En los cabildos indígenas aledaños a la multinacional minera Cerro Matoso S.A., nacieron tres niños sin ano y uno sin pene ni vagina. Pero en el año 2011 casi no nacen; de 36 embarazos, 14 fueron abortos. Así mismo, otros menores han llegado al mundo con deformaciones congénitas: labio leporino y piel que se descascara son las más frecuentes. El futuro de esta población es incierto. Mientras el presente de un centenar de trabajadores de la compañía ya está echado: cáncer, perforaciones de tabique, dermatitis severa, sordera, asma, trastornos de columna y enfermedades citogenéticas están matando a la gente. La situación se tornó tan grave que un buen grupo de los afectados contacto una asesoría legal de gran calado: la firma de abogados de Abelardo de la Espriella.
Todo empezó en los años sesenta. Al municipio de Montelíbano (Córdoba) llegó un extranjero para hacerse rico. Pero no llegó a un baldío, aquellas tierras que comprenden el Alto San Jorge, eran habitadas desde hace cinco siglos por los indígenas del pueblo Zenú y luego por campesinos mestizos los cuales vivían de sus cosechas de maíz, arroz, ñame, yuca y una gran variedad de siembras frutales. Pescaban en sus cristalinos ríos y cazaban algunos animales silvestres. De pronto comenzaron a observar que el forastero, a quién apodaron ‘Mister Jama’, levantó un campamento en el cerro que quedaba al lado de la cuenca del río San Jorge. El extraño cada fin de semana extraía bultos de tierra que bajaban en canoas por la quebrada Uré -que desembocaba en el San Jorge- hasta sacar el material a buen puerto.
Alguien preguntó que qué estaban haciendo y le contestaron que posiblemente ahí había una mina de Oro. ‘Mister Jama’ también inició una apropiación del territorio aledaño al cerro, él les puso el precio y cambió algunas plazas de tierra por carpas y por ropa usada. Los campesinos confiaban en el autoinvitado. Pasarían diez años de sacar tierra y mandarla a quién sabe donde para analizarla, de tal suerte que los gringos llegaron con el recado que efectivamente aquel cerro no tenía una mina de oro, pero si tierra rica en Níquel. Fue la primera vez que los indígenas escucharon esa palabra. En 1970 comenzaron a llegar los primeros buldózer y las primeras volquetas junto a trabajadores foráneos que agrandaron el campamento y alquilaron casas en Montelíbano.
Lo primero que hicieron fue abrir camino, incluso los propios indígenas ayudaban a echar la tierra roja que bajaban del mismo cerro para asentar el suelo. Tierra envenenada. Un día ‘Mister Jama’ desapareció pero a él lo remplazarían ingenieros de cascos amarillos y uniformes, la cosa iba en serio. Años más tarde los líderes indígenas sabrían que en 1979 el Gobierno de Julio César Turbay le dio una concesión a las compañías Conicol S.A y Billington Overseas Ltda., para la extracción de metales a cielo abierto en el Cerro Matoso.
Por esos años comenzó la incomodidad. Partes del cerro empezaron a ser dinamitadas y su tierra extraída con retroexcavadoras. Las ondas explosivas se empezaron a escuchar a 15 kilómetros a la redonda. Pero lo que más aturdía era el ruido ensordecedor de la maquinaria pesada trabajando. “Veinticuatro horas con un sonido de ultratumba bruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”, cuenta uno de sus habitantes. Una banda sonora que ha durado hasta nuestros días. Durante aquella época los habitantes comenzaron a sufrir problemas respiratorios, pero creían que eran propios de su naturaleza. Las volquetas y camiones levantaban el polvo que los indígenas se tragaban y que los dejaban rucios, blancos, “monos” como ellos mismos recuerdan.
Al tiempo, tal vez los empresarios se dieron cuenta que era mejor tratar de primera mano el material en su mina que mandar bultos de tierra para extraer el Níquel en otro lugar. Entonces construyeron el primer horno donde se originaron los verdaderos problemas. Las emanaciones de gases con partículas tóxicas para el ser humano cubrieron el aire de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. De manera invisible se respiraba aire contaminado y las diminutas partículas también caían en las aguas de los ríos que consumían los locales. Pero debieron pasar muchos años para que los resultados fueran desastrosamente evidentes.
Lo primero en cambiar fue el paisaje de la zona. Las comunidades más cercanas debieron abandonar sus tierras porque ya no tenían agua. La quebrada Zaino Macho de un momento a otro fue cubierta por la basura de la planta. De hecho, a la hora de extraer el Níquel, el material deja sobras a las cuales llaman ‘escoria’. Los trabajadores de Cerro Matoso empezaron a tirar su escoria en el costado sur de la planta, justo por donde pasaba la quebrada. Un día la montaña de escoria colapsó y tapó un kilómetro de aquel cauce. La comunidad más afectada fue la de Pueblo Flecha, que jamás pudo volver a beber aquellas aguas que en otrora eran diáfanas como el viento. Lo mismo sucedió con la quebrada Aguas Claras, donde la compañía empezó a verter las aguas hirvientes con las que limpiaban el material extraído.
