Se terminó de cocinar ayer el plan diseñado para sacar al alcalde electo Petro de la administración del Distrito. El Plan fríamente calculado va más allá del cálculo electoral, hace parte de un acuerdo de élites, al estilo del Frente Nacional, para sacar por vía administrativa, dándole visos de supuesta legalidad, a los dirigentes de izquierda de la vida política, del congreso y las administraciones públicas. El caso de la destitución y la muerte política de Piedad Córdoba fue, entre otros, el antecedente más diciente.
Las medidas cautelares son preventivas y vinculantes. Al no acatarlas se perpetró la violación de los derechos políticos del alcalde y de sus electores. La responsabilidad es del estado colombiano, que deberá afrontar un nuevo proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asumir dentro de un año una sentencia condenatoria por violación de derechos políticos.
Otra vez el sistema interno de justicia no funcionó y no se evitó la violación de los derechos políticos de Petro y de sus 725 mil electores. Santos debía acatar la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH a favor de Petro, según el artículo 93 de nuestra constitución. Esto quiere decir que los tratados internacionales se deben cumplir, en este caso se rompió, una vez más, el estado de derecho. Así de claro. Todos los debates jurídicos se saldan a esta hora con un solo entendimiento: se trata de una persecución política planificada.
Para tal efecto el gobierno de Santos rompió una tradición de acatar las medidas de la CIDH. Antes de este desacato ya había desacatado el fallo de la Haya en la disputa territorial con Nicaragua.
La arbitrariedad cometida pone en riesgo la reelección de Santos. El calculo electoral del pokerista puede convertírsele en un salto al vacío en Bogotá, ciudad que tiene un voto de opinión que ha optado por votar de izquierda, pese a los crasos errores cometidos por la últimas administraciones. Santos y sus acólitos no revisaron la abstención ni el voto en blanco ni los votos no marcados y anulados durante las pasadas elecciones legislativas, resultados claramente de castigo a la corrupción de la última administración del Polo y a las maniobras del Procurador contra la administración de Petro, situación que se podría repetir en las presidenciales.
Además Santos mintió de nuevo, había dicho en medios de comunicación que acataría las medidas cautelares de acuerdo a la constitución y a las leyes, pero finalmente superó en faltarle a la palabra hasta el propio Uribe, quien no llegó a desconocer las medidas cautelares solicitada por la CIDH durante sus gobiernos, caracterizados por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Después de unas elecciones legislativas plagadas de fraudes e irregularidades donde se impuso la indiferencia y la indignación, la ilegalidad de lo perpetrado en Bogotá deja a la institucionalidad colombiana con un vacío de legalidad y legitimidad.
Se le hizo trampa al proceso de paz con el M-19 que desembocó en la constitución del 91. El Golpe de Estado a la administración de Petro le dio el golpe de gracia a esa constitución. Los que dejaron las armas se quedaron sin garantías para la participación política. Unos fueron asesinados y a otros se les propina la muerte política por vía administrativa.
La ilegitimidad institucional, sin embargo, da más vida a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que está en el horizonte, que debe ser un proceso construido desde abajo por los movimientos sociales, que no es de corto plazo, que es de ampliación y reconocimiento de derechos para las mayorías del país, que sirva de refrendación de los acuerdos de paz con las guerrillas, que no es electoral, pues en el marco actual no hay garantías, que le de sustento normativo y constituyente a las transformaciones que el país requiere, “que permita la consolidación de un gran bloque popular, político y social”.
El profesor Daniel Libreros considera que una entrada a la constituyente en la coyuntura electoral actual puede ser el voto en blanco que canalice la indignación en contra del régimen político cerrado, que no brinda garantías, que va en contravía de la legalidad constitucional e incluso del sistema internacional de justicia,“ lo acontecido en Bogotá demuestra que no hay garantías”, manifiesta.
Lo cierto es que la situación política y la misma inestabilidad institucional indica que habrá asamblea nacional constituyente tarde o temprano, desde arriba o desde abajo. El vacío y la ilegitimidad institucional será acumulado a la izquierda o a la derecha, eso dependerá de la capacidad para desarrollar y consolidar los procesos sociales, sobre todo en las ciudades.
Pese al contexto desfavorable, tenemos un avance en ese camino. La Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular, logró un adelanto sustancial al unir sectores sociales y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. El pliego unitario consensuado de la Cumbre Agraria puede ser un adelanto hacia un programa unitario de los movimientos sociales del campo, que junto a otros sectores urbanos pueda convertirse en una plataforma política nacional de transformación y cambio.
El fracaso electoral por la falta de garantías, las particularidades violentas, históricas del régimen y la experiencia acumulada por las organizaciones del campo, nos indican que nos debemos dedicar a fortalecer los mecanismos de participación política directa. Si no hay garantías para la izquierda electoral urbana en decadencia, el trabajo político y social debería estar orientado a construir y fortalecer las organizaciones urbanas, a recuperar los sindicatos y a canalizar la indignación social en estructuras con propuestas hacia la Asamblea Nacional Constituyente en el mediano plazo.
