El pasado 20 de marzo y en medio de la pandemia del coronavirus, el gobierno nacional, a través de la Superservicios, adjudicó en una subasta el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la Costa. Electricaribe fue segmentada en dos, perdiendo su integralidad regional y la economía de escala que le permitía hacer compras de gran magnitud de materiales y equipos a menores costos y recaudos significativos. EPM de Medellín se quedó con CaribeMar, que abarca los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. El consorcio Energía de la Costa capturó el negocio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Este último no tiene ningún nexo con la Región Caribe, solo el nombre, pero controla grandes conglomerados como la distribuidora de energía de Pereira (Enerpereira), y empresas de aseo. Su propietario, Alberto Ríos Velilla, fue socio del Grupo Nule y figuró en los llamados Papeles de Panamá. Este mismo empresario le vendió al grupo Celsia la Electrificadora del Tolima, Enertolima, por $1,68 billones, cuando el portal Valoraanalitik.com dice que compró a CaribeSol por solo $283.000 millones (1).
En rueda de prensa del mismo viernes 20 de marzo, la Superservicios, Natasha Avendaño, reconoció los siguientes datos: la crisis de Electricaribe le costará al gobierno alrededor de cuatro billones de pesos, que pagaremos todos los colombianos, $2.2 billones de deudas al Fondo Empresarial de Superservicios, más $1,6 billones del pasivo pensional que les debían los españoles de Gas Natural Fenosa a los pensionados de Electricaribe pero que fueron asumidos por el Estado de acuerdo con la Ley 1955 o Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El valor de referencia de la enajenación es reservado (secreto de estado). Es bien sabido que la Ley 1955 fue aprobada por la mayoría del Congreso, incluidos todos los integrantes de la bancada costeña. La cartera morosa, las deudas de los usuarios costeños a Electricaribe, pasa a los nuevos dueños.
Queda pendiente una recomendación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, conformado por el presidente Iván Duque, todos sus ministros y otros altos funcionarios. La recomendación está contenida en el Documento Conpes 3985 de 2020 en el numeral 2.3.5., según la cual la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, controlada por el Banco Mundial, recomendó que Electricaribe o el Fondo Empresarial de la Superservicios deben “depositar recursos líquidos que sirvan de garantía frente a potenciales contingencias que puedan afectar a las nuevas sociedades”. Para ello se deben tener en cuenta entre otras “las variables de referencia del monto del plan de inversiones, así como los estándares de mercado para operaciones comparables”. En plata blanca, el Estado les debe garantizar de antemano la rentabilidad adecuada, es decir, un capitalismo sin riesgo, igual al de los Tratados de Libre Comercio firmados por los últimos gobiernos. La impudicia total, o como dice el senador Robledo “la trampa en la ley, en la norma”. El pueblo colombiano no puede aceptar esta ignominia. Estamos a tiempo porque todavía es una recomendación.
En el epílogo debemos señalar que ya habíamos advertido este entuerto en una columna anterior. Denunciamos que la Costa se podía quedar sin una empresa eléctrica regional propia porque el gobierno estaba preparando un zarpazo eléctrico. Lo acaba de coronar. Pero los virus tienen su contra, su antídoto, y la humanidad en la actualidad está combatiendo uno de ellos, el COVID-19, con una movilización inédita sin precedentes, en cuarentena. La diferencia estriba en que para derrotar la afrenta con el sector eléctrico se tendrán que movilizar en las calles millones de usuarios, prestos a no aceptar los infames tarifazos que nos traerán penurias mayores que las actuales.
