El Hospital General de Medellín se ha convertido en un fortín con el que los políticos quieren quedarse. Y no es para menos, pues maneja anualmente un presupuesto de $360.000 millones que se pueden administrar casi que discrecionalmente desde que el 14 de julio de 2020 la Junta Directiva modificó la forma de contratación.
Para ello la junta, con el abogado Jhonatan Villada como representante del Alcalde Quintero, levantó varios filtros de contratación, entre ellos la condición de que cualquier compra por encima de los $50 millones debía tener el visto bueno de la junta directiva. El hábil abogado de la Universidad de Medellín, mano derecha de Quintero, había modificado previamente un parágrafo del estatuto contractual para poder adicionar hasta en un 50% de su valor inicial (o más si tienen previa aprobación de la junta). En ambas decisiones Villada fue clave. Gracias a esta movida legal, el Hospital entregó en los primeros meses de 2022 casi a dedo un total de 35 contratos que suman más de $5.000 millones.
Jhonatan Villada, hombre de confianza de Quintero: Secretario general de la Alcaldía y ahora vicepresidente de Asuntos Legales de EPM.
Leidy Jiménez Echavarría, la actual presidenta de la Junta Directiva del Hospital General de Medellín, otra funcionaria de confianza de Quintero a quién nombró, muy recién posesionado, personera delegada, es actualmente la Subsecretaría de Selección y Gestión de proveedores de la Alcaldía. Así que las movidas con el Hospital han sido calculadas al milímetro.
Recién iniciada la nueva administración, se le dio la instrucción a los cerca de ochenta empleados vinculados al hospital con contratos de prestación de servicios, afiliarse a tres organizaciones sindicales, Famysalud, Prodesa y Sindisalud, si quieren seguir con su trabajo. Según Leidy Flórez, representante de SintraHospitalGeneral de Medellín, el sindicato tradicional y mayoritario del HGM, este cambio producía una pérdida de derechos laborales, así como la reducción en el salario percibido debido al porcentaje que se quedará en manos de las agremiaciones sindicales. Estos sindicatos se han ido convirtiendo en grandes contratistas del Hospital General.
FamiSalud y Sindisalud son conocidas en el sector desde 2013 cuando Orlando José Rodríguez Álvarez llegó a la gerencia del hospital público César Uribe Piedrahita de Caucasia, Antioquia. Empezó con la tercerización de actividades del hospital con sindicatos, una cadena de subcontrataciones que para 2018 el sindicato Sintrasant ya copaba el 51% de los ingresos del hospital. De un primer contrato por $20 millones, recibió 564 negocios mas con la institución, para gestionar cerca de $99 mil millones.
Antes de terminar la gerencia Orlando Rodríguez, una auditoría de la Contraloría General de Antioquia (CGA) de 2018 sobre su gestión, reveló un presunto detrimento de $ 863 millones a través de impuestos en estampillas, destinados a apoyar gastos en salud, educación y adultos mayores, que fueron reembolsados, entre otros, a tres sindicatos: Sintrasant, Sindisalud y Famisalud.
Durante el primer trimestre de este 2022, el HGM entregó once contratos a Sindisalud por valor de $2.929.752.588, todos con el objeto contractual de: “Ejecutar bajo la figura de contrato sindical la prestación de servicios de profesionales en los procesos y subprocesos administrativos # del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE de acuerdo con los requerimientos realizados por el hospital y la disponibilidad de los mismos”.
Sindisalud estuvo el pasado septiembre de 2021 en el ojo público luego de que los auxiliares de enfermería del Hospital San Rafael de Itagüí, vinculados a esa organización, protestaran porque les debían dos meses de salario.
El siguiente cuadro presenta los contratos de Sindisalud desde 2018 registrados en Secop:
Con FamySalud – Asociación Sindical de Salud de Antioquia, estableció en estos pocos meses del 2022, ocho contratos por valor de $ 1.184.849.871, cuyos objetos varían es en el servicio que deben prestar los profesionales, de instrumentación quirúrgica, asistenciales, imágenes diagnósticas, etc.
El siguiente cuadro muestra las contrataciones de FamySalud desde su fundación, donde se puede apreciar el gran incremento logrado en los años 2020 y 2021, de la Alcaldía de Daniel Quintero. Un aumento en la contratación que se debe principalmente al contrato con el Hospital La María en Medellín.
Contratos del 2018 en adelante
Adicionalmente, el Hospital General firmó al año pasado sindical con la Asociación Gremial Sindical – Prodesa AGS un contrato para la gestión de procesos en los servicios de profesionales generales de la salud tecnólogos y técnicos por valor de $10.366.633.536. Y otro contrato sindical con la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud – Fedsalud, para los servicios médicos especializados intensivistas y pediátricos por valor de $ 9.334.670.100
El malestar entre los empleados del Hospital es más que evidente. Lo han expresado en plantones de rechazo a las prácticas laborales que califican como maniobras de tercerización laboral impulsada por la actual gerencia del hospital y que consiste en que más de quinientos de sus trabajadores que hasta fin de año tenían contrato por prestación de servicios, pasen a tener contratos con tres agremiaciones sindicales del sector salud.
Adicionalmente, a principios de febrero de este año, la Superintendencia de Salud informó que no aprobó por segunda vez el plan de mejoramiento del Hospital General, con el cual la entidad debía subsanar los 55 hallazgos o deficiencias (13 administrativos, 12 financieros y 30 asistenciales), identificados en las visitas de inspección y vigilancia, realizadas en marzo y junio de 2021.
Entre los hallazgos encontrados, está el que el hospital, además, no ejerce una supervisión adecuada de los contratos y se generaron pagos sin el seguimiento técnico requerido, en por lo menos 11 contratos suscritos, e hizo se hizo traslado a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP de un hallazgo, tras encontrar que una asociación sindical, proveedor del Hospital, realiza una posible evasión al cotizar sobre un valor inferior al realmente devengado por los trabajadores.
Las denuncias realizadas por las irregularidades en la contratación del Hospital de Medellín están incomodando a más de uno y hace apenas un par de semanas Camilo Toro, secretario general del Sindicato de Profesionales y trabajadores del Hospital General (Sinprogen), fue amenazado de muerte. Toro ha estado alertando sobre los problemas en la contratación, que parece no tener ningún control en una entidad que maneja un millonario presupuesto.