El cacique mayor Israel Aguilar Solano, nació hace 54 años en estas tierras. Él puede dar fe de todo cuanto ha cambiado y ha sucedido por culpa de Cerro Matoso. Por ejemplo los habitantes de Pueblo Flecha, Puente de Uré, Boca de Uré y de otros sectores tuvieron que empezar a cavar pozos para extraer agua apta para el consumo humano y para su aseo personal. A mediados de los noventa les quedó prohibido bañarse en las aguas de sus ríos porque de manera inmediata presentaban reacciones alérgicas en la piel.
En el año 1997 se realizó el primer estudio de impacto de salubridad, pero curiosamente no se hizo con los habitantes de Montelíbano sino con los propios trabajadores de Cerro Matoso. La compañía de Riesgos Profesionales Colmena practicó exámenes médicos a 258 empleados buscando identificar qué enfermedades podía haber ocasionado el Níquel después de tener contacto tanto tiempo. Los resultados fueron desahuciadores: hallaron 142 casos de enfermedades nasales, 59 pulmonares y 58 personas con problemas dermatológicos. Al contrario de lo que se pensaba, el Gobierno de Ernesto Samper no tomó cartas en el asunto sino que amplió el área de concesión para extracción minera, pasando de 545 hectáreas a más de 52 mil localizadas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica en Córdoba, más los municipios de Tarazá y Cáceres en Antioquia.
Cuatro años más tarde, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó al Níquel dentro del grupo A1 de los agentes cancerígenos para el ser humano. Por aquellos mismos días la CVS de los Valles del Sinú reveló -ya de manera científica- que el río San Jorge y el aire de la zona tenían presencia de Níquel, Cromo y Mercurio. El cacique Israel Aguilar de inmediato trató de ponerse al frente y buscó directamente a los responsables y dirigentes de la multinacional. La comunidad indígena elevó un oficio buscando soluciones para mitigar la contaminación, pero jamás obtuvieron respuesta.
Pasarían los días, meses y años y la voz del cacique solo hacía eco en aquella montaña matona. En cambio Cerro Matoso pasó a ser la cuarta mina de explotación de Níquel del mundo. Tal vez por aquella razón la compañía anglo-australiana BHP Billiton -la empresa minera más grande del mundo- en el año 2005 compró el 99% de las acciones quedándose con todo el poder de aquella tierra rica en minerales. La empresa saltó de tener 500 trabajadores a 3000, pero tan solo 600 de ellos tienen contratación directa. Se calcula que Cerro Matoso en 30 años ha generado ganancias totales por 8.9 billones de pesos.
Riqueza para unos miseria para otros. El mal que trabajadores y locales se habían tragado por años comenzó a hacer sus efectos. Cáncer, problemas de piel, cuadros respiratorios de gravedad, recién nacidos con deformaciones y una mina de síntomas extraños. En efecto, ya en el gobierno Santos, el DANE advirtió que entre los años 2009 y 2011 se incrementó el cáncer y las enfermedades respiratorias de manera alarmante en Montelíbano. Fue entonces cuando la comunidad y gran parte de extrabajadores buscaron a De La Espriella Lawyers | Enterprise que inició una serie de investigaciones basadas en estudios de profesionales y expertos en campos de la medicina y de la investigación biomédica. Los resultados son espeluznantes.
En el año 2012 se encontraron diez casos de cáncer. Por ejemplo, Hildebrando Turizo, quien trabajó durante 25 años en el departamento de calcificación de Cerro Matoso S.A., hace 11 meses lo mató un cáncer de nasofaringe. Hace dos meses a Jorge Luis Cogollo, quien trabajó más de 20 años en la mina, también lo mató un cáncer de las mismas características. Hace 10 meses el laboratorio clínico ABO de Montería, detectó daños de gravedad en el ADN de 13 exempleados de la compañía. Otro estudio arrojó que la escoria que vierten en la quebrada Zaino Macho tiene un porcentaje de más de 50% de silicio, resultado que concuerda con las mediciones internas que tiene la compañía en su poder y a las cuales tuvo acceso la firma de abogados. Como si fuera poco el material tóxico se ha empezado a filtrar en el subsuelo, contaminando los únicos afluentes de agua de la que se proveen los locales, es decir los pozos subterráneos.
