En días pasados, durante la contienda electoral para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitaba a los ciudadanos a través de los medios de comunicación a “elegir a los candidatos más honestos”. Resultaba irónico tratar de entender el porqué de esta aclaración del presidente al referirse al ejercicio democrático.
La ironía venía al descubrir, desde antes de lo dicho por el presidente, que el grueso de los aspirantes a los cargos gubernamentales departamentales y municipales tenían sus cuestionamientos ante la justicia. Casi la totalidad de los candidatos estaban siendo procesados por delitos de mayor o menor grado, y, el presidente dejaba ver que estaba al tanto de esta situación.
Desde hace varios años, a medida que se evidencian las falencias de la justicia colombiana; lo vulnerable del sistema judicial ante la corrupción y lo amañado del sistema político de nuestro país, muchos compatriotas han aprendido a cuestionarse sobre el fenómeno de la corrupción en los partidos políticos, cuyas consecuencias afectan a los líderes involucrados y a sus familias; a las instituciones; a los ciudadanos del común y a todo el pueblo.
Sin embargo, fue desesperanzador enterarnos que en departamentos como Santander, por citar sólo un ejemplo, 3 de los 4 aspirantes a la gobernación tenían sus cuentas pendientes con la justicia, o eran señalados por la opinión pública por sus vínculos con personajes que estuvieron en prisión por sus relaciones con grupos paramilitares. Para ser concretos, los candidatos Hólger Díaz, Carlos Fernando Sánchez y Didier Tavera, están hasta el momento vinculados a algún tipo de escándalo: el primero de ellos por el desfalco en Saludcoop, el segundo por las millonarias sumas invertidas en obras turísticas que poco le aportan a las necesidades reales del departamento y por su relación con el parapolítico Hugo Aguilar (antiguo gobernador de Santander). El tercero, Didier Tavera, por su relación con el narcotráfico, gracias al negocio de su padre y por el posible apoyo a grupos paramilitares. La única opción limpia que quedaba en Santander era el candidato Leonidas Gómez quien además ocupó el segundo lugar en la contienda, siendo elegido el –avalado por el partido liberal- Didier Tavera.
La gente tiene derecho a elegir a quien quiera, lo sepa o no hacer. La gente puede participar en política como sea que la quiera entender o como se obstine a asumirla; sea por conveniencia; por un billetico; por un concierto o un plato de lechona, o como en el caso de los sectores más privilegiados, por un contrato laboral; por auxilios para sus empresas familiares o por un ascenso.
La gente puede hacer lo que quiera con su derecho a elegir, pero eso no les da el derecho de imponerse como una avasallante mayoría que vulnera la participación de candidatos y de electores transparentes. Y todo gracias a que ningún organismo de control de la justicia se oponga a que se presenten candidatos con hojas de vida tan cuestionables.
En términos de leyes y de la carta constitucional colombiana, los aspirantes a cargos de elección popular pueden postularse siendo investigados por la justicia, porque hasta que no se demuestre su culpabilidad no pueden ser considerados impedidos para ejercer el cargo al que aspiran. No se le puede quitar el derecho a un ciudadano a participar en la carrera por un cargo político hasta que no se haya comprobado su eventual culpabilidad en algún señalamiento. Sin embargo, la justicia, y, ante todo, el pueblo colombiano que es el que elige los programas de gobierno implícitos en sus candidatos favoritos, debe empezar a distinguir lo que le conviene de lo que no. Debemos dejar de revolver la injusticia, el crimen, la deshonra, con el quehacer político; empresarial y social, y sobre todo debemos dejar de creer que seremos representados por planes de gobierno que no le aportan al verdadero crecimiento social y a las necesidades de nuestras localidades, solo porque la tradición los avale.
Al Gobierno Nacional le compete no solo alertar a los votantes, como lo hizo Juan Manuel Santos días previos a las elecciones, sino modificar las condiciones para que la justicia se aplique a razón de prevenir que el elector sea víctima de su propia ignorancia; de su insensatez y de su falta de sentido común cuando abra un tarjetón para ejercer su derecho al voto y cuente mayores posibilidades de elegir personajes con prontuarios oscuros como los anteriormente mencionados. Las instituciones colombianas encargadas parecen no pensar en los demás; en quienes reclaman que no se acomode la corrupción al frente de las instituciones gubernamentales: aquellos que sacrifican esa relativa estabilidad que los politiqueros les ofrecen en medio de promesas de gobierno, que por cierto, están fundamentadas en lo que no habría de ser el cumplimiento de su propio deber como mandatarios.
Que el Gobierno Nacional; este o el que haya de venir tome las riendas en este asunto y deje de ser cómplice y de avalar la complicidad de los electores que ponen al frente de los designios de sus ciudades y departamentos, a quienes deberían primero estar pagando sus cuentas con la justicia, antes de atreverse a postularse como ejes y engranajes de la maquinaria que por siglos se ha burlado de nuestra democracia.
