Dilatar conversaciones sin negociar puntos concretos y propiciar que los bloqueos, desmanes y saqueos (ejecutados por infiltrados de distinto origen) desacrediten las gigantescas y pacíficas movilizaciones del prolongado paro nacional es la estrategia de la ultraderecha unida, para intentar revertir el desgaste y la decadencia que indican las encuestas.
Ante la gran participación de jóvenes y ciudadanos del común caídos en la pobreza y que no avizoran futuro, temen que en cabeza de Petro u otro candidato de la Coalición de la Esperanza o la Alianza Verde pierdan en las urnas dos décadas de manejo autoritario del gobierno. En 2002 subieron a Uribe a la presidencia, aupado por el rechazo a las Farc, la alianza entre parapolíticos, altos mandos militares, narcohacendados, ganaderos, palmicultores, cañeros y bananeros, además del gran capital industrial, minero y financiero, todos interesados en el despojo y acumulación de tierras facilitados por las AUC y en el avance de la privatización de bienes y servicios del Estado, siguiendo las pautas del neoliberalismo.
No es coincidencia que ante la ausencia de un candidato con fuerza en el Centro Democrático, el máximo líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, aproveche la crisis económica que generó la cuarentena pandémica y el desborde de la protesta social represada desde noviembre de 2019 para reencaucharse y apuntalar burocráticamente a este gobierno errático y decadente, obteniendo de paso tres ministerios y posicionándose como la mano dura, que, al igual que en la campaña del 2001, ofrece la ultraderecha unida. Esta vez reforzada por la militarización de Cali, Buga, Buenaventura, Tulua, Popayán, Pasto y siete departamentos y la tolerancia al naciente paramilitarismo urbano de estrato 6, así como en esa época lo hicieron con las AUC, su brazo armado clandestino para hacer el trabajo sucio que no podían ejecutar las fuerzas armadas formadas en la doctrina de seguridad nacional que asocia a los movimientos sociales con el enemigo interno a combatir con las armas y no mediante negociaciones políticas.
El hecho que en Cali y el suroccidente colombiano el gobierno de Duque y Uribe, quien realmente maneja los hilos, se haya ensañado con la mano dura y la dilatación de las conversaciones sin negociar se explica en la estruendosa derrota que el Centro Democrático sufrió en el Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, en las sucesivas elecciones para el plebiscito por la paz, alcaldías, gobernación, congreso y presidencia.
También coincide con la fortaleza de movimientos sociales como los indígenas, campesinos, afrodescendientes, estudiantes, ambientalistas, asociaciones de mujeres, juntas de acción comunal, etcétera, que a pesar del sistemático asesinato de sus dirigentes no cejan en su avance, mientras en los partidos tradicionales, la región del suroccidente no cuenta con líderes de peso, representación significativa en el alto gobierno, ni bancadas fuertes en el Congreso, que defiendan los intereses de la región ante el centralismo y la mayor influencia de otras regiones como el viejo Caldas, Antioquia y la costa Atlántica, donde se han concentrado las grandes inversiones y obras.
La decadencia y el poco peso de la región suroccidente se manifiesta en ejemplos como el incumplimiento a los pactos firmados con indígenas y otros grupos sociales y en el lento avance de obras como la doble calzada y el ferrocarril a Buenaventura y la demora en la construcción de la doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán, a pesar de que Vargas Lleras, cuando era vicepresidente de Santos, hace seis años, con bombos y platillos y con gigantesca valla incluida, en Popayán, anunció la adjudicación del contrato y “pronto” inicio de las obras.
Antes que el viernes 28, el presidente Duque decretara la militarización de la región y el Cauca, para este lunes 31 de mayo, en la casa de la Moneda, el gobierno departamental, en cabeza de Elías Larrahondo, y con el respaldo de la OEA, la ONU y Defensoría del Pueblo, logró acuerdos parciales dirigentes del paro y los bloqueos en los municipios del norte del Cauca, para permitir hasta el miércoles, el acceso a los parques industriales y a nueve municipios.
Insistiendo en dialogar antes que en reprimir, la gobernación del Cauca este lunes 31 de mayo convocó una reunión para negociar con alcaldes de 26 municipios, organizaciones campesinas del centro y sur del Cauca, cultivadores de coca, marihuana y amapola y organizaciones urbanas que participan en el paro y distintos bloqueos que ya empezaron a despejar a la entrada a Popayán y en límites con el departamento de Nariño, mientras en Bogotá los dirigentes que citaron al paro nacional intentan que el gobierno no conejee sus peticiones e imponga la represión a rajatabla, aplicando “todas las formas de lucha”, incluido el apoyo tácito al paramilitarismo urbano, siguiendo las órdenes del gobierno a la sombra en el Ubérrimo o en Rionegro.
