El lunes 9 de agosto de 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) trajo la fuerza pública para desalojar un grupo de jóvenes ambientalistas que habían establecido en el humedal Tibabuyes un campamento de observación y vigilancia.
Este humedal, también conocido como humedal Juan Amarillo, es lo que queda del lago que en un tiempo fue lo que hoy conocemos como la sabana de Bogotá. Se estima que hace unos 20.000 años ese lago empezó a desaguarse por el salto de Tequendama. Es el humedal más grande, con aproximadamente 222,58 hectáreas. Su importancia para el sostenimiento del equilibrio del medioambiente radica, entre otros factores, en constituirse en hábitat de importancia de la Tingua bogotana, una variedad de ave local (Rallus semiplumbeus) y en ser el único que registra el musgo de pantano (Fontinalis bogotensis).
Sin embargo, su fauna no se limita a la especie mencionada. Tibabuyes o Juan Amarillo es uno de los 15 humedales que aún sobreviven en Bogotá. Además, el humedal contribuye, tal como es propio de estos cuerpos de agua, al suministro de agua, a la mitigación del cambio climático, a la nidificación de aves migratorias, al control de deslizamientos e inundaciones y al embellecimiento general de la ciudad.
La presencia de los jóvenes ambientalistas en el lugar forma parte de una protesta general contra las obras de adecuación que la EAAB había iniciado en 2018. Estos trabajos movilizaron a los defensores del medioambiente y a la ciudadanía en general debido a los daños irreparables que le ocasionarían al humedal.
La gravedad de la situación fue de tal magnitud que incluso la alcaldesa Claudia López, durante su campaña electoral, se unió a las voces y manifestaciones de protesta. Su compromiso con la protección del medioambiente pareció convincente, al punto que ella incluyó esa medida en su promesa de campaña electoral. Los votantes que la respaldaron en las urnas lo hicieron a partir del convencimiento de que tendrían una aliada en la defensa de los humedales en la sabana bogotana.
Los trabajos de adecuación incluían la construcción de senderos peatonales a lo largo del humedal. No obstante, la ciudadanía constató que en lugar de la elaboración de pasadizos y puentes que permitieran el flujo del agua, lo que se estaba haciendo era un trabajo que consistía en el endurecimiento del terreno. En decir, el humedal estaba siendo directamente atacado.
Ante la dificultad que la ciudadanía ha encontrado para un diálogo abierto con la administración distrital, los activistas optaron por ejercer una vigilancia cercana y permanente a fin de garantizar que las obras no continuaran y que el humedal ocupara un lugar primordial en la agenda de la administración. Esa es la razón por la que desde hacía varios meses había una presencia permanente en el lugar. Fue esa presencia la que la fuerza pública recibió la orden de desalojar.
La administración de Claudia López alega que de no proseguir con los trabajos se puede incurrir en detrimento patrimonial con las sanciones que ello acarrearía. Dice Cristina Arango, gerente de la EAAB, que el monto de la inversión es de 68.000 millones de pesos.
Sin embargo, esta decisión choca no solamente con sus promesas electorales, sino también con la visión de ciudad por ella prometida, una ciudad cuidadora también del medioambiente.
La presencia de la fuerza pública desencadenó choques no solo con los manifestantes en el humedal, sino también con la ciudadanía en general, mayormente en Suba. Tal como es ya propio en el país, la interacción con la ciudadanía se plantea a partir de que el ciudadano es el enemigo, razón por la cual la fuerza pública implementa modalidades de guerra abierta.
Las fuerzas antimotines de la policía se hicieron presentes para reprimir la protesta ciudadana. El punto culminante de la violencia lo constituyó el incendio de un bus del sistema integrado de transporte público. Las versiones oficiales difundidas por los grandes medios en el sentido de que personas encapuchadas habían incendiado el bus, que en ese momento estaba en servicio y transportaba pasajeros, fueron rápidamente desmentidas. Videos de los allí presentes, cuya autenticidad fue luego corroborada, mostraron a agentes del Esmad llevando a cabo esa labor de sabotaje. El incendio fue obra de los agentes de la fuerza policial.
Los que defendemos el medioambiente también rechazamos la política de reprimir la protesta ciudadana, de criminalizarla, de negarse el diálogo y de usar la fuerza pública para satanizar las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía.
