“Las buenas costumbres y no la Fuerza, son las columnas de las Leyes; y el ejercicio de la Justicia es el ejercicio de la Libertad” Simón Bolívar.
Todas las Instituciones gubernamentales en especial las Fuerzas Armadas, dentro del sistema democrático colombiano están obligadas a acatar los fallos judiciales, así produzcan en quiénes tienen que cumplirlos, cualquier sentimiento adverso de tipo Institucional o personal.
Por eso resulta muy sorprendente que la más alta dignidad policial del país, tenga que ser “regañado” por la Corte Constitucional, precisamente por negarse a cumplir las decisiones que en puro derecho, determinan las instancias judiciales.
El pasado 4 de agosto, el noticiero RCN, en su emisión del medio día, dio a conocer al país, un fallo de la Corte Constitucional donde se le ordenaba a la Policía Nacional, reintegrar al Coronel Pedro María León Valenzuela y otro oficial, quienes habían sido despedidos injustamente de la Institución y en un pronunciamiento histórico, ordena que dicho reintegro sea en el grado que actualmente le correspondería, es decir el de Brigadier General, sin importar los requisitos de ley que se piden para este ascenso.
El Coronel León afirma que cuando se le presentó al General Palomino este le contestó: “que no iba a cumplir ese fallo “y fue más allá al decir que, “si no me le arrodillo al Presidente de la República no me voy a arrodillar a los Magistrados”, de ser verdad esta triste y desafortunada reacción, dejaría muy mal parado a este reconocido General de la República.
Hay dos hechos que llaman la atención en torno a esta noticia, el primero es que ¿ Hasta cuándo Señor Ministro de Defensa, tendrán los oficiales y suboficiales, que entablar demandas contra el Estado por despedirlos bajo la figura obsoleta y simplista de la facultad discrecional, que nunca pueden sustentar jurídicamente? ¿Le quedó grande a las Fuerzas Armadas, encontrar un mecanismo objetivo, aplicar simplemente los reglamentos y no abusar del poder? esto seguirá pasando porque a nuestros Generales y Almirantes les puede más la soberbia y los intereses soterrados cuando de tomar decisiones con respecto a personal se trata, no despidan a sus servidores en forma arbitraria señores! Será que estaremos ante una nueva modalidad de víctimas del conflicto? Víctimas de las personas o el Estado a quien le sirvieron por tantos años y con tanto sacrificio?.
El segundo hecho que genera suspicacia, tiene que ver con la poca importancia que los medios de comunicación dispensan a estos sucesos de tipo judicial trascendente, ya que la noticia en forma muy extraña fue divulgada en el noticiero del medio día y no se volvió a emitir, desarrollarla como era lo más indicado, a diferencia de las otras que continúan su calcada y cansona repetición hasta las emisiones del día siguiente, cosa que no ocurrió con esta en particular; Habrá manipulación con esta clase de noticias? No se merece la distinguida audiencia nacional saber cuál es la defensa o réplica del General Palomino ante estas graves acusaciones de su antiguo subordinado? Estamos hablando de decisiones del ente judicial de mayor jerarquía como es la Corte Constitucional, y que según el mismo noticiero, no son casos aislados, ya que afirman en uno de sus apartes, tener evidencia de docenas de casos fallados en tal sentido que simplemente la Policía no quiere acatar; O será que solo los casos de políticos verbigracia caso Petro, ¿sí merecen todo el despliegue periodístico e investigativo que los colombianos conocieron?
La Corte Constitucional expresa en el fallo: “Por otra parte es menester recordar al Señor Comandante de la Policía que el cumplimiento de las decisiones que le imponen cargos u obligaciones, constituye una de las garantías Fundamentales del Estado Social de Derecho, pues comportan un imperativo de orden constitucional tendiente a la concreción del valor de la Justicia y a la materialización de los principios de buena fe y confianza legítimos” (el subrayado es mío).
No se pueden interpretar los fallos al acomodo de los funcionarios que representan las Instituciones, mucho menos desacatarlos ya que se pueden configurar causales de conductas penales o disciplinarias y atentan contra la buena fe de los Honorables Jueces y Magistrados, la única vía es controvertirlos con muy buenos argumentos que a mi parecer resultan bien escasos, por la falta de sustentación jurídica cuando se toman decisiones simplemente arbitrarias y con el corazón.
