El día que Alonso Miranda abandonó su oficina en el séptimo piso de un edificio de la zona empresarial en la calle 26 que el mismo escogió y remodeló para que funcionara la Unidad Nacional de Protección desde sus inicios en 2011, los funcionarios de la entidad se sorprendieron al notar que su camioneta particular iba llena de documentos y carpetas con información oficial de la entidad. Esa tarde en Marzo de 2015 fue el último día de los casi cuatro años en que este economista pastuso y ex funcionario de la división de aviación del ejercito y del Ministerio del Interior, fue el verdadero dueño y señor de la Unidad Nacional de Protección que vio nacer Andrés Villamizar quien fue su director desde el primer día de su creación en el 2011 cuando Germán Vargas Lleras era ministro del Interior en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.
Por encargo del director Andrés Villamizar estuvo al frente de los procesos de contratación y estructuración de las licitaciones para garantizar la seguridad de 8 mil personajes amenazados en el país, primero como director de Planeación, luego en la Subdirección de Protección y en la Secretaria General, en un pedestal que ahora abandonaba por la puerta trasera.
Las denuncias por aparentes irregularidades en la contratación de los esquemas de protección que involucraban camionetas blindadas, escoltas, chalecos antibalas y equipos de comunicaciones, que lo convirtieron en el verdadero poder dentro de UNP, llevaron a Miranda a salir del país.
Alonso Miranda llegó a la entidad en el 2011 de la mano de Germán Escobar, jefe de gabinete de Andrés Villamizar de quien era amigo cercano. Ambos venían de los cuarteles, fueron compañeros en el ejército encargados de temas de contratación. Incluso, Miranda lo reemplazó cuando Germán Escobar se suicidó en 2012, un día antes de entregar uno de los contratos más importantes de la UNP. Las investigaciones en la Fiscalía sobre este caso no se han cerrado.
Desde cuando aún no se había creado la Unidad de Protección, en el 2010, recién electo el presidente Santos, Alonso Miranda ya estaba al frente del programa de protección de personas amenazadas, que ese entonces dependía del Ministerio del Interior del hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras. Junto a María Paulina Riveros, quien ahora forma parte de la mesa de negociación del gobierno en La Habana, dirigían dicho programa desde la dirección de Derechos Humanos.
Pero fue Julian Marulanda quien llegó a ser secretario de la UNP, y quien también está huyendo de la justicia, el encargado junto a María Paulina Riveros de estructurar la nueva entidad autónoma con presupuesto independiente del ministerio. Andrés Villamizar fue el escogido para ser el primer director y llegó con tres personas de su entera confianza y que conocían el tema desde el ministerio: María Deysi Castiblanco, quien venía de asesorar a María Paulina Riveros en el ministerio del Interior y el duo Germán Escobar, Alonso Miranda.
Desde un principio, todos ellos comenzaron a gozar de privilegios como fue tener esquemas de seguridad, escoltas y camionetas blindadas sin previo estudio de riesgo y pese a que según la reglamentación sus cargos no ameritaban un esquema de seguridad.
Pese a que los cargos directivos estaban reservados para dos personas de la confianza de Vargas Lleras, Andrés Villamizar quiso disponer de ellos y procedió a nombrar a Germán Escobar y a Alonso Miranda en los dos puestos más importantes: la Secretaria General y la Subdirección de Protección. Fue entonces cuando supo que tenía un jefe: una llamada del ministro Germán Vargas le hizo entender que los nombramientos de alto nivel necesitaban su autorización, razón por la cual Villamizar tuvo que echar para atrás su decisión y abrirle camino a Julián Marulanda para ocupar la Secretaria General y Melisa Montoya la Subdirección jurídica.
El expresidente Cesar Gaviria tuvo su cuota con José Luis Aguilar, un ex detective del DAS, designado como primer Subdirector de Protección.
