Nadie puede estar por encima de las leyes pactadas a la luz del derecho internacional. Nadie que sea responsable por delitos de lesa humanidad como ejecuciones de civiles con las armas del Estado, torturas, violaciones sexuales o desapariciones forzadas, está afuera del alcance de la Corte Penal Internacional. Ningún gobierno, presidente, ministro, canciller, por autoridad incuestionable que se crea tiene fuero que impida juzgarlo y condenarlo por decisiones que promuevan, favorezcan, encubran o permitan vulneraciones sistemáticas a derechos humanos. Ninguna fuerza armada del Estado debe servir con obediencia ciega a un gobierno o partido de poder, si así lo hace se convierte en “policía política” (como las SS del fürher) y obra por fuera de la ley. Estos son principios básicos, insustituibles e inderogables en un Estado de derecho y su incumplimiento tiene efectos que representan una amenaza a la democracia y a la convivencia pacífica.
El Estado de derecho es aquel en el que por principio de gobernanza “todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. Ser Estado de derecho exige ser consecuentes con las “prácticas sociales del Estado de derecho”. A manera de ejemplo, en Islandia por primera vez en 2013 un agente de policía mató a un ciudadano que disparaba el crimen fue reportado de inmediato y provocó conmoción y derrumbe moral de la sociedad entera y el gobierno quedó profundamente cuestionado. Así mismo el ingreso del país a la OCDE y a su “Club de las Buenas Prácticas” exige transparencia y calidad en el ejercicio de confeccionar las políticas públicas (económicas, sociales), contando con la real participación de los individuos en su diseño, desarrollo, ejecución y evaluación y al Estado corresponde garantizar respeto a la primacía de la ley y la igualdad ante ella, separación de poderes, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal (ONU, Secretario General: S/2004/616), así ocurre y ningún Estado miembro ha reaccionado con letalidad y terror para producir bajas en sus movilizados ciudadanos.
El gobierno tiene la obligación ética y legal de responder por el respeto a la dignidad humana con prevalencia del interés general, actuar con prácticas de horror, promover engaños, vetos, cercos y manipulaciones mediáticas impide conocer la verdad, coloca al gobierno por fuera de la ley, porque no cabe ninguna razón de Estado para justificar un solo asesinato o agresión ilegal contra civiles. La tendencia de la alta sociedad, la clase política, empresarios y asociados al poder por comparar como iguales las actuaciones del Estado y las de particulares aparte de inmoral, ofensiva y errónea denota la crueldad y el talante belicoso de los asociados en el poder. Lo propio del Estado de derecho es crear condiciones para que el Estado ocupe su lugar y logre necesariamente por medios pacíficos el arreglo de controversias, disturbios o acciones de desorden público, por susceptibles que sean de conducir a quebrantamientos esporádicos de la paz o la tranquilidad ciudadana. El Estado debe evitar poner en confrontaciones a los cuerpos armados contra civiles o responder con arbitrariedad.
El gobierno muestra su grandeza y legitimidad no ganándole batallas a civiles que protestan, ni infiltrando lumpen en sus acciones, ni asociándose con bandidos, ni encarcelando o intimidando adversarios. Su fortaleza está en ser capaz de proteger los derechos humanos de los que protestan y de quienes están indiferentes, a fin de que nadie se vea “compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (declaración de DD. HH. de 1948), que a veces pareciera que fuera su objetivo, cuando los hechos advierten intervenciones oficiales orientadas a alentar la obsesión del partido en el poder por tener “enemigos” para justificar el exterminio y su propia existencia política, como sí quisiera tener al frente a los jóvenes en armas para justificar sus crueles pasiones de sangre, y descargar todo el desprecio hacia ellos señalado en el abismo de la alta sociedad (“gente de bien”, elites, carente de compasión, solidaridad y sensibilidad), y el pueblo desarmado, representado por jóvenes despojados de bienes materiales y de garantías para realizar la vida digna que esperan.
En el marco de las movilizaciones de 2021 (forjadas a partir de 2019), el gobierno ha eliminado la diferencia entre un conflicto armado que se resuelve con tácticas de guerra y un conflicto social que solo puede resolverse con la única e irrenunciable técnica humana del diálogo. Al tratar de derrotar a los movilizados por el conflicto social niega la condición papel del Estado de derecho para encontrar respuestas a las demandas no atendidas que no son las de un alzamiento contra el Estado, sino una manifestación contra las políticas y las formas del gobierno para ejercer la autoridad. Una movilización social debe ser tratada con mecanismos de orden público, civiles, sin armas, sin guerreros, vengadores, ni justicieros, sin intervenciones militares ni instrumentos de combate. El gobierno rompe la lógica del Estado de derecho al responder a la movilización como si no comprendiera o se empeñara en negar e invalidar las diferencias del conflicto social del armado, (propio de quien se cree por encima de la ley). En el conflicto social la base del respeto son los derechos humanos (DUDH, C.N) en el armado las reglas de la guerra (convenios de Ginebra, DIH).
El sentido y valor de los derechos humanos para el Estado de derecho, es promover la cooperación con los movilizados para satisfacer las demandas, nunca atacar a muerte, pretender derrotarlos. En democracia las movilizaciones requieren ser tratadas en el marco de los tres pilares sobre los que se sostiene el Estado de derecho: paz y seguridad; derechos humanos y; desarrollo (declaración del milenio resolución 55/2 A/G ONU) fundados en tres libertades fundamentales: vivir sin temor, a fin de dar solución a las dificultades relativas a la paz (el gobierno en evidente desacato constitucional se niega a implementar los acuerdos de paz firmados, desencadenando el regreso a la barbarie, la revictimización de las víctimas y la polarización con odios provocados). La libertad para vivir sin miseria, a fin de promover el desarrollo, (el gobierno se equivoca al querer interpretar como derecho de seguridad el libre saqueo a favor de grandes financistas, extractivistas y dueños del capital). Y la libertad para vivir con dignidad, a fin de promover los derechos humanos y el fortalecimiento real del Estado de derecho (persiste la barrera cuando se aplica una doctrina de muerte contra civiles y los mecanismos de independencia de los poderes públicos permanecen cooptados y bajo control del gobierno). Estos tres pilares están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros, desconocerlos, separarlos o superponer el desarrollo (económico) para invalidar derechos civiles, políticos o sociales afecta la paz y debilita aún más el poco Estado de derecho que en su enajenación, ha desatendido su tarea principal que es proteger la dignidad y el respeto de todos los derechos humanos. La misión del gobierno no es inventar, crear o recrear guerras, ni falsificar victorias, sino mantener la paz y garantizar los derechos, lo demás queda en riesgo de quedar por fuera de la ley.
Pd. El expresidente Santos dejó en claro en su intervención ante la Comisión de la Verdad que:
1. Sí hubo falsos positivos.
2. Hubo una política de negación compartida y defendida, entre otros, por el nuevo embajador en Estados Unidos (J.C. Pinzón).
3. Que los militares colaboraron con paramilitares para producir los asesinatos.
4. Que él acepta su responsabilidad como ministro y pide perdón.
5. Que el presidente y jefe del partido en el poder no fue ajeno a este delito de lesa humanidad (junio 11).
