Tras la salida de Uber del país, el pasado 31 de enero, la atención del Gobierno Nacional y del Congreso está en el proyecto de ley 292 de 2019, propuesto por el representante Mauricio Toro de la Alianza Verde, que busca regular las plataformas de transporte en Colombia.
El Gobierno se ha comprometido a respaldar dicho proyecto de ley para darle mayor equilibrio a la cancha y darle un peso legal a plataformas, tipo Uber, Cabify, DiDi o Beat, durante el primer periodo legislativo de este año que comienza a mediados de marzo. Pero Picap, una plataforma que representa la realidad del transporte público de pequeñas y medianas ciudades no forma parte de estas negociaciones, craso error.
Si bien la discusión no ha sido en vano, falta la invitación a la plataforma digital de CAP TECHNOLOGIES, que cuenta con más de 1 millón de descargas.
De momento los acuerdos alcanzados son estos:
Se priorizará el servicio ciudadano, se incentivarán los pagos digitales en cualquiera de los medios de transporte disminuyendo así la evasión, elusión y el uso del efectivo.
Se va a garantizar que los vehículos sean óptimos para el servicio.
Sin importar cuál sea el medio elegido se garantizará conocer quién presta el servicio, cuánto costará y el pago pueda ser digital. Además de la georeferenciación y trazabilidad continua que llegue a una base de datos en tiempo real.
Y por último, mantener un principio de legalidad para ambas partes, las plataformas y los taxistas.
Sin embargo queda un sabor agridulce que un start up colombiano, que ya está implementando planes pilotos en otros países, no sea parte de esta negociación. Pareciera que quisieran ignorar la realidad de un país que se mueve en mototaxi y dejar fuera de una regulacion justa, moderna y a favor del usuario a las regiones.
