Los intermediarios —terceros que, en teoría, deberían ser el eslabón que une los recursos del Estado con las necesidades de la población— han sido en Colombia un problema y no una solución. En vez de facilitar la llegada de la inversión pública, se han convertido en una traba más para el desarrollo social y económico de las clases populares, especialmente de aquellas que viven en la periferia.
Contratos incumplidos, poca veeduría, prórrogas innecesarias y la prelación de intereses propios por encima de los intereses de las comunidades, han hecho que el dinero del Estado no llegue a donde debería llegar, o que llegue de manera deficiente.
Ese, precisamente, ha sido uno de los mayores retos del Gobierno Petro: ¿Cómo hacer para que la inversión social no quede en manos de los operadores? La respuesta es sencilla, pero el camino ha sido largo y pedregoso.
Uno de los programas que más ha visto afectada su ejecución a raíz de los operadores es el PNIS, creado luego de los Acuerdos de Paz de 2016 con la intención de solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito. El programa, que en teoría tenía una vigencia de dos años, para 2022 tenía un cumplimiento únicamente del 0.4 %.
Los campesinos cultivadores de hoja de coca, que sí cumplieron con el acuerdo de levantar sus matas, perdieron la confianza y, en muchos casos, sin más opciones para subsistir, volvieron a sembrar coca en otros lugares.
El Gobierno Petro, representado en este tema por Felipe Tascón, director nacional de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), además de las pobres tasas de ejecución del programa, se encontró con una serie de contratos para operadores que debían ser liquidados de manera inmediata.
Contratistas que viven de prorrogar contratos incumplidos, que no conocen el territorio en cuestión, que eluden sus responsabilidades y, por si fuera poco, subcontratan a personas de la región para operar recursos, son apenas uno de los varios problemas de diseño que tuvo el PNIS.
Precisamente, tras la llegada de Felipe Tascón a la DSCI, se inició el proceso de liquidación de todos los contratos incumplidos. Esto, en línea con el discurso del presidente Petro de eliminar a los operadores y contratar directamente con las comunidades, las llamadas alianzas público-populares: que sean las mismas comunidades, asociaciones campesinas, cabildos indígenas y consejos comunitarios afro quienes decidan cómo y hacia dónde será direccionada la inversión, y serán también quienes operen esos recursos, pues tienen el conocimiento no solo de las necesidades del territorio, sino de las soluciones.
En diciembre de 2022, la nueva administración de la DSCI recibió 25 contratos activos y 3 más que estaban en liquidación. Ocho de estos contratos, luego de más de un año de ejecución, habían avanzado únicamente con el 10 % del objeto contractual. Dos de ellos ni siquiera comenzaron. Otros trece contratos avanzaron su ejecución, pero no sobre la totalidad del dinero que se había pactado. El panorama era aterrador, y la administración pasada, sin consultarle a nadie, modificó algunas de las condiciones como, por ejemplo, disminuir la cantidad de familias cultivadoras que debían ser atendidas.
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Para solucionar el problema de los contratos, la nueva administración inició un ciclo de reuniones con cada operador, solicitando planes de emergencia para adelantar la ejecución de los contratos. Siete operadores, dado su poco conocimiento y dificultad para entrar a los territorios, solicitaron terminación anticipada por mutuo acuerdo. Contra otros diez operadores, la DSCI solicitó proceso de incumplimiento ante el Fondo Colombia en Paz. A la fecha, y luego de un largo proceso, la DSCI ha recuperado saldos sobre 8 operadores por valor de $128.944.664.321, que equivalen al 64 % de lo solicitado sobre 13 contratos.
Sin duda, la recuperación de todo este dinero es vista como un gran logro de la nueva administración. Más de 128 mil millones de pesos que serán reinvertidos para dar cumplimiento, luego de más de seis años, al PNIS.
Sin embargo, conscientes de que el programa tiene fallas estructurales, la DSCI ha propuesto un mecanismo de inversión diferente: por medio de más de cincuenta CMES, que son instancias de participación junto a la comunidad, el Gobierno nacional y los beneficiarios han discutido un plan de renegociación del PNIS, un cambio en la forma en la que se pague todo lo adeudado, sin intermediarios, directamente con la comunidad y recuperando la naturaleza asociativa que tenía el programa y que fue perdiendo en el tiempo. Ahora, los beneficiarios recibirán el dinero de manera directa, y recomendarán sus planes de inversión y sus proyectos productivos de acuerdo a sus propias necesidades.
*Esta nota fue construida con información suministrada por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).
