En época de pandemia cuando todos se han topado con la experiencia vivencial de asumir tareas en el hogar, surge un importante precedente para garantizar los derechos sociales, económicos y políticos de las colombianas y reivindicar el cuidado de la vida. Enhorabuena, el Plan de Desarrollo Distrital de la Alcaldesa Claudia López llevó de la indignación a la acción el tema de la redistribución de las cargas del cuidado, poniendo como eje central al Estado en su papel regente de los sistemas de bienestar social.
De acuerdo con el proyecto presentado ante el Concejo de Bogotá, el Sistema Distrital del Cuidado está enmarcado en el propósito de “hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, es decir, es la herramienta de política pública con la que se enfrentará en la capital la feminización de la pobreza y se buscará la garantía de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. En su formulación el enfoque de género-mujeres tiene 25 metas directas y presupuesto de inversión de 21,8 billones de pesos, de los cuales 3,8 billones son para el Sistema de Cuidado Distrital.
Este es el primer precedente institucional y político que materializa en Colombia la necesidad de crear objetivos en las políticas económicas para transformar la discriminación hacia las mujeres, sin duda un triunfo del movimiento de mujeres que por décadas han demandado el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo impago. Y es que, el cuidado es nada más ni menos que una riqueza invisible, producida principalmente por las mujeres, en beneficio de toda la sociedad pero que no es reconocida. Lo que se busca a través de la implementación de Sistemas de Cuidado es trascender la discusión clásica de la economía en la cual el trabajo que se reconoce y se valora es el que produce bienes materiales o servicios ampliamente comercializables (trabajo productivo), en tanto que las actividades que se realizan de forma cotidiana y que consisten en tiempo dedicado a limpiar, cocinar, lavar ropa, conseguir alimentos, cuidar niños, ancianos o enfermos siguen sin valoración o son considerados trabajos menores, mal pagos (trabajo reproductivo).
Por ejemplo, en Colombia, para 2019 de un promedio de 58,2 horas de trabajo a la semana, el trabajo remunerado ascendió a 44,3 horas y los oficios del hogar y actividades del cuidado 18,2 horas. Para los hombres, las horas semanales de trabajo promedio fueron 54,4 horas, de las cuales el trabajo remunerado ascendió a 47,7 horas y los oficios del hogar y actividades del cuidado apenas 10,4 horas. Pero en cambio las mujeres en Colombia trabajaron 63,6 horas, 9,2 horas más que los hombres, de las cuales el trabajo remunerado llegó a 39,5 horas (8,2 horas menos que los hombres) y las actividades del cuidado a 25,7 horas a la semana (15 horas más que los hombres).
¿Es posible un Estado Social de Derecho sin sesgos de género y que redistribuya las cargas del cuidado? La respuesta es sí, se puede poner un precio al tiempo dedicado a estas actividades y además ejecutar acciones para liberar la carga mediante: centros de cuidados como guarderías, jardines infantiles, casas de retiro, y servicios particulares como el servicio doméstico, comedores comunitarios, enfermería y personas dedicadas al cuidado de niñas y niños. La asimetría y el desbalance en el trabajo doméstico es motor de desigualdad y fuente de discriminación, impulsada en parte por un desarrollo económico que beneficia al mercado sin exigir contraprestaciones sociales.
Tener Sistemas de Cuidado nos beneficia a todas y todos, permite que las mujeres pasemos de llenar las cifras de inactividad por razón del trabajo doméstico no remunerado a formar parte activa de la economía en trabajos de calidad y con remuneración justa, para poder acabar la pobreza de ingresos y de tiempo. Sea esta la oportunidad también para extender un especial reconocimiento al movimiento de mujeres que trabajan en la formulación y ejecución de esta política, que es sin duda, un verdadero golazo a la desigualdad en el Distrito y un importante precedente para el nivel nacional.
*Daniela Mora Saavedra es investigadora de Cedetrabajo
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