La historia mundial nos ha presentado en repetidas ocasiones miles de retratos donde quedan congelados en el tiempo momentos de la lucha permanente de las mafias del poder por apagar la luz de la democracia y el brillo de la sociedad civil en todas las transformaciones sociales.
La carta política de 1991 ha consagrado a Colombia como un Estado social de derecho y le ha dado un marco legal que se asoma en el camino como una luz al final del túnel y como una promesa para terminar con el baño de sangre que sufre Colombia desde tiempos inmemoriales.
Para sellar la puerta del dolor que dejaron en los tiempos de la violencia política los alcaldes militares, la constitución del 91 dejó bien estructurado en el artículo 259 que los electores imponen al gobernante elegido el plan de gobierno:
Artículo 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.
De tal manera, que en la situación actual del país, donde se levantaron los ánimos de algunos ciudadanos por los excesos y los fatales resultados en un procedimiento judicial, la alcaldesa de Bogotá debe ser coherente con su plan de gobierno, el mismo que votaron sus electores y el que garantiza las libertades individuales y el derecho a la movilización.
Por tal motivo, es un derecho irrenunciable para todos los ciudadanos defender los principios constitucionales, así como el plan de gobierno del político que ha ganado en las elecciones. En esa línea, la policía, con el mandato superior de mantener el orden público y que responde al mando de la alcaldesa, debe acatar la orden de no disparar a los manifestantes y de este modo evitar tragedias como las conocidas el 11 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos (parece un sarcasmo, pero no es así).
Cabe agregar que el Acto Legislativo 1 de 1986 estableció la elección popular de alcaldes en Colombia, que vio la luz por primera vez dos años después, y que la constitución de 1991 extendió el ejercicio democrático a las votaciones para gobernador. Ahora bien, estas personas elegidas con el favor del voto son las primeras autoridades en el orden territorial y local, por ello les compete la conservación del orden público en cada una de sus jurisdicciones. De hecho, el artículo 315 constitucional menciona que el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y es responsable del orden público.
Si queremos analizar más de cerca la agresión recibida a todas las personas que creemos en la democracia debemos observar muy bien las facultades del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, especialmente en el literal B, numeral 1:
B) En relación con el orden público: Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
Es el momento de aclarar a la opinión pública que la supresión de las funciones de los alcaldes son hechos violentos y del pasado. Además, ya no existen alcaldes militares y ahora estamos en el estadio del ejercicio de los derechos civiles por parte de la sociedad.
Igualmente, es momento de reivindicar el derecho soberano que reside en el pueblo y exigir al gobierno nacional una reforma profunda a la fuerza pública, esto con el fin de garantizar resultados contra la delincuencia y lograr recuperar de manera efectiva el orden (pero en un contexto donde surja una relación armoniosa con la sociedad civil, la cual debe enarbolar las mismas banderas que izaron líderes como Gandhi y Martin Luther King).
