El proyecto político de cambiar el rumbo del país arrancó con paso firme y se va despejando, en medio de las contradicciones propias de un proceso de esta magnitud.
Los retos son enormes y diversos, no se pueden minimizar. El gobierno saliente deja las finanzas en rojo, billonarios contratos cuestionables que comprometen vigencias futuras. En síntesis, la olla raspada. Se requieren recursos de inmediato para atender la emergencia social y humanitaria, empezar las transformaciones y responder a las expectativas de la población.
Por ello, es urgente una reforma tributaria que empiece a gravar a los más pudientes, en lugar de colmarlos de beneficios, y que no golpee a los más vulnerables. Es decir, una reforma que vaya en contravía de todas las del período neoliberal, pero que al mismo tiempo minimice las represalias de los organismos financieros internacionales. Una tarea nada fácil.
En cuanto al objetivo de alcanzar la paz total, ya se registran avances. El compromiso del gobierno de Petro y Francia con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y el apoyo unánime y reiterado del Consejo de Seguridad son cruciales.
La disposición del ELN a reiniciar el diálogo interrumpido por el gobierno que termina es un avance. Falta también que la guerrilla ponga de su parte. La carta de un grupo de exparamilitares y del Clan del Golfo es un paso inicial hacia el proyectado plan de sometimiento a la justicia de los grupos criminales.
Esta semana la bancada del Pacto presentará en el Senado un plan de emergencia para garantizar la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales y excombatientes, en el cual tanto ha insistido la JEP. Es una medida que no da espera. “Si Petro arregla el problema de la paz es un campeón mundial”, dijo Pepe Mujica en reciente entrevista.
Ante tales desafíos, mantener y fortalecer el Gran Acuerdo Nacional es fundamental. En este punto, falta mucha claridad sobre su naturaleza y alcance. El Acuerdo no puede hacerse solo con los sectores populares y las personas afines, como alguno/as pretenden.
Tampoco se puede buscar que los sectores de centro y derecha que se sumen al mismo se sometan incondicionalmente al gobierno. Hay que hacer concesiones, sin perder el norte. Deben aprobarse los proyectos necesarios en el Congreso, con el fin de que puedan ejecutarse desde el gobierno.
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Los ataques oportunistas de los dos lánguidos y derrotados dirigentes del centro y el fuego amigo dentro del Pacto, no tienen sentido ni lugar
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Por eso, los ataques oportunistas de los dos lánguidos y derrotados dirigentes del centro y el fuego amigo dentro del Pacto, no tienen sentido ni lugar. En últimas, le apuntan a buscar respaldo popular rápido, generando incertidumbre y confusión frente al proceso de cambio.
Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan cuestionar decisiones y políticas equivocadas, que seguramente vendrán. Debe contarse con la participación y la movilización social durante todo el tiempo. Ya sea para enderezar el rumbo o, lo más probable, para respaldar al gobierno de ataques enemigos. “Si nos aislamos nos tumban”, afirmó Petro en su primera entrevista como mandatario electo.
Por último, un asunto importante. La designación del gabinete y de algunos de los principales cargos ha sido un gran acierto. No solo responde a la lógica transformadora e incluyente del nuevo gobierno sino también tiene un contenido simbólico enorme.
Particularmente significativo es el nombramiento de representantes de los pueblos indígenas, tanto en la representación del país ante la ONU, como en las unidades de restitución de tierras y de víctimas. Leonor Zalabata, dirigente arhuaca; Giovani Yule, sociólogo nasa y Patricia Tobón, abogada emberá.
Este reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente excluidos, desproporcionadamente golpeados por el conflicto armado, envía un mensaje muy poderoso al país y al mundo.
De la misma manera, la designación de Iván Velásquez al frente del Ministerio de Defensa es una decisión valiente. El nuevo ministro se convirtió en símbolo internacional de la lucha contra la corrupción con su trabajo exitoso al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), designada por la ONU. Destapó allí varios escándalos de corrupción entre las elites del país centroamericano, incluidos tres expresidentes y una vicepresidenta.
Pero su trabajo anterior es todavía más importante para Colombia. Como procurador departamental en Antioquia, en la época de Pablo Escobar, Velásquez se dedicó a investigar las violaciones de derechos humanos y la presencia del paramilitarismo en el departamento. Un trabajo que continuó como director de Fiscalías en Medellín.
Posteriormente, entre 2006 y 2012, como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia centró su trabajo en investigar y establecer los nexos entre políticos y paramilitarismo. Por sus investigaciones y las de Gustavo Petro en el Senado fueron procesados más de cincuenta congresistas, la mayoría cercanos a Álvaro Uribe.
