Los últimos desarrollos políticos en el Congreso de la Republica que tienen que ver con el retiro de la reforma política por parte del gobierno, además de las posiciones encontradas de las bancadas parlamentarias de los partidos tradicionales frente a las reformas de salud, trabajo y pensiones, además de la suspensión de la tregua del cese al fuego y hostilidades decretada por el gobierno el 31 de diciembre con relación al Clan del Golfo, con todas sus consecuencias derivadas del Paro Minero en el Bajo Cauca; han puesto el grito en el cielo de algunos gobernadores y alcaldes que se rasgan las vestiduras exigiendo seguridad y gobernabilidad por parte del gobierno nacional en sus departamentos y municipios, esgrimiendo el escudo nacional como arma de protección mientras piden Libertad y Orden sobre los escombros y llamaradas dejadas por el anterior gobierno de Iván Duque.
No puede ser más la osadía y el cinismo de quienes teniendo el poder, ladran ahora, al final del día, por la seguridad, la libertad y el orden en general, sin precisar cuál es el fondo de la queja que los atormenta en forma tan lastimera como agresiva, cuando paradójicamente sacan el escudo nacional para tapar su vergüenza política y moral frente a los restos de país que le dejaron al Presidente Petro.
Ahora resulta que el problema de los paros violentos de narcotraficantes y de la gran minería ilegal es culpa del gobierno nacional, cuando esta situación venía creciendo como una bola de nieve desde las administraciones pasadas que, en connivencia con las mafias de todos los pelambres, se fue acrecentando con la mirada cómplice de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales que se hicieron los de la vista gorda para poder participar de la misma ganancia ilegal y violenta, callando con un silencio todos los desafueros y atropellos de los narcotraficantes y grandes comerciantes de la minería ilegal.
Nunca antes en los Municipios del Bajo Cauca y del Sur de Córdoba, las fuerzas de los narcotraficantes y de la minería ilegal habían manifestado tanta violencia en los municipios de Pto. Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y sur de Córdoba, ni aún en el paro del Clan del Golfo del año pasado cuando paralizaron a varios municipios de la zona, pero sin mostrar las manifestaciones brutales de violencia que se han visto en este paro de hace un mes, que todavía continúa sin resolverse por parte del gobierno nacional.
Ya nos es un secreto saber quiénes son los que están detrás de esta asonada que se anuncia como una primera jornada para ir preparando a la opinión pública en torno a todo un plan orquestado para tumbar al gobierno mediante los “golpes blandos”, que se articulan con toda una estrategia donde juega su papel institucional la justicia, la procuraduría, la fiscalía, los medios de comunicación de los gremios económicos, y por supuesto, sectores del Ejercito y de la Policía en uso de buen retiro, y de algunos gobernadores y alcaldes que no se resignan a la viudez del poder, cohonestando y aprovechando el momento para sacar a relucir los símbolos patrios como el escudo nacional, pidiendo cínicamente libertad y orden para sus regiones.
¿Quiénes están detrás de estas manifestaciones violentas? ¿Quiénes financian el sabotaje de la paz total? ¿Quiénes son los que se oponen a las reformas de salud, trabajo y pensiones? ¿Quiénes sabotearon la reforma política? ¿Quiénes son los que están combinando todas las formas de lucha para tumbar al Presidente Petro mediante una estrategia de desgaste multilateral? ¿Cuáles son los partidos que le hacen el juego a los gremios económicos en el congreso para impedir la gobernabilidad del Presidente Petro?
Hay que responder estas preguntas con claridad para ubicar y determinar el enemigo del proyecto democrático; para poder combatirlo con una línea estratégica de masas y un proyecto político a la ofensiva que demuestre la iniciativa gubernamental, iniciativa que ahora trata de robarse la oposición fascista y militarista, encubierta con el discurso cínico del respeto a la institucionalidad democrática.
Ante las provocaciones desembozadas y abiertas no caben las buenas intenciones de una paz total rechazada en los hechos por los facinerosos del narcotráfico, aupados por el poder que conservan en la economía, en los medios de comunicación y en el congreso de la República con los grandes cacaos del gran capital que quieren hacer fracasar el proyecto democrático de Pacto Histórico.
