El gobierno nacional en cabeza de los ministerios de vivienda y transporte presentaron, con mensajes de urgencia al Congreso de la República, el proyecto de ley 175, que modifica la recién aprobada ley de infraestructura, generando mecanismos de expropiación administrativa mucho más ágiles y expeditos. A mi parecer, en dicho proyecto se esconden enormes amenazas para los colombianos más pobres, tras el loable propósito de permitir el desarrollo del país.
El desarrollo de la infraestructura del país es, sin duda, necesario para mejorar las condiciones de producción y competitividad, así como para generar bienestar y equidad; lastimosamente, también puede servir para profundizar brechas, desplazar comunidades y concentrar la riqueza, construyendo modelos de exclusión social y marginalidad. Todo depende de la manera en que se planeen, proyecten y ejecuten los proyectos.
En toda Colombia la intencionalidad se ha dejado ver; abundan los proyectos y megaproyectos de infraestructura urbana y rural, que han sido impuestos de manera arbitraria, desconociendo las dinámicas propias de las comunidades y su arraigo al territorio, generando violencia, desplazamiento y profundizando la pobreza. Basta mirar ejemplos como lo ocurrido con Hidroituango en Antioquia, donde cientos de campesinos y mineros artesanales terminaron protestando durante 6 meses en la ciudad de Medellín, por la falta de reconocimiento de sus derechos; caso similar es el del municipio San Carlos, municipio también perteneciente a Antioquia, en el cual la construcción de una obra de desarrollo fue el principal motor de la violencia.
También abundan los ejemplos urbanos como el desplazamiento forzado, causado en el barrio la Cruz, en los pilotos de los modelos de intervención del Jardín circunvalar, los planes parciales de Naranjal y Moravia, el puente de la madre Laura en Puerto nuevo, el plan de renovación Urbana de ciudad paraíso en Cali o el plan parcial de la comuna San José en Manizales.
El modelo en todos los casos es similar, parte primero por desconocer el derechos de los habitantes al acusarlos de falta de propiedad, actuando al margen de los problemas de titulación predial tan serios que existen en nuestro país, luego viene el censo donde no se incluyen a todos los núcleos familiares, o todas las personas que derivan su sustento económico de un territorio, sean propietarios o no, después el mecanismo de compensación no es justo y no se repara integralmente la perdida objetiva del afectado: quien tenía casa, no obtiene casa; quien tenía actividad productiva, no recibe una en igualdad de condiciones, y además, quizá más grave, en los procesos de reparación y reubicación se rompe con el arraigo territorial y el tejido social que en comunidad se ha construido, vecinos y vecinas que se apoyan, la relación con la tienda del barrio o vereda, el “Good will¨etc.
Para agravar el enfoque, muchas veces los beneficios que se obtiene de los desarrollos de la infraestructura no terminan sirviendo a quienes históricamente habitan el territorio; por ejemplo, en el plan parcial de Naranjal, los vivienditas, recicladores, pequeños industriales, mecánicos, comerciantes, cuando fueron reconocidos o los trasladaron a un predio en condiciones inferiores a las que ya poseían o, mejor dicho, los desplazaron, en ningún caso permanecen allí para disfrutar del mejoramiento urbano, máxime con la presión que generan las constructoras que avanzan en proyectos de vivienda de altos estratos que claramente no son para quienes allí habitan, gran negocio, compran a huevo y venden a oro pasando por encima de quien sea necesario.
Este proyecto de ley que está haciendo curso, considero, contribuye a facilitar los procesos de expropiación para acelerar la implementación de proyectos bajo la intencionalidad ya argumentada. De una manera sucinta reduce los tiempos de expropiación administrativa a tan solo un mes, mediante cambios en los mecanismos de notificación y proceso de negociación; podrán notificarse en formas tan inadecuadas como al primero que abra la puerta del bien, además quienes tras 30 días luego de la oferta de compra no logren acuerdo con el gobierno tendrán que recibir lo que se encuentre en su avalúo catastral.
Si bien una de las aristas de la discusión presentada por el gobierno nacional tiene también razones de peso, hay que decir que no responde a la realidad de la mayoría Colombiana. Argumenta el ejecutivo que muchas obras hoy están detenidas por que grandes capitales y pules de abogados han inflado los precios de los predios por donde trascurren importantes proyectos de infraestructura para desfalcar al estado. Rayaría con lo absurdo si quisiese desconocer esa realidad; no obstante, lo cierto es que estos grandes capitales pertenecen a una pequeña minoría que, además, tiene gran poder político, y la flexibilidad propia de los capitales de inversión sería suficiente con acomodar su modelo de negocio ante la nueva realidad jurídica, comprando predios cerca la zonas de derrame de la valorización, o financiando campañas para orientar el desarrollo de los proyectos desde los mecanismos de cooptación al poder o la llamada puerta giratoria.
Entonces quienes en ultimas serán el verdadero objeto de esta ley serán las comunidades mayoritarias del país, que a su vez son las más excluidas, las que no tiene el poder político ni el poder económico para incidir efectivamente en el poder institucional, nuestros indígenas, campesinos, afrodescendientes y las personas en situación de pobreza, luego temo sea esta una ley para expropiar pobres en beneficio de los grandes capitales, las inmobiliarias y constructoras, las empresas concesionarias y las multinacionales.
En Medellín 49 planes parciales están pendientes por ser ejecutados. En principio algo positivo sí es para el disfrute de quienes habitan los territorios, pero los antecedentes en Medellín nos muestran algo distinto. Otro punto, quizá el que más asalta mi temores, es el de los anuncios hechos en los primeros debates, donde se sugiere que podrían incluirse en estos mecanismos express las expropiaciones de tierras de interés para proyectos energéticos y mineros, lo que sumado a las llamadas licencias ambientales express configura un paquete de agresión que amenaza con entregar nuestras tierras a intereses de pequeñas minorías económicas.
