Desde antes de su nombramiento como ministro de transporte, Guillermo Reyes ya había sido denunciado por el plagio en dos ocasiones de un artículo de Juan Jaramillo.[1] Según Rodrigo Uprimny Yepes[2] el artículo plagiado es “Los órganos electorales supremos”: en 2004, en el libro “El nuevo orden político electoral en Colombia”, Reyes reprodujo páginas y páginas del artículo de 1998. Por lo menos unos 35 párrafos de ese artículo fueron reproducidos por Reyes y presentados como propios. En 2014 publicó el libro “Régimen electoral y partidos políticos”, en el que reproduce nuevamente como propias páginas enteras del artículo de Jaramillo.
La revista Semana denunció que Reyes también plagió su tesis doctoral en España.[3] Este capítulo del 2014 es, básicamente, una republicación del primer capítulo de su libro de 2004, “Tratado de Derecho Electoral”. Según la revista, también plagió la Corte Constitucional, copiando casi textualmente, tres párrafos de la sentencia C-55 de 1998. Son 338 palabras que Reyes no referencia ni cita en ninguna de las páginas en donde aparecen (607 y 608 de su libro de 2004). Además, usó 1472 palabras del concepto 917 de la Sala de Consulta del Consejo de Estado de 1996. Este concepto no aparece citado en la bibliografía final de su libro, ni referenciado en las páginas donde está la reproducción. Pareciera que Reyes, cuota del partido conservador, hubiera llegado al ministerio más por ser esposo de una gran amiga de Verónica Alcocer que por sus conocimientos. Por estas denuncias, más de 300 intelectuales le pidieron a Petro no nombrarlo ministro, pues con estos antecedentes no debería ser nombrado en ningún cargo público de un gobierno que se jacta de querer cambiar este país.
Irene Vélez, filósofa de profesión, fue nombrada ministra de minas y energía. No solo desconoce conceptos mínimos como el desenglobe de las reservas energéticas, sino que, en concepto de su exviceministra, no entendía los informes que sus asesores técnicos le elaboraban, uno de los cuales fue expuesto por Petro en un foro internacional dejándolo en una pésima situación. Es la autora de una genial exigencia en el Congreso Nacional Minero en Cartagena: “Nosotros necesitamos exigirles también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. De ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”. Son numerosas sus salidas en falso que le han ocasionado dos mociones de censura por parte de algunos congresistas.
Carolina Corcho, la prepotente ministra que entró a destruir lo construido en el sector salud, desconociendo los conceptos de expertos, desoyendo las críticas de algunos de sus compañeros de gabinete, incluso el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de revistas técnicas internacionales que catalogan nuestro sistema de salud como uno de los mejores del mundo.
De la vecindad del matrimonio Petro Alcocer se llevaron como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a Concha Baracaldo, polémico nombramiento por su falta de experiencia y conocimientos en temas de infancia y adolescencia. Según este pintoresco personaje la invitación la hizo Alcocer: “Yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada, y me dijo: ‘quieres venir a colaborar en el Instituto y trabajar’. Y yo dije sí”.[4] Lo curioso de esta situación es que mientras la designación fue hecha por la esposa de Petro, fue éste mismo el encargado de pedirle su renuncia como consecuencia de los pobres y nefastos resultados de su gestión frente al Instituto.
Susana Gómez más conocida con el alias de Susana Boreal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, aseguró consumir diariamente marihuana y que estaba en el Congreso para reivindicar el derecho al disfrute, al ocio y a la fiesta.[5] Además de marihuanera, en redes sociales se han viralizado varios testimonios de personas que trabajaron con la congresista y denunciaron que fueron víctimas de trabajo no remunerado ni reconocido, violencia psicológica y falsas promesas. Además, nombró a su novio Christian David Guzmán para integrar su unidad de Trabajo Legislativo (UTL) con un sueldo superior a los $9 millones pese a que no cuenta con un título ni profesional ni tecnológico que le acrediten para ese cargo y a que fue echado de la Universidad Nacional sede Medellín por su bajo rendimiento académico.
