Han pasado ya más de 30 años desde que en Colombia se comenzó a hablar de la descentralización, la cual se introdujo en el escenario institucional con el argumento de que tendría muchos beneficios para la sociedad nacional, en razón al acercamiento de la comunidad con el Estado y con ello el refresco para la democracia y la mayor capacidad para el mejoramiento de las condiciones de vida, que en lenguaje académico se llaman desarrollo.
Pero desde que comenzó el presente siglo surgieron las inquietudes e interrogantes acerca de los resultados del proceso, cuyos beneficios no han sido claros y menos aún contundentes, por lo que los académicos llegaron a la conclusión de que la sola descentralización administrativa no es suficiente para arrojar beneficios, sino se acompaña con la descentralización política y con ello el fortalecimiento de la Democracia Participativa. Sin embargo, el país lo que muestra es un recalcitrante centralismo político que concentra en la capital, el más asfixiante núcleo de las decisiones, hasta el punto de que el centralismo bogotano es una de las causas de la grave crisis institucional que inunda al país y que no se puede ocultar.
Con ello, entonces, surgieron las esperanzas de que algún día, el país tendría mayor descentralización política, entendida esta como el empoderamiento de las comunidades locales y municipales para diseñar y regir la construcción de su propio futuro y en el marco de la democracia participativa, poder aplicar métodos de gobernanza adecuados a la implementación del enfoque endógeno del desarrollo. No obstante, lo que veníamos viendo era que cada vez, el DNP se convertía en el principal enemigo de la descentralización y con métodos de chantaje e infiltración, atacaba con más fuerza la autonomía municipal consagrada en la Constitución Política.
Pero ahora sí, le colocaron la tapa. El mal llamado Plan Nacional de Desarrollo, denominado Pacto por Colombia, pacto por la equidad, incluye en el punto 16 el pacto por la descentralización que, en lugar de fortalecer la descentralización política como requiere el país, sale con un nuevo enfoque que, según dice, obedece al paradigma impuesto por la OCDE y que tiene una connotación puramente financierista, al mejor estilo neoliberal. La descentralización se refiere al aumento de la generación de ingresos por parte de las entidades territoriales y particularmente el municipio. Descentralización significa para el PND que los alcaldes se dediquen a exprimir más a las comunidades municipales para aumentar los ingresos de la entidad territorial. O sea que no basta con la exprimida que pega la Dian a las familias, sino que ahora también el municipio debe apretar más las finanzas domésticas para, supuestamente, traer mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades municipales.
Con este enfoque, no solamente se apartan de la filosofía de la descentralización que nos ofrecieron en los años ochenta, sino que distorsiona completamente la teoría de la gestión pública y el enfoque de políticas públicas concordante con los principios del desarrollo endógeno, por cuanto las fuentes de ingresos municipales son limitadas y descansan, principalmente, en los gravámenes a la propiedad de la tierra, lo que de por sí, ya está saturado, de modo que la política de descentralización del PND se convierte verdaderamente en el horror de la descentralización.
