En Ibagué, el Hospital Federico Lleras Acosta es un enfermo terminal al que han tenido que reanimar varias veces. Parece que lo que queda es la eutanasia. El gobierno nacional balbucea, pero finalmente calla.
La crisis del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué no es una noticia nueva pero sí importante: El principal Hospital del Tolima, de mayor complejidad, público y que atiende a población principalmente de estratos 1, 2 y 3 se ha venido deteriorando durante los últimos 3 años. Esto no solamente se ha visto reflejado en el no pago de salarios a sus trabajadores –a los que les adeudan pagos de años anteriores y del año en curso- sino en la falta de insumos para la atención diaria de los pacientes que ingresan a urgencias, se hospitalizan, se atienden por consulta externa o se programan para cirugía, lo que ha llevado al cierre “temporal” de servicios completos como sala de partos y al paro de los trabajadores, en reacción a la mínima interlocución que logran en la administración departamental y nacional y ante la incapacitante ausencia de lo mínimo requerido para lograr un trabajo enmarcado bajo los preceptos de un servicio de calidad y los principios de la ética.
Pero más importante que las situaciones “particulares” de los trabajadores y de funcionamiento del Hospital, son las vivencias a las que han tenido que ser sometidos los usuarios, a quienes les ha tocado ser –ahora sí y en su más ingrata acepción- pacientes.
Pacientes con cáncer han tenido que ser remitidos a otras instituciones para la programación de sus procedimientos quirúrgicos. Lo mismo ha pasado con niños y adultos que necesitan tratamientos especializados –ortopédicos, con quimioterapia, con cirugía plástica, entre otros-. En el mejor de los casos, los pacientes han solicitado retiro voluntario para que sus familiares los lleven a una institución donde les puedan brindar los servicios que necesitan y para los cuales el personal de salud del Hospital Federico Lleras se encuentra “maniatado”.
Del servicio de urgencias se han tenido que remitir pacientes a instituciones de menor complejidad para procedimientos tan básicos como suturar una herida (“coger puntos”), pues ha escaseado hasta el material de sutura. En el peor de los casos los pacientes se han complicado durante la espera de su procedimiento electivo (programable) siendo operados de urgencia. Desolador. Y ni qué decir de las madres en estado de embarazo, quienes se han tenido que enfrentar ante un servicio de sala de partos cerrado, donde no pueden tener a sus bebés debido a la ausencia de lo mínimo para su cuidado, teniendo que recurrir a instituciones públicas sin especialistas en ginecoobstetricia o a instituciones privadas absolutamente congestionadas por el gran flujo de pacientes generando una red hospitalaria amenazada a diario y al borde del colapso –evidenciado en la alerta naranja departamental-, que no estaría preparada para asumir cualquier eventualidad de mayor magnitud como un desastre natural y que, de hecho, en la actualidad, es insuficiente para brindar un cuidado humano, adecuado, oportuno e integral que atienda de manera digna los requerimientos de las salud de los tolimenses.
Pero, ¿quiénes son los culpables de esta alarmante, decepcionante, amenazante y vergonzosa situación? Hay múltiples responsables de esta crisis: El sistema de salud colombiano, mutado a un monstruo ahora insensible asesino desde la aparición de la ley 100 de 1993, muestra su rapacidad en los irregulares manejos administrativos que han azotado no solo a este sino a muchos de los hospitales públicos del país desangrando al sistema hasta llevarlo a la hipoxia económica y la necrosis organizacional; las formas perversas de contratación que han tercerizado la labor asistencial a través de cooperativas que, si bien han ido desapareciendo, aún incumplen de forma nefasta con sus obligaciones patronales desviando la obligación estatal frente a los compromisos laborales de los trabajadores de la salud; las millonarias sumas de dinero adeudadas por las EPS, destacando aquí que las principales deudoras son EPS estatales como CAPRECOM, siendo el Estado el que más ha contribuido con la crisis al ser el mayor deudor de sí mismo a través del sistema de salud pública, algo así como un suicida que se sostiene aferrado a su roca bajo el agua hasta llegar al ahogo.
Las respuestas a la crisis han sido múltiples, siendo algunas de las principales las manifestaciones de alerta por parte de los trabajadores de la salud y el llamado de sus organizaciones al paro, así como la convocatoria por parte de los mismos y de la ciudadanía a los miembros del ejecutivo y de la administración departamental en busca de la defensa de su derecho a la vida; el anuncio de una intervención administrativa que a estas alturas no se sabe si llegó o llegará con todas sus consecuencias.
Las casi monosilábicas y salomónicas respuestas en Twitter del Ministro de Salud Alejandro Gaviria: “Los problemas del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué se originan esencialmente en la corrupción y la mala administración”…. “La supuesta cartera de 120 mil millones es una ficción. La realidad es muy distinta. Cuenta alegres para esconder problemas reales.” Y el pronunciamiento por parte del gobernador del Tolima Luis Carlos Delgado Peñón y el gerente del Hospital José Raúl Reyes quienes ratifican que la deuda está alrededor de los ciento veinte mil millones de pesos siendo el verdadero problema la entrega, a cuentagotas, de los recursos por parte del gobierno nacional, son las últimas novedades acerca del moribundo Hospital.
Mientras tanto, cientos de personas continúan sin saber a dónde ir en caso de una urgencia, se encuentran a la expectativa de sus intervenciones o se complican a diario por la falta de realización de procedimientos que en condiciones normales se podrían realizar con menores riesgos y de manera oportuna. Finalmente, ¿a quién le importa que se estén muriendo los tolimenses? Ya van dos años de enfermedad terminal, y contando. Invitados todos al entierro.