Así mismo, el genetista Milton Quintana Sosa, Director de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación en Genética y Biología Molecular de la Universidad Simón Bolívar, realizó un análisis en 30 personas: encontró que el 90% tenían daños genéticos debido a la exposición del Níquel. De igual forma se halló que 14 de los pacientes tenían rastros de metales en su sangre. Para los expertos la cadena del ADN en la región de Montelíbano se rompió.
Para confirmar lo anterior el equipo de abogados acudió a los reconocidos investigadores brasileros Juliana Da Silva y Joao Pegas Henríquez, expertos en biología molecular quienes se llevaron algunas muestras para ser analizadas en el vecino país. Según resultados parciales, el daño genético en la gente es considerable. De igual forma encontraron serias coincidencias entre las patologías sufridas por los extrabajadores de Cerro Matoso y los indígenas de la zona.
Sin embargo la multinacional siempre ha negado los impactos ambientales y físicos que ha causado la explotación de Níquel en Córdoba. Incluso, según lo relata el abogado Javier De La Hoz, hace un año las dos partes se sentaron para promover un estudio ambiental en la zona. La propia compañía fue la que propuso a la Universidad del Norte para realizar los análisis, pero cuando los investigadores enviaron el proyecto de cómo iban a realizar el procedimiento, Cerro Matoso S. A. no avaló el proyecto ni se volvió a sentar con los demandantes. Todo indica que la compañía minera avala sus pruebas ante el Ministerio del Medio Ambiente enviando resultados que dicen que el aire de Montelíbano contiene 10 micras de contaminación del metal, lo que los salva en Colombia, pero niegan someterse a exámenes más estrictos avalados internacionalmente los cuales tan solo permiten que el aire contenga apenas dos micras de material particulado.
Con todos los argumentos anteriores, El 15 de agosto del 2014, el abogado Abelardo De La Espriella formuló una denuncia penal contra Cerro Matoso S.A., por los delitos de: contaminación ambiental, daños a los recursos naturales, lesiones personales con perturbación funcional del sistema respiratorio de carácter permanente y, además, deformidad física. El abogado le solicitó a María Constanza García, presidente de la Agencia Nacional de Minería, la inmediata caducidad del contrato de la compañía británica y el cierre de la mina por el incumplimiento desde 1997 de las normas de carácter técnico y operativo relacionadas a la higiene, la seguridad de los trabajadores y habitantes de Montelíbano y la conservación de los recursos renovables y del medio ambiente.
A dicha demanda los directivos de Cerromatoso no se hicieron esperar con su defensa. El Presidente de la compañía contrató como apoderado al abogado Carlos Gustavo Arrieta, quien no ha dejado de insistir en que la actividad de la compañía no tiene relación con las enfermedades de los habitantes de la zona y mucho menos con las deformaciones genéticas de los habitantes de la región. Arrieta , afirma que De La Espriella busca indemnizaciones “por supuestos daños que no le son atribuibles a la compañía” y que la falta de fundamentos de aquella acción legal emprendida por los indígenas y por los trabajadores serán demostrados en un largo proceso. De La Espriella, por su parte, lo ha retado para que haga público el valor de los honorarios que recibe por defender la multinacional minera.
A su vez, el Cacique Israel Aguilar Solano, con voz serena le exige a la compañía que asuman que los han estado envenenando. En una posición conciliadora les pide que se sienten los extrabajadores, asesores legales e indígenas con los directivos de la empresa para buscar procedimientos de explotación minera limpia, de tal suerte que la empresa se comprometa a no seguir causando estragos. Israel a pesar de tener tan solo tercero de primaria ha estudiado de manera seria el tema y sabe que en Chile una compañía de Níquel fue obligada a instalar filtros en las chimeneas de sus hornos, aunque costarán más 85 millones de dólares. En medio de esta situación dramática, el gobierno Santos, a través del Ministerio de Minas y Energía en cabeza en aquel momento de Federico Rengifo, abrió la opción de prolongarles la concesión del año 2029 hasta el 2044, es decir 30 años más.
Por ahora la firma de abogados Lawyer | Enterprise tiene el poder de 100 extrabajadores y de 2400 indígenas. Cerro Matoso S.A. sigue negando la contaminación aunque a sus camiones les han puesto avisos que advierten “la sospecha” de que el Níquel puede causar cáncer, alergias cutáneas y puede ser dañino para los pulmones. El Cacique Israel Aguilar, no logra conciliar el sueño pensando en que él es la voz de 3.500 familias, es decir más de 16 mil habitantes. Por su parte el abogado De La Espriella dice que “Cerro Matoso no debería llamarse así, sino ‘Cerro Mañoso’ porque envenenan a la gente, la matan y hacen toda clase de entuertos para no responder”.
*Este artículo fue publicado hace cuatro años, recién el abogado De la Espriella interpuso la demanda que acaban de ganarle a la Multinacional. La Corte constitucional obliga a la minera australiana a indemnizar a 3.000 indígenas