Es entendible que la suspensión a Dilma Rousseff pueda entenderse como un golpe de Estado. Después de todo, 55 senadores han decidido cesar de su cargo a una presidente que fue elegida por más de 43 millones de personas. Un juicio que, por si fuera poco, fue antecedido por una suerte de grotesco carnaval en la Cámara de Diputados. Durante esa votación, cada diputado profería una arenga antes de emitir su voto. Jair Bolsonaro, un militar retirado y conocido en Brasil por sus posiciones de extrema derecha, dedicó su voto a los mismos militares que torturaron a Rousseff. Ofendido por tamaño exabrupto político, Jean Willys, diputado socialista, escupió en la cara de Bolsonaro, llamó ladrón al presidente de la Cámara y emitió su voto en contra del impeachment, en nombre de los negros y los transexuales.
En Brasil todos saben que éste fue un juicio político. No hay un sólo cargo de corrupción contra Rousseff. Por supuesto, nadie dice que maquillar presupuestos para ganar unas elecciones sea una falta menor. Pero si ese fuera el rasero para medir la actuación de los políticos, gran parte de su clase política tendría que rendir cuentas en los estrados judiciales. Muchos de los diputados presentes el día de la votación tienen cargos de corrupción que harían sonrojar a un político colombiano.
En la práctica, lo que ha ocurrido es que Rousseff ha perdido la mayoría parlamentaria. En el mundo democrático, la pérdida de esa mayoría es algo posible y a veces incluso deseable. Los mandatos presidenciales son largos y cubren diferentes partes del ciclo económico. A Rousseff, por ejemplo, le ha tocado enfrentar una grave crisis, consecuencia en primer lugar de la caída de los precios internacionales de las materias primas y de los casos de corrupción que vinculan de manera directa o indirecta a su Partido. El problema es que en América Latina la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno se unen en la figura de un presidente cuya legitimidad proviene directamente del voto de los ciudadanos, y cuyo poder parece el de un rey. Por eso, parece extraño que sea alguien diferente del pueblo el que pueda cambiar al gobernante. Los juicios políticos en sistemas presidenciales no deberían sustituir la voluntad del pueblo, al menos en principio.
En los sistemas parlamentarios, en cambio, el jefe de gobierno responde directamente a la realidad política del parlamento. Aunque la legitimidad democrática proviene del pueblo que elige a los parlamentarios, son éstos los que eligen al ministro que conformará gobierno y que, a pesar de ello, seguirá siendo miembro del parlamento. Incluso, cuando no es posible conformar una mayoría parlamentaria, deben convocarse nuevas elecciones, como en España, cuyos ciudadanos, después de cuatro meses de arduas negociaciones, acudirán en junio nuevamente a las urnas. El presidencialismo permite, sin embargo, el absurdo de que el presidente y el parlamento obedezcan a realidades políticas diferentes: en Venezuela gobierna un presidente con una Asamblea controlada por la oposición, en Bogotá gobernó cuatro años un alcalde cuyo partido sólo tenía 8 de 45 concejales y en Colombia la mayoría parlamentaria del actual gobierno sólo puede constituirse con una buena dosis de “mermelada" presupuestal. Es esta separación entre el presidente y el organismo legislativo la que hace que el sistema presidencial sea tan inestable y tan reacio al cambio en momentos de crisis política.
Esperemos que estas absurdas consecuencias del presidencialismo no se salden con una guerra civil en Venezuela.
