El pasado 6 de marzo, en medio de la agitación política generada por la revelación de unos audios que demostrarían la supuesta financiación de dineros ilícitos en la campaña del entonces candidato Iván Duque, se registró el primer caso de una persona contagiada por el virus COVID-19 en el país. 15 días después, Colombia registra más de 300 personas contagiadas. El gobierno y los gobiernos territoriales han comenzado a tomar serias medidas para contrarrestar la rápida propagación de la pandemia y garantizar la salubridad pública de los habitantes.
En Bogotá, la alcaldía decretó el simulacro obligatorio entre los días 20 a 23 de marzo, que dictó medida de aislamiento social para reducir el riesgo de contagio ante el incremento acelerado de personas portadoras del virus. En el caso de la ciudadanía se ha evidenciado que acató en buena proporción este simulacro. No obstante, algunos ciudadanos inconscientes tomaron estos días como vacaciones y salieron de Bogotá, arriesgando llevar el virus a esos territorios que no cuentan con los mínimos necesarios en equipamientos y personal médico para paliar la pandemia.
El 20 de marzo, el presidente Duque, atendiendo distintas voces, tomó la decisión — necesaria y urgente— de decretar la cuarentena en todo el territorio nacional desde el próximo 23 de marzo a las 11:59 p.m. hasta el 13 de abril. Es claro que muchas de las actividades económicas, sociales, políticas y de interés para los territorios van a sufrir dificultades que van a requerir el esfuerzo de todos y todas para lograr minimizar los efectos en la vida y supervivencia de grandes conglomerados de población.
Esta situación implicará retrasos en las diferentes agendas institucionales de las entidades públicas. En el caso de la administración distrital –como en otros territorios del país— supondrá una reacomodación de las actividades, estrategias y decisiones en materia de gobernabilidad.
Quizás la más significativa tenga que ver con la formulación del plan de desarrollo distrital 2020-2024 (Un nuevo pacto social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI), cuyo borrador fue entregado en febrero al Consejo Territorial de Planeación Distrital, y que deberá entregar el concepto formal a la administración pública al finalizar marzo. Posteriormente, y luego de la revisión de dicho concepto, la alcaldía realizará los ajustes pertinentes y procederá a su radicación ante el Consejo Distrital para su discusión y aprobación.
En esa línea, el CTPD había venido realizando una serie de encuentros ciudadanos, en las localidades, con el fin de reunir las opiniones de la gente, en aras de contribuir con un concepto riguroso en relación con la gestión de la ciudad en los próximos cuatro años. Sin embargo, el cronograma previsto ha quedado en vilo ante la emergencia sanitaria, y al parecer, tendremos un concepto formulado a medio andar, pues no se podrán realizar todas las audiencias previstas.
En el nivel local los planes de desarrollo locales han tenido que ser modificados en lo que respecta al cronograma para la realización de los Encuentros Ciudadanos. Por medio de la Circular Conjunta No. 009 del 16 de marzo de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha dictaminado posponer dichos eventos, así como invitar a que se dispongan de “canales virtuales para garantizar el derecho a la participación ciudadana y mitigar el riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C”.
Se trata de una puesta en marcha anticipada de la estrategia de Gobierno Abierto, consignada como uno de los cinco propósitos de la propuesta de plan de desarrollo distrital. Se pretende hacer un uso eficiente de la tecnología para promover una ciudadanía digital, medida acertada en tiempos donde la propagación del virus generará cambios indiscutibles sobre las economías, la política, el mundo del trabajo, las relaciones sociales, las comunicaciones y los espacios de encuentro entre las ciudadanías y los tomadores de decisión.
Esta medida ha modificado la Ruta Metodológica de los Encuentros Ciudadanos, en los cuales se pretende definir y asignar los presupuestos con los que contarán cada una de las 20 localidades de la ciudad para hacer frente a sus diferentes problemáticas, estableciendo en qué ámbitos se invertirán los recursos. La tarea no es menor; la alcaldía ha definido que el 40% de la asignación de los recursos para las localidades provenga de los Encuentros Ciudadanos, es decir, los presupuestos cuenten con el aval y aprobación de la ciudadanía.
Sin duda el reto es enorme, más aun existiendo poco interés ciudadano por participar en lo público. De acuerdo con la encuesta sobre participación ciudadana realizada por Foro Nacional por Colombia (2018), el 51,1% de las personas no aceptarían ser parte de algún espacio de participación ciudadana si fuesen invitados, el 51,3% nunca ha asistido a algún evento de participación y el 24,2% casi nunca lo hace, y tan solo el 18,9% de las personas utiliza las redes sociales para enterarse de las actividades de participación en Bogotá.
Ante estas cifras, es vital que toda la administración distrital realice un despliegue masivo de promoción y generación de interés para que la ciudadanía de las localidades, hoy en día en cuarentena, se motiven a utilizar las plataformas virtuales como escenario de interlocución y participación sobre las problemáticas que les atañen. De igual forma, se deben adoptar las medidas necesarias para que esta posibilidad llegue a hogares donde que no cuentan con acceso a internet (24,5%, según, el censo del Dane 2018).
En esta crisis sanitaria la administración distrital no solo debe atender de manera prioritaria a las personas más vulnerables sino garantizar el abastecimiento de alimentos, atender la salud de las familias, proporcionar subsidios a la gran población informal que hoy sobrevive en la ciudad, facilitar canales para los pagos de servicios públicos o establecer mecanismos para aplazar dichos pagos y garantizar estos servicios a toda la población. También se debe asegurar que la apuesta en materia del desarrollo de los territorios y de las poblaciones siga adelante. Se espera, entonces, la apertura y la promoción de espacios virtuales para que la ciudadanía contribuya masivamente en la construcción de ese nuevo pacto social y ambiental y se concrete la apuesta de una ciudad más incluyente, participativa, que lucha contra la corrupción y que contribuye a respetar el medio ambiente.
