El origen etimológico del término corrupción deriva del vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por el prefijo “con” que es sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el sufijo “tio”, que es equivalente a “acción y efecto”. Por lo tanto, la palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos.
Una forma de medir la corrupción en los países es a través del índice de percepción de la corrupción, el cual realiza una escala que va de 0 a 100, siendo 0 (muy corrupto) y 100 (muy limpio o transparente). Según los datos de Transparencia Internacional, Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37, y ubica a la policía, los representantes electos, el gobierno local, el presidente, los jueces y magistrados como los más corruptos (https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe).
Un tema en común en toda América Latina es que independientemente de si sus gobiernos son de izquierda o de derecha todos consideran que la corrupción en sus países está en aumento y un 60% de los colombianos pensamos que el gobierno está actuando mal en la lucha contra la corrupción. Pero no todo es responsabilidad del gobierno, sino también de sus ciudadanos que este fenómeno esté en aumento, ya que en esta encuesta se preguntó si habían pagado soborno, dado un regalo o hecho algún favor a algún funcionario público para recibir a cambio un beneficio, encontrando que el 30% de los colombianos encuestados lo han realizado siendo a trabajadores de la salud o a un miembro del personal de una clínica u hospital en donde más se han pagado los sobornos, seguido de Escuelas públicas, servicios públicos, policía y tribunales.
Y un primer punto de revisión, es pensar y preguntarse ¿yo hago parte de la corrupción? Y claro muchos pensaran de entrada que no tuvieron nada que ver con los robos, malversación de fondos y desfalcos grandes del país como fueron: Agro Ingreso Seguro (12,700 millones); TransMilenio (156,000 millones); Salud Integral (944,000 millones); Saludcoop (1,700,000 millones); Caprecom (559,500 millones); DIAN (2,000 millones); Interbolsa (340,000 millones); Reficar (1,500,000 millones) o el caso más sonado en la actualidad Odebrecht (1,600,000 millones), pero se nos olvida que en cada caso muchas personas estuvieron involucradas y pocos denunciaron.
Es claro en el informe que la corrupción en Colombia comparte medios y fines con el crimen organizado y las economías ilegales como lo afirma Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, el cual recomienda al gobierno que se tomen tres reformas importantes para reducir este flagelo: Transformar el sistema político y el ejercicio del poder, recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas y romper con el clientelismo en el empleo público y la contratación (http://transparenciacolombia.org.co/colombia-exportadora-de-corrupcion/).
Pero nosotros como sociedad debemos también repudiar y visualizar los hechos cotidianos de corrupción y un factor fundamental y ejemplo que debemos seguir es el de Enrique Pizano que denunció al fiscal y al grupo AVAL en el caso de Odebrecht, porque, aunque la sociedad aprueba la denuncia de caso de corrupción solo el 10% de las personas que conocen los casos denuncian.
Es claro que la sociedad presenta bajos índices de denuncia porque consideran que la policía y la justicia son sumamente corruptos y el efecto de tener una amenaza de represalia o consecuencia negativa es alta, como lo hemos evidenciado en el caso de la familia Pizano, pero, por ese motivo, todos como sociedad debemos vigilar, educar y respaldar a las personas que lo hacen, pero además existe el centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC (http://www.monitorciudadano.co/denuncia), el cual tiene dos propósitos: el primero consiste en fortalecer las capacidades ciudadanas para denunciar hechos de corrupción y, en segundo lugar, incidir a favor de cambios institucionales y legales que contribuyan a lograr mayor sanción de la corrupción.
El gobierno no puede combatir la corrupción porque él es la corrupción, pero los ciudadanos sí, ¡denuncia!
