante esta emergencia, Delcy Rodríguez - entonces canciller- contactó unos empresarios mexicanos para que sirvieran de intermediarios en la compra urgente de plantas generadoras de energía y de camiones cisterna de agua potable.
Gracias a sus gestiones, el empresario mexicano José Adolfo Murat viajó a Caracas y se entrevistó inicialmente con Simón Zerpa, entonces ministro de economía. Y luego con Ricardo Morón y José Luis Sandoval, altos cargos del gobierno venezolano, que ampliaron el pedido incluyendo la compra de maíz y de trigo que propusieron pagar con oro, ante la imposibilidad de pagarlo en dólares o en euros. Cualquier empresa del mundo que realice cualquier transacción comercial o financiera con Venezuela se expone a que la sancione Washington. Como le ocurrió, por ejemplo, al banco de inversiones francés Société Générale que, en noviembre de 2018, debió pagar a las autoridades norteamericanas una multa de 1.340 millones de dólares por haber realizado operaciones en Cuba entre 2004 y 2014 que para dichas autoridades consideraron violatorias del embargo decretado a la isla.
Después de estos contactos entra en escena Joaquín Leal, joven ejecutivo vinculado a la empresa mexicana Libre abordo, que habría de desempeñar un gran papel en la compra de los generadores eléctricos, de 1.000 camiones cisterna y de 210.000 toneladas de maíz y en la venta de 30 millones de barriles de petróleo en Asia, con los que se pagaron esas compras. La necesidad de eludir las sanciones le obligó sin embargo a construir una red de 50 empresas fantasmas en 30 países y paraísos fiscales con el fin de ocultar los flujos de dinero al escrutinio urbi et orbi de los cancerberos de Washington. Y a vender el petróleo a precios inferiores a los existentes en el mercado mundial para compensar los riesgos que entrañaba su compra.
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La necesidad de eludir las sanciones le obligó a construir una red de 50 empresas fantasmas en 30 países y paraísos fiscales con el fin de ocultar los flujos de dinero al escrutinio de Washington
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Al final no lo pudo ocultar, tal y como lo demuestran los reportajes de El País que desnudan dicha trama. Y que- como ya dije - se empeñan en implicar directamente al gobierno de México en el tejido de la misma. De hecho, en la segunda entrega del reportaje, publicada el 14 de junio con el título “Una red opaca con la ayuda del Gobierno López Obrador”, se afirma que Libre Abordo se presenta “como una empresa nombrada por el Gobierno de México para hacer este tipo de operaciones”; que documentos en poder del diario así como distintas fuentes, “confirman la relación entre Joaquín Leal y el subsecretario de Exteriores de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes” y que Segalmex, que depende de la Secretaria de Agricultura, fue la que vendió el trigo.
Estas acusaciones fueron negadas por la Secretaria de Exteriores mexicana en un comunicado del 15 de junio que reiteró que el gobierno de su país “rechaza las sanciones internacionales como instrumento para resolver la situación política en Venezuela” y “es promotor y partícipe de acciones de ayuda humanitaria que puedan paliar los efectos de la crisis económica y social que vive el país hermano”.
A despecho de estas declaraciones, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, a cargo de Santiago Nieto, acusó a Libre abordo de blanqueo de dinero y pidió a la fiscalía el embargo de las cuentas de Leal y del resto de los socios de la empresa. Decisiones dictadas evidentemente por la obediencia ciega a un orden jurídico internacional que Washington manipula a su antojo antes que por la defensa de la justicia y la solidaridad entre países hermanos.
