Una de las palabras más usadas por el papa Francisco es Descartable, con la que se refiere a los varios cientos de millones de personas excluidos del sistema económico, especialmente la niñez y la población adulta mayor o los trabajadores y trabajadoras que carecen de trabajo decente. El papa sistemáticamente ha señalado al modelo económico neoliberal como el causante de una cultura del descarte, una cultura que sostiene que los trabajadores son un gasto, que el trabajo no es un derecho sino una mercancía cuyo valor debe definir el “mercado” laboral, un mercado que no debe ser interferido por las regulaciones gubernamentales ni por los convenios colectivos, que según estos ideólogos son intervenciones artificiales en el juego de la oferta y la demanda.
La oligarquía colombiana, obediente discípula de esta ideología económica, que tratan de disfrazar de científica, ha desregulado a fondo el trabajo y destruido el sindicalismo, la consecuencia es la precariedad plena y la indefensión completa frente a esta pandemia: servicios de salud precarios, 22 millones de personas vulnerables que viven del diario y de subsidios ínfimos, mientras los Fondos Privados de Pensiones – AFP están piponchos con 273 billones de pesos guardados o las reservas de la nación suman 53.000 millones de dólares, ambos intocables.
En consecuencia, Colombia no está en capacidad de resistir la pandemia a no ser que se toquen intereses tan sensibles como los de Luis Carlos Sarmiento, el Grupo Empresarial Antioqueño el grupo Bolívar o los acreedores internacionales y se defienda a los trabajadores, se mantenga el empleo estable, se prohíban los despidos y suspensiones y se le entregue una renta básica a todos los ciudadanos sin distinción, como proponemos las organizaciones sindicales del país. Pero Duque no lo va a hacer.
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Colombia no está en capacidad de resistir la pandemia a no ser que se toquen intereses tan sensibles como los Sarmiento Angulo, el GEA, el grupo Bolívar
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Años de desregulación y de entrega a la ideología ultraliberal ponen hoy de nuevo a la población trabajadora en la primera línea del sacrificio para resolver la crisis. Son los explotados trabajadores de la salud, los millones de personas víctimas de la tercerización laboral ilegal, los 10 millones de personas que reciben menos de un salario mínimo por su trabajo y que carecen de alguna de seguridad en el trabajo, los que se exponen a diario y exponen a sus familias, a las consecuencias de esta virus. Son los trabajadores del campo, los transportadores, los de la industria del petróleo y otros, los que evitan que el país no se paralice y continúe el abastecimiento de alimentos y elementos esenciales para luchar contra el covid-19
También somos los trabajadores los que estamos pagando las consecuencias de la recesión que ha comenzado hace dos semanas ya. Quince días y ya contamos por miles los despidos, la suspensión ilegal de contratos, las vacaciones anticipadas de forma arbitraria o las licencias no remuneradas forzadas por los empresarios.
Los empresarios, por regla general, no han sido nada solidarios en esta y otras crisis y las normas laborales especiales relativas a las vacaciones y a las cesantías son inconstitucionales por regresivas. También ha quedado en evidencia la desnudez del Ministerio de Trabajo, su extrema flaqueza, su incapacidad de hacer cumplir la ley.
De nuevo los trabajadores pondremos en pie otra vez al país y las empresas para superar la crisis. A pesar de todo el maltrato, la ilegalidad y las arbitrariedades, el hambre, las expulsiones masivas de inquilinatos volveremos a levantar a Colombia para poder proteger a nuestras familias.
Y mientras el gobierno oye a la ANDI, a los banqueros y demás gremios, los trabajadores no existimos, ni los sindicatos, todos los canales están cerrados. No se ha convocado a la Comisión de Políticas Laborales y Salariales, ni a las subcomisiones departamentales, el diálogo social en la empresa es inexistente. El gobierno y los empresarios se pasan por la faja los llamados de la OIT que dijo recientemente que el diálogo social será “esencial instaurar un clima de confianza … para aplicar de manera efectiva las medidas destinadas a enfrentar el brote de COVID-19 y sus repercusiones” [1]
Por eso, en la USO organizamos una tendencia en Twitter (#MasacreLaboral) para que nos escucharan, para que se hablara de la pérdida de miles de empleos que no registran los grandes medios de comunicación. Estamos convencidos de que la mejor acción frente a la crisis es que las empresas de todos los tamaños y con apoyo del Estado preserven el trabajo.
En la industria petrolera, le estamos exigiendo a Ecopetrol y a sus empresas tercerizadoras que hagamos un acuerdo sobre medidas que defiendan el trabajo, el sindicalismo tiene propuestas, tenemos claro que debemos proteger los empleos, salvando a las empresas. Y hay experiencias ya en curso como lo muestra un reciente estudio hecho por la Central Sindical Internacional (CSI) de organizaciones de trabajadores, empresas y gobiernos que están afrontando la crisis desde el dialogo social[2]
Ni empresarios, ni gobierno pueden seguir actuando así. Solos no pueden seguir tomando medidas de espaldas y en contra de los trabajadores. Los trabajadores merecemos, pero, sobre todo, tenemos el derecho a participar y a ser protegidos. Están desconociendo todos los principios fundantes de nuestro Estado Social de Derecho al no participar de las decisiones que afectan a quienes representamos como lo ha sostenido la Corte Constitucional.[3]
El Ministerio del Trabajo debe expedir una circular que promueva el diálogo social entre interlocutores sociales, y debe empezar dando ejemplo, convocando la Comisión Nacional de Políticas Salariales y Laborales para hablar del tema. Sin los trabajadores no vamos a salir bien de esta crisis, de nuevo es momento de hablar.
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[1] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739939.pdf
[2] https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-trade-union-and-social-partners-responses/
[3] (…) Otra de las garantías que tiene origen en el derecho de asociación es la de participación, la cual tiene una doble repercusión o dimensión, de una parte, como garantía que rige la relación o la dinámica de la organización sindical con sus miembros y, de otra, como prerrogativa del ente colectivo en los procesos que el empleador adelante y afecten a la propia organización o a sus afiliados. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido, en principio, la existencia de estos derechos de representación y participación sindical como inherente al derecho de asociación sindical.” Cfr. T-953 de 2005
