Petro realizó un ejercicio de gobierno desde los territorios, llevando consigo a La Guajira a un buen número de ministros y funcionarios de alto nivel que tienen que ver con la realidad de esa rica pero empobrecida región de Colombia. Se realizaron múltiples encuentros con la población y dirigentes locales y regionales.
Allí se oficializó la emergencia económica, social y ecológica mediante el decreto 1085 de 2023 que tendrá vigencia por 30 días, se plantearon proyectos y acciones gubernamentales y anunciaron inversiones públicas para enfrentar problemas urgentes (agua potable, nutrición, consultas previas, educación) y se trazaron algunas tareas estratégicas de mediano plazo.
Igualmente, en ese contexto político se firmaron los decretos reglamentarios del Ministerio de Igualdad y Equidad que permiten formalizar, regular y poner en marcha el Ministerio de Igualdad y Equidad creado mediante la Ley 2281 de 2023, y se posesionó formalmente a la vicepresidenta Francia Márquez como la primera ministra de esa cartera.
En ese proceso se destrabaron las consultas previas con las comunidades wayuu para el proyecto Colectora que integra la producción de energías renovables de la región al Sistema Interconectado Nacional y el presidente Petro propuso el modelo de asociatividad con las comunidades para los proyectos de energías limpias (parques eólicos y solares).
Las acciones de “gobierno con el pueblo” y su relación con las elecciones locales y regionales
Son pasos muy importantes, concretos y viables, que hacen parte del programa de gobierno en cuanto a desarrollar un proceso de industrialización de nuevo tipo y cambiar la matriz energética para sustituir los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Así, se traza sobre la marcha una política que se constituye en un ejemplo para otras regiones en donde los sectores populares deben definir los proyectos que se corresponden con dichos objetivos.
El único aspecto que falta precisar e impulsar con determinación es el proceso de organización de las comunidades para que sean partícipes activas y ejecutoras de los proyectos e impidan que las élites políticas de la región se roben los recursos o desvíen los objetivos de las obras. Ese tema ha sido el talón de Aquiles en las experiencias de países vecinos en donde los gobiernos progresistas y de izquierda no han logrado impulsar un modelo productivo que supere lo existente.
Como lo plantea Atilio Borón en un extraordinario artículo, es en medio de ese proceso de empoderamiento de las comunidades que se debe impulsar la transformación político-cultural de nuestras gentes, que debe partir de una efectiva movilización popular (de “los de abajo”, las mujeres, los excluidos de siempre) que enfrente las costumbres y prácticas clientelares y politiqueras que son las que predominan en la región y en el país.
En ese sentido, se debe abrir un amplio e intenso debate dentro de las filas del Pacto Histórico y de las organizaciones sociales que apoyan al gobierno, para diseñar una verdadera actitud transformadora para enfrentar las elecciones locales y regionales en el contexto de que existe un “gobierno de cambio” y así, empezar a superar las prácticas electorales tradicionales.
Por lo que hemos visto (y parece que es lo que ocurre en todo el país), lo que predomina en este período preelectoral es la lucha entre los diversos componentes del Pacto Histórico por imponer sus candidatos (as). Está en pleno desarrollo (abierta o soterradamente) una confrontación sectaria entre los “históricos” (progresistas y de izquierda) y los políticos provenientes de los partidos tradicionales que se han sumado al proyecto que encabeza Petro.
Mientras tanto la población se pregunta qué hay de nuevo en dichas prácticas electoreras y politiqueras. En vez de unificarse en torno a un “programa de cambio” para enfrentar los problemas que sufren las comunidades por efecto de las políticas neoliberales que privatizaron los servicios públicos y convirtieron las ciudades en “nuevos mercados” de la movilidad y proyectos inmobiliarios, los dirigentes se “despedazan” públicamente por intereses personales y burocráticos, enviando un mensaje bastante negativo al “electorado”.
Y por lo visto, al predominar esa dinámica grupista y personalista, los dirigentes “históricos” del progresismo, de las izquierdas y de las organizaciones sociales en los diferentes municipios y departamentos, crean las condiciones para que se presenten dos fenómenos entrelazados y complementarios: la división interna y el triunfo de políticos tradicionales, ya sea que se camuflen dentro del Pacto Histórico o se vayan por aparte.
El ejercicio de gobierno realizado la semana anterior en el departamento de La Guajira, en lo que tiene que ver con las decisiones y propósitos, debe ser asimilado por los dirigentes progresistas, de izquierda y de las organizaciones sociales de las diferentes regiones. Allí se encuentra una orientación práctica para construir –dentro del marco de la política aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo– los programas de gobierno de alcaldes y gobernadores.
Ese esfuerzo de “gobernar con el pueblo” obliga a los dirigentes populares y las comunidades a enfrentar con una nueva mirada y actitud los problemas de la población y de las comunidades de cada localidad y región, que debe ser “impuesta” a los nuevos gobernantes locales y regionales.
Algunas propuestas para el Cauca
Dentro de la dinámica de aterrizar los ejes centrales del programa de gobierno de Petro y de convertirlos en proyectos viables y con base comunitaria, presento algunas propuestas que corresponden a la realidad de este departamento:
Industrialización de nuevo tipo de los principales productos agrícolas que ya producen miles de familias campesinas e indígenas caucanas:
- Apropiación colectiva, comunitaria y asociativa de la cadena productiva del café (orgánico y común) para quitarle la ganancia a las grandes transnacionales tostadoras (Starbucks, Nestlé, etc.) mediante una estrategia internacional para vender directamente nuestro café (y sus mezclas) en el mercado global;
- Industrialización de la caña panelera mediante una alianza asociativa con la Industria Licorera del Cauca para producir nuestro propio alcohol etílico (actualmente importado del Ecuador);
- Industrialización y procesamiento de la importante producción de frutas, cacao, cannabis sativa y coca, para comercializar y exportar directamente nuestros productos procesados;
- Canalizar los recursos económicos obtenidos de esos proyectos hacia la producción de alimentos para el mercado interno y externo, para construir seguridad y soberanía alimentaria.
Es importante precisar que los recursos económicos que se pueden obtener de esos proyectos productivos son muy superiores a cualquier transferencia que haga el Estado desde Bogotá y, además, generan empleo productivo para amplios sectores de la sociedad que es la única garantía (y condición) para construir paz, bienestar y justicia social.
Cambio de la matriz energética con base en los recursos hídricos y eólicos que existen en la región:
- Participación colectiva y comunitaria en las centrales eléctricas existentes en la región, incluyendo La Salvajina, para reorientar la forma como actualmente se manejan nuestros recursos hídricos;
- Explorar la posibilidad de construir “parques eólicos” a lo largo de los cañones de los numerosos ríos que bajan de la cordillera central (Ovejas, Piendamó, Cofre, Palacé, Cauca, etc.) hacia el peniplano de Popayán o Valle de Pubenza.
- Impulsar proyectos de energía solar individuales y colectivos a todo nivel, urbano y rural.
Nota: Aspiramos a que en las próximas semanas se consoliden los procesos de paz en curso con el ELN y el Estado Mayor Central (Farc) y ello tenga consecuencias en la percepción de inseguridad y violencia que los medios de comunicación han logrado imponer en la opinión pública. Es una problemática que afectará con mucha fuerza las elecciones locales y regionales de octubre de 2023, que, a su vez, serán una prueba de fuego para el futuro del gobierno progresista.
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