La alternativa que encontró Villamizar para poder vincular a sus dos amigos Germán Escobar y Alonso Miranda fue la de crear la figura de Jefe de Gabinete para Escobar y a Miranda lo nombró en la dirección de planeación, encargada de la estructuración de las licitaciones y la asignación de contratos con tope de manejo autónomo de $8 mil millones.
Pasaría poco tiempo antes de aparecer los bandos al interior de la entidad. Escobar y Miranda empoderados por la cercanía con el jefe manejaban la operación mientras Villamizar se ocupaba de los temas misionales, Derechos Humanos y relación con los medios, frente a Marulanda y Aguilar, comenzaban a verse relegados al manejo interno.
Una vez Germán Escobar murió, Alonso Miranda ocupó su lugar pero sin la etiqueta de jefe de gabinete. Trasladó su oficina a la Subdirección de Protección, donde poco a poco se convirtió en un subdirector a la sombra de José Luis Aguilar. Llegó a ser simultáneamente jefe de sistemas, jefe de Planeación, Subdirector en funciones y Secretario General con tanto poder que el propio Villamizar se lo reconocía públicamente. La última vez que se refirió a él fue en Twitter, para atender el reclamo de un ciudadano que le preguntó por los casos de corrupción: su respuesta fue: ‘’Preguntele a Alonso Miranda’’.
La sorpresiva renuncia de Villamizar el 25 de diciembre de 2014 solicitada por el Presidente Santos y el informe de la Contraloría que estaba en camino en el que sabía no quedaría bien parado como acaba de suceder con el informe recientemente revelado, así como las tensiones con el nuevo director el cucuteño Diego Mora, precipitaron la decisión de Miranda de buscar una salida fugaz.
Miranda se mostró reacio a presentarle los informes que solicitaba el recién nombrado director en enero del 2015, quien llegaba con el respaldo de su coterráneo ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Con el retiro de Villamizar, Miranda quedó durante dos semanas encargado con lo cual tuvo acceso a toda la información de entidad pero antes que facilitarlo, obstaculizó el empalme con comportamientos indelicados como no haber entregado oportunamente dos camionetas que tenía a su cargo.
Una de las carpetas que la nueva dirección no encontró fue la correspondiente a un contrato de diciembre de 2014 por valor $900 millones con una adición de $450 firmado entre Alonso Miranda y la firma CSL Trading S.A.S, para la supervisión de los esquemas, del cual no existe rastro aunque si figuran los respectivos pagos en tesorería. Miranda ofició como interventor y supervisor del contrato.
Llovieron todo tipo de denuncias de irregularidades especialmente las realizadas por el equipo de investigación y defensores de derechos humanos Grupo Nizcor. Identificaron tres contratos adjudicados directamente a la empresa Net Logistyc Colombia S.A.S por valor de 1.793 millones de pesos para la supervisión de los operadores de vehículos y la instalación de un Software, que según informes de la entidad nunca operó.
Se habla también de un convenio para compra de 1.500 armas marca Glok, de las cuales solo habrían llegado 1.200 las cuales además fueron cuestionadas por defensores de derechos humanos, ya que eran calibre punto 40, es decir que más que armas para protección parecían fusiles de asalto.
Las denuncias fueron llegando a los organismos de control y fue la contralora Sandra Morelli quien se ocupó de iniciar una investigación fiscal que ha continuó Edgardo Maya y que esta semana dio frutos. Los 60 hallazgos que derivan en un detrimento patrimonial de $70 mil millones puede poner en serios aprietos al equipo directivo.
Miranda reaccionó con la velocidad con lo que lo hacen los culpables y tomó un avión con rumbo desconocido hace unas semanas. A Andrés Villamizar le tomará mucho del tiempo que le tiene destinado a apoyar la campaña de Enrique Peñalosa como asesor programático, explicar los hallazgos e identificar los responsables de una monumental operación como la del UNP que terminó finalmente en las manos de unos pocos contratistas y con las cuentas no tan claras.
