En la edición del miércoles 24 de agosto, del diario El Espectador, el defensor del Pueblo, César Camargo, y el minInterior, Alfonso Prada, se refirieron a la violencia generada por la presencia de varios grupos guerrilleros y bandas armadas financiadas por el narcotráfico, minería ilegal y extorsión; más la lucha por la tierra en el departamento del Cauca, que enfrenta a indígenas que las ocuparon, los actuales propietarios legales, trabajadores de los ingenios movilizados por los patrones para que defiendan sus empleos, e integrantes de los Consejos Comunitarios de afrodescendientes que también reclaman las tierras en una zona donde son la mayoría de población.
“Nos preocupa el riesgo en el que se encuentran líderes, campesinos, y defensores del medio ambiente, además, el riesgo de niños, niñas y adolescentes ante la posibilidad de ser reclutados. Rechazamos las amenazas que reciben los habitantes de esta región, las cuales buscan presionar la ‘lealtad’ a los grupos ilegales en confrontación”, resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al respecto sobre una alerta temprana de los territorios del macizo caucano.
El minInterior, Alfonso Prada, expresó que en 14 días de gobierno van a completar cuatro visitas al Cauca; no obstante, “sentar en una mesa a todos los factores de violencia y actores del conflicto, no se hace de un día para otro después de años enteros de disputas entre campevsinos, indígenas, afros, y empresarios”, en defensa a la búsqueda de paz total. “El llamado en el Cauca es que depongamos tanto ánimo belicoso y acojamos la ruta del diálogo. No hay una manera diferente para salir de estos conflictos al diálogo social. Esto implica que duremos meses dialogando para definir las prioridades y resolver los problemas de la tierra”, indicó.
Duro chicharrón que enfrenta el recién posesionado gobierno, ante la oleada de ocupaciones de fincas ubicadas en la parte plana del norte del Cauca, desatada por comunidades indígenas que habiendo votado por el presidente Petro, -que anunció la aplicación de la Reforma Rural Integral- madrugaron a presionarlo para que se los adjudique legalmente, por encima del interés que sobre los mismos predios tengan Consejos Comunitarios de campesinos afrodescendientes del norte del Cauca, cercanos a la vicepresidenta Francia Márquez, y de los derechos legales de propiedad vigentes a favor de algunos ingenios azucareros asentados en la región y la mayoría pertenecientes a propietarios de pequeños y medianos predios que se los han arrendado para el cultivo de caña de azúcar.
Indígenas del CRIC, que asumen una posición radical, creen que sus derechos están por encima de los de los campesinos y Consejos comunitarios afros, por ser los primeros habitantes del continente, después que fue poblado por inmigración asiática que en la glaciación pasó por el estrecho de Behring.
Las comunidades afrodescendientes consideran que sobre el valle geográfico del Valle del Cauca, en el piedemonte de la cordillera central que atraviesa el norte del Cauca, también tienen derechos, después del cimarronaje, a partir del siglo XVII, cuando sus antepasados, traídos cautivos desde el Africa, escaparon de haciendas esclavistas poblando bosques vecinos a los ríos, y después, con la promesa de ser liberados, participaron en las guerras de la Independencia y civiles desarrolladas durante el siglo XIX y se hicieron propietarias de fincas, que hasta mediados del siglo XX estuvieron dedicadas a cultivos de cacao, plátano, maíz, yuca, fríjol, frutales y cría de ganado mayor y menor, antes de que llegaran los ingenios, compraran algunas fincas y alquilaran la mayoría, para promover el monocultivo de caña de azúcar, que transformó el variado ecosistema de la región.
La población que se concentró desde el campo a centros urbanos sin servicios públicos esenciales; la economía incorporada al llamado Cluster de la caña de azúcar, que tiene que ver con los ingenios azucareros, fábricas de dulces y alimentos y de papel a partir del bagazo de la caña; sin olvidar las más de 100 industrias de diversos sectores productivos, que acogiéndose a las ventajas tributarias de la Ley Páez, desde finales del siglo XX, instalaron sus fábricas en los parques industriales ubicados en Santander, Caloto, Villarrica, Guachené, Puerto Tejada y Miranda, generando en la región más de 30.000 empleos estables, entre directos e indirectos.
Paciente labor le espera al nuevo gobierno nacional, al gobernador del Cauca, alcaldes, la comisión de paz del Congreso, a los dirigentes indígenas, afrodescendientes, campesinos, los cultivadores de caña e industriales, así como a representantes de gremios de empresarios y comerciantes de la región, que mediante los diálogos regionales buscarán armonizar conflictos en el departamento, mientras el gobierno nacional, buscando alcanzar la paz total o duradera, involucrando a todos los actores del conflicto, intenta desmovilizar en todo el país y en el nororiente, sur oeste caucano y los municipios de la costa pacífica, a guerrillas y bandas criminales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el reclutamiento forzado y otros delitos y sin acudir a la persecución judicial de cultivadores y a la fumigación con glifosato de cultivos de coca, promoviendo además, la sustitución voluntaria de cultivos y ayudas para el desarrollo de otras actividades productivas.
También la vinculación legal de comunidades campesinas e indígenas a cultivos de marihuana para uso industrial, medicinal y recreativo y a nivel internacional la gestión para que cambie la política de criminalización de la lucha contra drogas como la cocaína, por el de la regulación del cultivo de la hoja de coca y su uso ancestral por parte de las comunidades indígenas que la tienen como alimento físico y espiritual, sin olvidar que gracias a sus altos componentes nutritivos la hoja de coca es usada como alimento en varias presentaciones gastronómicas y de repostería.