Este es el secreto del Paro Minero en El Bajo Cauca Antioqueño; son los coletazos del gran capital financiero, terrateniente y mafioso que está respirando por la herida sangrante de sus intereses y privilegios, a los que se les va cerrando el círculo de su poder corrupto y violento con las políticas del gobierno popular.
En esta situación de inseguridad para las mayorías del país creada por la clase económica y política dominante, ¿Cuál es la estrategia y la táctica del gobierno popular? ¿Cuál la estrategia y la táctica de las izquierdas y de las fuerzas progresistas que defienden el programa democrático? ¿Cuál la consigna para el momento político?
Me parece que lo primero que el Gobierno tiene que hacer es responder con la fuerza pública en forma contundente a los intentos del enemigo de clase, el Centro Democrático y los demás partidos de la derecha que quieren tumbar al gobierno popular.
La gente quiere reformas y quiere seguridad; el gran capital financiero quiere la subversión, la violencia y el terrorismo para justificar el miedo, el caos y el desorden para abrirle camino al golpe militar o hacerle la vida imposible al gobierno con el fin de preparar el regreso del neoliberalismo al poder.
Ha llegado el momento previsto por algunas fuerzas de izquierda, en el sentido de que la burguesía dominante empieza a no dejar gobernar al Presidente Petro, no solamente con el paro y la violencia y sino también empleando los mecanismo legales de las instituciones creadas para defender sus privilegios y su sistema político y económico en el poder.
En esta situación han quedado claras las pretensiones de las diferentes fuerzas de clase y de sus correspondientes partidos políticos en el Congreso de la República, y además con el Paro Minero en el Bajo Cauca Antioqueño; de tal manera que el gobierno necesita los instrumentos jurídicos en institucionales para responder a las mayorías gobernando dentro de la constitución y ley para poder tramitar las reformas de salud, trabajo y pensiones, y si es del caso retirar los proyectos como lo hicieron con la reforma política, por causa de una oposición sistemática de las fuerzas de reaccionarias opuestas a todo cambio que signifique una mejoría para las mayorías populares.
A nivel de la izquierda y de las fuerzas democráticas hace falta llamar a una convención nacional del Pacto Histórico para definir la táctica y la estrategia a seguir como repuesta a las provocaciones de la élite del poder; ante la obstrucción, la furia y la violencia desatada por los gremios económicos, terratenientes y del gran capital, que no permiten implementar las reformas prometidas por el gobierno en la campaña electoral.
El argumento que esgrimen algunos formadores de opinión es que el gobierno tiene solamente un cincuenta por ciento de legitimidad y que la otra mitad de colombianos votó contra el candidato del Centro Democrático y no propiamente a favor de las propuestas del Presidente Petro, tesis con la cual quieren justificar la renuncia a la esencia de las reformas, reafirmando la tesis con la relación de fuerzas en el congreso, donde el Pacto sacó 20 de los 108 senadores, a pesar del llamado del exsenador Gustavo Bolívar sobre la necesidad de tener un bloque de 55 senadores para poder aprobar las reformas, lo que ha resultado como un anuncio premonitorio que se está cumpliendo con toda la exactitud del caso.
Por eso, de valoración y caracterización del actual gobierno y de su composición pluripartidista, dependen en gran medida el cumplimiento y las perspectivas de desarrollo de las reformas estructurales propuestas en la compaña electoral, bajándonos de las expectativas creadas por la buena voluntad de algunos sectores políticos que estaban convencidos de que con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República había llegado la revolución democrática al poder.
A estos elementos de juicio hay que agregar la caracterización del Pacto Histórico como una coalición electoral programática para las elecciones al congreso con lista cerrada, que produjo muchas divisiones y confrontaciones en su elaboración, y la unidad de los sectores de izquierda y de los sectores democráticos alrededor del candidato que llegó a la presidencia de la República, pero que, a lo hora de concretar las reformas en el congreso no tuvieron la fuerza suficiente para sacar adelante los proyectos de ley que aseguraban las reformas estructurales que había prometido en la campaña electoral.
