No nos alcanzamos a explicar si es por el ambiente tan enrarecido que existe en el país que la posesión de Iván Duque como presidente de Colombia no despertó optimismo o entusiasmo en los más de 10 millones de votantes que lo eligieron ni en el resto de colombianos. Lo anterior pone en evidencia que su legitimidad está cuestionada, porque buena parte de los votos son el producto del constreñimiento al elector y al sufragio inducidos por medio del engaño, la mentira y la desinformación. Además, contribuye al desánimo de los ciudadanos el debate que se ha suscitado en torno a su personalidad y su falta de independencia para ejercer el cargo.
La controversia también ha girado en torno a si va a ser un mandadero o pelele de Uribe en la presidencia o va a trabajar con independencia. Sin embargo, lo que no han advertido muchos colombianos es que de manera agazapada van a gobernar realmente los dueños del poder. Me refiero a los gremios económicos y las multinacionales. Las agrupaciones financieras con su estela de corrupción se han abalanzado en algunas regiones del país sobre el poder local y sus presupuestos, aunque esta vez centraron toda su artillería pesada buscando controlar el gobierno nacional y a fe que lo lograron su propósito. Para descubrir tan macabra y perversa intención no hay que hacer mucho esfuerzo, basta con revisar la procedencia de los ministros y sus cercanos colaboradores para comprobar que el gobierno nacional ha sido privatizado y bogotanizado.
El gobierno de Duque no la va a tener fácil, a juzgar por los cambios que se van a experimentar en la forma de ejercer la oposición en Colombia y por el peso que va a tener el comportamiento del electorado, llevado a las urnas de manera fraudulenta en lo que se puede considerar como una gigantesca estafa electoral, habida cuenta que hubo constreñimiento al votante, y el voto inducido a través de la propaganda falaz y la mentira, producto de una matriz de propaganda mediática que se ha puesto en marcha a nivel internacional, llamando a conjurar el peligro del castrochavismo para que ningún país le dé por seguir el camino de Venezuela.
En México, por ejemplo, se utilizó esta propaganda contra Manuel López Obrador, pero los mexicanos que son más listos que nosotros los colombianos, por su cultura ancestral y su tradición política, mandaron a los propagandistas del imperio para el carajo y salieron a votar masivamente por el candidato progresista acusado de castrochavista y amigo de Venezuela. En respuesta a una pregunta de qué si convertiría a México en una Venezuela, López Obrador dijo no: “pero mucho menos convertiría a México en una Colombia”.
El método que al parecer se va a emplear para ejercer la oposición no es nuevo o novedoso, pero sí lo podemos considerar como trascendental en la coyuntura política que vive el país, y la agitación y movilización social que tiene lugar en naciones de nuestro continente que muy seguramente van a influenciar y a estimular la protesta social en Colombia.
Pasado ya el peligro del castrochavismo, aunque sus pregoneros no saben qué es ese embeleco, y seguros como están de que Colombia no se va a parecer a Venezuela, el presidente Duque tiene que empezar a gobernar buscando resolver los graves y agobiantes problemas que aquejan al país, tales como la pobreza extrema, el desempleo, los bajos salarios, la desnutrición infantil, el escaso presupuesto para la investigación científica, la cultura, la educación y el pésimo servicio de la salud, la inseguridad ciudadana y la corrupción. Sobre estos flagelos muy seguramente va a trabajar la oposición, poniendo en práctica un método que, insisto, no es nuevo o novedoso, pero sí muy efectivo, totalmente distinto a la oposición parlamentaria que hemos conocido en los últimos años, con muy contadas excepciones, enmarcadas en discursos, declaraciones y comunicados de prensa.
La que se perfila hoy es la que pudiéramos denominar como la lucha parlamentaria y extraparlamentaria. Esto es que muchos congresistas, incluyendo a Gustavo Petro, desarrollen a profundidad el experimento utilizado en la campaña electoral de llenar plazas públicas para colmar las calles y conseguir con la movilización lo que no se consigue en el Capitolio. En el mandato de Duque vamos a ver grupos de congresistas encabezando las movilizaciones para oponerse a las reformas del nuevo gobierno, que al juzgar por la composición de su gabinete serán todas contra el pueblo.
Este salto cualitativo que va a dar la oposición parlamentaria, sumado a la falta de gobernabilidad que va a tener Duque, a no ser que logre comprar a la mayoría de congresistas, está su precaria legitimidad por la escasa votación que depositaron los colombianos por él, la que se calcula entre 5 y 6 millones de votos, pues el resto se le atribuyen al enorme fraude que lograron montar con el sufragio inducido, producto del constreñimiento al elector que eligió por miedo y no por el programa del candidato. A diferencia de los más de 8 millones de votos que sacó Petro de personas que anhelan un real cambio para Colombia. Esto es un voto consciente que muy seguramente se va a movilizar en contra de la reforma pensional y la reforma tributaria.
El partido Centro Democrático utilizó el engaño, la mentira y en algunos casos, con la complicidad de algunos empresarios, que en uso del chantaje de la pérdida del puesto de trabajo si votaban por Petro, consiguieron el voto para el candidato de la ultraderecha. El voto inducido debería estar tipificado como delito grave electoral.