La lista es larga y se compone de funcionarios en embajadas, consulados, ministerios y directivos de entidades regionales y nacionales, pero quien en los últimos días se comportó como el más pintoresco funcionario del gobierno del cambio es el ministro del interior Alfonso Prada.
Este personaje, por llamarlo de alguna forma, tenía conocimiento de lo que iba a pasar en San Vicente del Caguán, pues desde el 2022 estaba cantado y no hizo nada para impedirlo. Desde noviembre se había alertado sobre la peligrosa conflictividad al punto que Prada reconoció, en una intervención en la Universidad Externado, que estaba ocurriendo una protesta social en Caquetá y calificó los mecanismos de ‘autoprotección’ de la recién constituida guardia campesina, como “maravillosos” y “hermosos”, sabiendo que ya para ese momento, una flota de camiones de la empresa Emerald Energy estaba inmovilizada, que la multinacional había detenido operaciones por causa de los bloqueos y que los gestos de violencia e intimidación contra sus empleados eran notorios. Los medios venían informando sobre este tema desde hacía por lo menos 40 días y, sin embargo, dejaron crecer el problema, como si nada.[6]
La violencia escaló al punto que mas de 700 campesinos e indígenas en una salvaje asonada retuvieron a 78 policías, los humillaron, los desarmaron y los trataron como a cerdos según lo manifestado por uno de los patrulleros retenidos. Uno de los policías, el subintendente Ricardo Monroy hijo de humildes campesinos fue degollado y murió desangrado frente a la mirada impotente de sus 77 compañeros, mientras el ministro del interior no daba la cara para tratar de defenderlos y liberarlos, omitiendo así su obligación constitucional de dar apoyo a los policías secuestrados. Una vez obligado a viajar a esa zona, sin ruborizarse calificó, con una desvergüenza ofensiva, como un simple “cerco humanitario” lo que en realidad se trató de la combinación de varios delitos orquestados de tiempo atrás en contra de la policía: secuestro, apropiación de bienes públicos, agresión a funcionarios públicos y asesinato.
Duele y ofende saber que frente al dolor de los policías secuestrados y de los campesinos familiares del policía asesinado, Prada se dedicó a maquillar las peores acciones de los peores criminales y su jefe, el presidente Petro, a frenar las fuerzas militares que estaban en su obligación de acudir en defensa y respaldo de los policías atacados y tratados como animales.
Ofende aún más saber que el dolor del presidente Petro, que constitucionalmente está obligado a defender la vida, honra y bienes de los colombianos, lo está orientado a los terroristas encarcelados por quema de CAIs, tortura de policías, destrucción de infraestructura pública y privada, entre otros delitos. La preocupación de Petro radica en que, según él, algunos de ellos están pensando en suicidarse por habérseles negado la libertad[7].
[1] Esto lo demostró en 2015 un detallado artículo de La Silla Vacía, llamado “Guillermo Reyes ¿plagiador en serie?”.
[2] Dejusticia. Los plagios de Guillermo Reyes. Rodrigo Uprimny Yepes.
[3] Lasillavacía. Cinco nuevos casos de plagio de Guillermo Reyes, Mintransporte de Petro. Agosto 19, 2022. María José Restrepo. Manuela Galvis. Daniel Pacheco
[4] https://diariocriterio.com/amigas-veronica-alcocer-con-contrato-gobierno/
[5] Revista Semana. Confidenciales. El sablazo de Roy Barreras a Susana Boreal por su consumo diario de marihuana.
[6] Eltiempo. Opinión. No fue un cerco humanitario. 07 de marzo 2023
[7] Revista Semana. Nación. Presidente Gustavo Petro asegura que hubo “tres intentos de suicidio” de presos de primera línea porque se les negó la libertad.
