Víveres contaminados, en mal estado o putrefactos y precarias condiciones de almacenamiento fue el triste balance de la comisión de verificación de la Defensoría del Pueblo que en días pasados visitó a varios municipios de Atlántico y Chocó.
Irregularidades “en por lo menos dos programas de suministro de alimentos para los niños, niñas y adolescentes” de Manatí, Sabanagrande, Malambo, Galapa y Soledad, en Atlántico y, Unguía, en Chocó.
Ante la persistencia de esta problemática, la Defensoría solicitó copia a la Secretaría de Salud del Atlántico, del informe técnico de las denuncias, al igual que una sustentación de los correctivos que han dispuesto para subsanar el inconveniente.
También, y por las “precarias condiciones de almacenamiento y manipulación de los comestibles”, la entidad instauró una denuncia penal contra la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano, Fungescol, encargada de la ejecución del contrato para la operación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Unguía.
En este municipio chocoano, y como lo evidencian las imágenes, vía Twitter, publicadas en abril pasado por la periodista Claudia Morales, las frutas, carne y verduras para alimentar a más de mil niños de 20 centros educativos presentaban hongos, mal olor y putrefacción.
Hábilmente y para evadir responsabilidades penales, Fungescol emitió un escueto comunicado en el que advierte que no tienen ningún nexo con dichos señalamientos, pues ahora son Fundación Gestión por Colombia, con Nit 9000218619-0 y no Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano, con Nit 812003813-0.
En La Guajira, departamento con uno de los mayores índices de mortalidad infantil (ONG afirman que en los últimos cinco años 4.700 niños murieron por desnutrición. El Gobierno lo niega), funcionarios del ICBF comprobaron que los víveres para los niños –cuando llegan– o están en mal estado para el consumo o están vencidos.
Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, directora del programa Primera Infancia del ICBF, visitó en junio a 64 centros de alimentación en Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas y El Molino, y corroboró lo antes descrito.
Además, halló tamizajes nutricionales falsos, controles de desarrollo y crecimiento desactualizados, 50 centros no contaban con la asesoría de nutricionistas, deterioro y poco mantenimiento de las locaciones y deficiencias en la limpieza.
Como consecuencia, niños y sus familias decidieron, para poder subsistir, hurgar entre la basura que llega por toneladas al relleno sanitario de Riohacha.
En Córdoba, y como lo evidenció la Revista Semana, la polémica empresaria Leda Guerrero, con contratos por $23.884 millones para los PAE, de “85 escuelas y colegios, en los 29 municipios” del departamento “posee 37 registros de propiedades” en la oficina de instrumentos públicos por $5.082 millones. Sospechoso.
Al parecer, a Guerrero le importa poco una alimentación y nutrición balanceada para los niños cordobeses y solo invierte un ínfima parte del millonario contrato; por eso, cada infante, varios con serios problemas de desnutrición, recibe medio vaso de colada y una galleta de soda. Para muchos, lo único que comerán durante el día.
Con éste cúmulo de pruebas y ante la flagrante violación al derecho de la niñez a tener un desarrollo integral: ¿Por qué el ICBF –en el caso de La Guajira– y el Ministerio de Educación, –en el de Chocó, Atlántico y Córdoba– no hacen efectivo la caducidad de los contratos que suscribieron y persisten en mantenerlos?
En juego está la salud, vida, bienestar y futuro de dos millones de niñas y niños colombianos, y se estarían “malversando” $3.4 billones destinados por el ICBF para la atención a la Primera Infancia y $821.139 millones que MinEducación invierte para los PAE.
Solo una sociedad indiferente como la colombiana permite una problemática social y un caso de corrupción de semejantes proporciones.
Para determinar si el dinero para la alimentación de los millones de niños que atiende el ICBF está ya en manos de, por ejemplo, un político o un empresario corrupto, se deben mirar con lupa algunos de los contratos de las dependencias de Nutrición, Primera Infancia y Abastecimiento.
La Dirección de Nutrición, a cargo de Ana María Ángel Correa, firmó el contrato 85151601, mediante subasta, por $110.322.769.000 para "Producir y/o distribuir alimentos de alto valor nutricional o raciones alimentaria en el territorio nacional en desarrollo de acciones de promoción y prevención de la seguridad alimentaria y nutricional”. (Plan general de compras y contratación del ICBF)
Sería interesante saber al detalle a qué empresas, ONG y/o personas naturales fueron asignados dicho contrato. A la par, Ángel Correa tiene bajo su poder cuatro transacciones adicionales. Todas suman más $116 mil millones.
Abudinen Abuchaibe, de la Dirección de Primera Infancia, es responsable de 35 contratos por más de $856 mil millones. La mayoría de ellos, con código 93141501, dizque para: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos y financieros, para cualificar la atención a la primera infancia, integrando, la familia, la comunidad y redes sociales, con componentes de salud, nutrición, educativo, administrativo y de mejoramiento a la gestión”.
Idílico, pero cada uno de dichos contratos debería ser auditado al detalle, para saber si en realidad se están ejecutando con transparencia y en los tiempos estipulados.
¿Será que la Subdirección de Monitoreo y Evaluación coordina bien la tarea de “realizar estudios, investigaciones, encuestas, análisis, evaluación, y/o de impacto y seguimientos a los programas y/o proyectos que adelante el ICBF”? Porque los más de $9 mil millones invertidos para ello no se reflejan en resultados.
¿Estarán enteradas de todo esto Tatyana Orozco de la Cruz, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Cristina Plazas Michelsen directora del ICBF, y Gina Parody, ministra de Educación?
“Se habla de la generación de la paz y, sin embargo, se recortó la meta de niños y niñas atendidos integralmente; y el Gobierno expresa acciones y mejorías en la población de primera infancia y los indicadores no reflejan esto”, expresó Claudia López, durante su intervención en la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia.
Acierta la senadora de Alianza Verde al señalar algunas incoherencias del gobierno Santos en esta temática, porque se comprometió a atender a 2.4 millones de niños en el país y escasamente alcanzó la atención, a medias, de 2 millones.
¿Seguirán muriendo criaturas inocentes y el dinero para atenderlos seguirá desapareciendo en las manos de políticos y empresarios corruptos? ¡Por supuesto! Somos el país del Sagrado Corazón.
@adolfoflorezg
