Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, dice que “a los que les gusta la plata, hay que correrlos de la política. Son un peligro”. No hay una frase más acertada para definir lo que Colombia está viviendo con el actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
Ese señor es un peligro y en este texto pienso comprobar que es verdad.
Mientras fue ministro de Hacienda en el gobierno de Uribe tuvo él, o alguno de sus poderosos amigos, la idea de prestarle plata al Estado a través de los municipios más pobres. Algo similar a lo que hacen los prestamistas usureros que cobran diariamente, con revólver al cinto, a aquellos vendedores ambulantes que saben que a diario reciben dinero de su actividad comercial, pero a los que los bancos no le prestan porque no tienen vida crediticia. Es decir, los famosos gota a gota.
Sin embargo, había un escollo, eso era inconstitucional, razón por la cual dicho bache debía ser reformado vía Congreso de la República y nadie más eficiente para cumplir con esa tarea que la persona que maneja los recursos del Estado —que sabe dónde hay dinero, de dónde se puede recortar y a quién se le pueden comprometer esos recursos a cambio de la aprobación de un “articulito”—.
Si bien es cierto que cuando la ley fue aprobada, el señor Carrasquilla ya no era ministro de Hacienda (parte del plan siniestro y maquiavélico que trazó con milímetro cálculo), él sí estuvo durante los primeros cuatro de los ocho debates que deben cursar en el Congreso para su aprobación. Este es tiempo suficiente para hacer lobby con los congresistas, diciéndoles los argumentos que hoy también sostiene: que lo que se buscaba con esto era “conseguir recursos para los más pobres”.
De paso seguramente se congració con senadores y representantes con los famosos cupos indicativos que le permitirían a los congresistas no solo hacerse a unos recursos “extras” para sus arcas, sino cumplir con el sagrado deber de servirle a la patria ayudando a aquellos que más lo necesitan, con el argumento expresado por el ministro en sus acercamientos. Esto era algo que no solo no tendría ningún reparo en ninguna de las comisiones de Senado y Cámara, sino que con esos mismos argumentos quizás ningún congresista se haya tomado el trabajo de leer.
Habiendo resuelto ya los primeros cuatro debates y muy seguramente habiendo ya cumplido con lo pactado a los congresistas, lo demás era costura. Había que dejar a un amigo en su reemplazo, y qué mejor que Óscar Iván Zuluaga, quien muy posiblemente nunca imaginó lo que tramaba su antecesor para dedicarse a armar las empresas que se encargarían de conseguir los préstamos y a los municipios a los cuales prestarles.
Hasta aquí no hay nada ilegal pero sí mucho de inmoral: uno no puede crear una ley para beneficiarse económicamente y mucho menos bajo las condiciones en las que se hizo.
Aprobada la ley ya todo era costura. Crear una empresa con un socio extranjero y de la cual el señor Carrasquilla tan solo era dueño del 1%, Andrés Flores (su socio) del otro 1% y el restante 98% de los extranjeros, es decir que querían dar la imagen, en caso de que alguien investigara, que ellos solo ganaban una parte muy pequeña.
Con lo que no contaban es que a raíz del escándalo de los Panamá Papers ellos se vieron en la obligación de quitar la privacidad de la sociedad a anima y fue entonces cuando se descubre (oh sorpresa) que los dueños son ellos mismos. Es decir yo con yo.
Hecha la sociedad había que recurrir a algunos alcaldes de municipios pobres y decirles que el ahora exministro, y amparado bajo una nueva ley, les podía conseguir recursos para las obras que les garantizarían contar con el preciado líquido por fin en sus municipios.
Que alguna persona me diga si pudo haber algún alcalde que se negara a recibir esos recursos si todo era legal y la ley lo permitía. Era como tirar un mortecino en medio de aves carroñeras: no dejarían nada.
A los alcaldes (ni al exministro) tampoco les importaba las condiciones en las que se firmaban esos contratos, pues lo que buscaban era la contratación y el porcentaje que recibirían, independientemente de si la obra se hacía o no, pues en ningún caso los alcaldes responderían con su propio capital. Algo que con seguridad sabía el señor Carrasquilla, pero de lo cual ahora pretende lavarse las manos indicando que él no era responsable del uso que le daban a esos recursos. Era como dejar una oveja en el corral de los lobos y salir con el cuento: “A mí me dijeron que la trajera y yo la deje viva en ese corral, no es mi culpa que esos otros animales se la hayan tragado”.
Estoy seguro de que si a los 117 alcaldes de los municipios a los que les prestaron esos dineros les hubieran dicho que el préstamo no era para su municipio sino para ellos y bajo las mismas condiciones en las que les prestaban a los municipios muy seguramente ellos no habrían aceptado porque las condiciones eran superiores a las de la banca tradicional.
Hoy esa ley no solo demuestra lo macabro y maquiavélico que fue este exministro, hasta el punto que al propio Estado le correspondió salir en respaldo de los municipios quebrados (porque los amigos del señor Carrasquilla no perdían nada), sino que con esos antecedentes no sabemos qué otro negocio tenga entre manos este señor, ahora que su empresa, según la columna de Daniel Coronell, el año pasado dio perdidas. Claro, ya los bonos no existen.
No hay duda, Pepe Mujica tiene razón: señor ministro, aléjese de la plata del Estado y de los colombianos, por favor.