Ahora, si la institucionalidad burguesa, los partidos del establecimiento, la legalidad constitucional y la fragilidad y dispersión de la izquierda y del movimiento popular, están conspirando contra los cambios y las reformas anunciadas en el Programa de Gobierno, pues no queda otro camino que buscar la unidad de la clase obrera, de los trabajadores de la ciudad y del campo y de las capas medias, para tener el sujeto político que asegure las reformas en las próximas elecciones, no solamente por la vía electoral con las mayorías en el Congreso de la República, sino también con la creación de un movimiento de masas organizado que le imponga los cambios democráticos a la clase dominante, a los banqueros, terrateniente y grandes capitalistas que se obstinan en impedir los cambios avanzados que necesita el país.
Si la izquierda vacila en estos momentos de incertidumbre y no alcanza a vislumbrar las tendencias y corrientes que se están incubando en la conciencia popular, podría estar matando en la cuna el movimiento popular que está naciendo, y contribuyendo a prolongar la agonía del cadáver insepulto que está muriendo sin salvación.
Hay que salir a la calle, acudir a las masas con consignas claras y movilizadoras; hay que organizar grupos de agitadores populares y de performances que llamen la atención y la simpatía de las mayorías silenciosas que están esperando el llamado a la acción y a la organización de las masas en los barrios populares, en los sectores laborales, en las universidades y en el campo colombiano.
Hay que insistir en el Programa del Pacto Histórico utilizando todas las formas institucionales y políticas para ganar la voluntad y la simpatía de los trabajadores, aprovechando el espacio de las elecciones de octubre donde se van a confrontar las dimensiones de la crisis de gobernabilidad que estamos viviendo.
Hay que quitarle las masas a las mafias del Bajo Cauca Antioqueño con proyectos y programas de producción rentable para las comunidades campesinas y de mineros artesanales, con el desarrollo de vías terciarias, escuelas, colegios, universidad, centros de salud, hospitales, agua potable, acueductos y alcantarillados, proyectos ganaderos, agropecuarios, ambientales, y de conectividad con internet; hay que poner en marcha el Distrito Minero para la región propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Piloto de la Reforma Agraria debería estar en el Bajo Cauca Antioqueño, con todos los recursos financieros, institucionales, comunitarios y políticos, para romperle el espinazo al paramilitarismo de los grandes narcotraficantes y de los grandes capitalistas de la minería ilegal, asegurando el acuerdo de la paz con el ELN, con la Segunda Marquetalia, y con el Comando Central de las FARC.
Las tres zonas para asegurar la gobernabilidad del Presidente Petro en el país son el Bajo Cauca Antioqueño, el Departamento de Cauca y Nariño y el Catatumbo en Santander; si se logra la paz con el ELN y con las dos versiones de las FARC en estas regiones, y además se da cumplimiento al Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, pues el movimiento popular y democrático estaría en condiciones para una nueva versión del Gobierno Petro y del Pacto Histórico en el 2026.
A la vista de elecciones para alcaldía y concejo, gobernación y asamblea, ya es hora de saber para dónde vamos; cuáles son las prioridades estratégicas del Gobierno del Cambio; cómo y con quiénes vamos acompañados; ya las fuerzas de la reacción han mostrado sus dientes con el paro minero y con el comportamiento de sus partidos frente a las reformas de salud, trabajo, pensiones; y con la reforma política que ya se hundió
Se van cerrando los espacios para el “Acuerdo Nacional” con los partidos tradicionales de la oligarquía dominante; ya no tenemos campo para las dudas y las vacilaciones: o empujamos las reformas con el movimiento de masas o nos hundimos en el conformismo y la resignación.
Por eso es vital la convocatoria de la Convención Nacional del Pacto Histórico para ver cómo se va a organizar el movimiento y cuáles son las tareas prioritarias del momento. Quedamos atentos a las decisiones de la Dirección Nacional.
