Luego de firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Santos y la guerrilla de las Farc en 2016 (y después de una espera de cinco años por cuenta de rechazos y objeciones de cierta parte del Congreso), finalmente, en 2021, la Corte Constitucional revivió las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, es decir, las curules a la Cámara que le dan la posibilidad a 16 representantes de víctimas del conflicto armado de sentarse en el Congreso de la República durante dos periodos (2022-2026 y 2026-2030).
Por eso, una vez conformada la lista de los 16 representantes (elegidos en las elecciones de marzo de 2022) las víctimas de la guerra en Colombia tenían motivos para ilusionarse con reformas rurales, reivindicación de derechos y etc.
Aunque los 16 representantes a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) no conforman en estricto sentido una bancada partidista (pues cada representante llegó al Congreso avalado por una organización social o comunitaria) su acción coordinada sí los convierte en la quinta fuerza más grande en la Cámara, sin jefe único o directorio enmermelado, pero con la capacidad para impulsar la agenda legislativa del gobierno.
Desde una perspectiva ideal, en el ADN de los representantes de las CITREP se encuentra la defensa por la implementación de la reforma rural integral, los derechos de comunidades victimizadas, y las reivindicaciones sociales en los territorios más subrepresentados de la geografía nacional; por ello, su gestión en el Congreso pasa por posicionar agendas locales, en mayor medida, alrededor de la presencia del Estado en los territorios, la defensa de la paz y la ampliación de la oferta institucional en las comunidades históricamente olvidadas.
Sin embargo, a dos años de la elección de los dieciséis representantes, se puede afirmar que la autodenominada “bancada de paz” no ha tenido mayor eco en la opinión pública, sí se destaca su valor simbólico en el entendido de que las víctimas están participando del diseño de las leyes y las reformas, pero, sin menoscabar el peso evidente de lo simbólico, el sentido práctico de su representación se ha diluido alrededor de la agenda del gobierno, pues se asume que son otros “16 votos fijos” de respaldo a Petro, sin entrar a diferenciar sus agendas colectivas o particulares.
Y a estas alturas del “cambio” es claro que el Gobierno ha dado tumbos con relación a la implementación del Acuerdo de Paz, quedándose, a veces de forma reiterada y repetitiva, en los diagnósticos y en echar mano del espejo retrovisor, asumiendo muy a regañadientes decisiones problemáticas como el desmonte de la Alta Consejería para el Posconflicto, la poca financiación a las instituciones para la paz (a excepción de la Agencia Nacional de Tierras), y una narrativa oficial que ha priorizado la Paz Total sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Seguramente, esas circunstancias y otras que a bien desconozco, llevaron a que la bancada se sacudiera del mote de los “16 votos fijos” y se tirara, a través de una carta de intenciones a la independencia, lo que de entrada les saca de encima el calificativo de “apéndice del Pacto Histórico” y los pone en una situación de mayor negociación de cara a la agenda del gobierno, ya sea, para articular su agenda colectiva (bastante rezagada en el componente de sustitución de cultivos ilícitos) o de negociaciones individuales al estilo de los operadores políticos experimentados.
Porque tampoco se puede desestimar que varios de los representantes (algunos que llegaron impulsados por sectores de la política tradicional) ahora estén haciendo cuentas de cara al 2026 y pensando en una eventual reelección, y otros, tal vez más frustrados en su rol de congresistas, sientan que las expectativas que sembraron en territorios donde nunca antes se había visto un candidato a la Cámara no se estén cumpliendo a cabalidad, reduciendo su experiencia parlamentaria a las audiencias públicas, foros y discursos, cuando las comunidades siguen a la espera de las transformaciones prometidas.
Ya habrá que esperar que estrategia empleará el Gobierno para recomponer las relaciones con la bancada de paz, o si estas, como se advierte desde algunos medios de comunicación, se están rompiendo como resultado de desavenencias y cierta indiferencia.
Por lo demás, ha sido clave que los representantes hayan creado la Comisión Accidental de Seguimiento a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero de esta Comisión se sabe poco de los territorios, así como de su incidencia e importancia para impulsar la implementación de la reforma rural integral. Ojalá adquiera mayor protagonismo este año que se discute la actualización de los Planes de Acción de los PDET.
